Ante la decisión de la Comisión Nacional de Refugiados (CONARE), que revocó la condición de refugiado político de, Galvarino Apablaza, otorgada en 2010, los organismos de derechos humanos, entre ellos la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte rechazaron la resolución y advirtieron que viola la ley sobre reconocimiento y protección al refugiado (L. 26.165). Apablaza sufre persecución política por parte del gobierno chileno desde hace años, por su militancia en el Partido Comunista.

“Rechazamos la resolución tomada por la CONARE que revocó el estatus de refugiado político al Señor Galvarino Apablaza Guerra” señaló un comunicado de prensa el colectivo de organismos de derechos humanos donde informó que Apablaza está “sometido a una injusta e infundada persecución política” por parte del gobierno chileno.

Firmaron el comunicado la Comisión Memoria, Verdad y Justicia de Zona Norte; Asociación Abuelas de Plaza de Mayo; Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; H.I.J.O.S. Capital; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Asamblea Permanente Por los Derechos Humanos – APDH.

También la Asociación Buena Memoria; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz, y la Fundación Memoria Histórica y Social Argentina. Apablaza mantenía el estatus de refugiado político desde 2010 otorgado por el Estado argentino,  sobre la base de la L. 26.165, sobre Reconocimiento y Protección al Refugiado.

Los organismos firmantes, en el comunicado de prensa, destacaron además que la persecución al militante chileno, de filiación comunista, por parte del actual gobierno de su país, “afecta a su respecto el derecho al debido proceso y defensa en juicio, garantizado por el art. 18 de nuestra Constitución Nacional”.

“La resolución tomada por la CONARE –explicaron también- se convierte en un antecedente peligroso ya que significa abandonar la inveterada tradición de los gobiernos democráticos de nuestro país de ser tierra de paz y asilo para todas aquellas personas que son injustamente perseguidos en sus países de origen (…)”.

 Asimismo, advirtieron que la medida del gobierno argentino “da en el marco de una coordinación represiva con el Gobierno de la República de Chile que implica la intensificación de la represión de la protesta social y de los reclamos de tierras por parte de las comunidades mapuches en el sur de nuestro país”.

 En esta línea señalaron que “la ley 26.165 (Ley General sobre Reconocimiento y Protección al Refugiado) en su art. 13 establece que “una vez que una solicitud ha sido resuelta por la autoridad competente, la decisión adoptada no puede ser objeto de revisión a instancia de la misma autoridad”.

Y aunque reconocieron que “excepcionalmente” el organismo de aplicación de la ley “podrá revisar la condición de un refugiado reconocido en el país” esto solo corresponde “cuando tenga en su poder prueba suficiente que demuestre que el peticionante ocultó o falseó los hechos” que dieron lugar a su solicitud.  

“En consecuencia –para los organismos- la resolución tomada por la CONARE es violatoria de la ley argentina, ya que revoca arbitrariamente la firmeza de la condición de refugiado regulada por el artículo citado, y de los estándares internaciones de la ACNUR (agencia de la ONU para refugiados) sobre protección a refugiados políticos”.

GC

 

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