Organismos de derechos humanos repudiaron el beneficio de prisión domiciliaria al represor, Luis Patti, ex oficial de la bonaerense, ex intendente de Escobar. Cumple cadena perpetua desde el 14 de abril de 2011 por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar. Su “carrera”, realizada en varias dependencias de la región, siempre estuvo manchada por hechos de violencia ilegal que eludía o no reconocía.

Las Abuelas de Plaza de Mayo repudiaron  “la decisión del juez del Tribunal Oral Federal de Rosario N°2, Omar Paulucci, que concedió que el genocida, Luis Abelardo Patti,  cumpla prisión domiciliaria dentro de una casa ubicada en el barrio privado “Septiembre Country Club” de la localidad de Escobar”.

Durante el desarrollo de los juicos a los que fue sometido, Patti varias veces utilizó argucias, focalizadas en “cuadros de salud”, para eludir ir a sentarse al banquillo de los acusados o poder concurrir “en camilla” o “silla de ruedas” para lograr ventajas judiciales o al menos lástima social, muy difícil de instalar con su prontuario.

Seguramente por esto en el comunicado de Abuelas se advierte que “Llamativamente, el juez Paulucci fundamentó su decisión en los trastornos que provocaría a Patti su traslado para ser atendido en establecimientos médicos fuera de la cárcel, traslados que deberá continuar realizando desde su nuevo domicilio de privilegio”.

Según información de carácter público, Patti se desempeñó, entre otros, en la Brigada de Investigaciones de San Martín, en la Dirección Cuerpos, en el Cuerpo de Caballería del Escuadrón San Isidro, en el Escuadrón de Caballería de La Matanza, en la U.R. San Martín, en la Comisaría 2º de Escobar, en la Comisaría 1º de Pilar.

Para la reconocida entidad de derechos humanos “el cuadro de salud que presenta Patti puede tratarse adecuadamente en el Hospital Penitenciario de Ezeiza y a través de la Dirección de Sanidad del Servicio Penitenciario Federal, como lo venía haciendo (…)”. También puso reparo en que vaya a un country club.

Así, explicaron que aunque “se dispuso incorporar a Patti al programa de “vigilancia electrónica”, no se ha ponderado el hecho de que el domicilio se encuentre en un barrio cerrado, lo que dificulta la realización de mayores medidas de control así como una respuesta rápida ante el quebrantamiento de los límites de la prisión domiciliaria”.

Además de rechazar el privilegio concedido a Patti, la entidad exigió “la protección de los testigos que han contribuido a que los responsables de delitos de lesa humanidad sean condenados. En este sentido reclamamos que se adopten medidas para garantizar que las prisiones domiciliarias no se transformen en una libertad encubierta”.

GC

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