El Concejo Deliberante de San Isidro tratará la adhesión de la intendencia a la ley provincial N° 14.449 de Acceso Justo al Hábitat, aprobada en 2012, pero motorizada recién a fines del gobierno anterior, en 2015. Entre sus principios sostiene el derecho a la ciudad y a la vivienda, la función social de la ciudad y la propiedad, y la gestión democrática de la ciudad. Las organizaciones populares la ven como un freno a la especulación inmobiliaria y al avance de barrios privados.

La Ley de Acceso Justo al Hábitat (L. 14.449); aprobada en la provincia en 2012, reglamentada en 2013, pero motorizada en la práctica recién en 2015, requiere de la adhesión de las intendencias para su vigencia. El Deliberativo de San Isidro la tratará en su sesión de hoy miércoles 15, difundieron movimientos sociales.

Según datos oficiales en San Isidro existen 11 conglomerados considerados villas y 4 asentamientos. Según fuentes del mercado inmobiliario el metro cuadrado de suelo está entre los más caros de la región. Desde 2015 las organizaciones barriales esperan que la intendencia adhiera a la ley y conforme el Consejo de Vivienda y Hábitat.

“Exigimos que se adhiera a la ley y se arme la Mesa de Gestión donde los barrios tenga voz en las decisiones que cambiarán el destino, para asegurarnos la vivienda y que esto no sea parte de la especulación inmobiliaria” difundió en un comunicado el espacio Patria Grande, dentro de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP).

Para los movimientos sociales la ley es “una conquista de los barrios, la organización y del trabajo que realizamos” y sostienen que con la adhesión “como vecinos y vecinas tendremos garantizado el uso y goce de la ciudad y la vivienda”. En esta línea recordaron una movilización local, a fines de abril último, de más de 800 vecinos para reclamar la adhesión.

Según informaron, la adhesión les permitirá gestionar: “a) un lugar adecuado para vivir en condiciones que favorezcan la integración plena a la vida urbana; b) acceder a equipamientos sociales, infraestructuras y los servicios; c) desenvolver apropiadamente las actividades sociales y económicas; y d) usufructuar de un hábitat culturalmente rico y diversificado”.

Un tema no menor para los movimientos es “la regularización de la titularidad de dichas viviendas”. En San Isidro el tema es clave a partir de las políticas explicitas de la intendencia, para beneficiar intereses inmobiliarios, y los reclamos contra el gobierno municipal por los manejos del Plan federal de viviendas para La Cava.

GC

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