Es por los crímenes de lesa humanidad contra 24 trabajadores de la planta de Gral. Pacheco, en Tigre. Los acusados son Santiago Omar Riveros; Héctor Franciso Sibila, ex jefe de seguridad de la planta; y Pedro Muller, el ex gente de la firma. El juicio continúa hoy jueves, en el Tribunal Oral Federal N° 1, de San Martín (Pueyrredón 3728), a las 9,30. Las próximas audiencias serán el martes 20 de febrero y el jueves 8 y el martes 20 de marzo.

La causa Ford –caso testigo pues se juzga a civiles por delitos de lesa humanidad durante la última dictadura-  comenzó a fines de diciembre del año último  tras quince años de instrucción, es decir de investigación de los hechos hacia el juicio oral, en este caso por delitos contra 24 trabajadores de la planta de la automotriz en Gral. Pacheco (Tigre).

afiche difundido por la CMVJ Zona Norte
Flier difundido por la comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte

En rigor, informa en su sitio oficial el Centro de Estudios legales y Sociales (CELS), el juicio debió haber comenzado en 2014, pero “pero por los planteos dilatorios de las defensas, se postergó al 14 de marzo de 2017, que tampoco comenzó. Durante ese lapso falleció uno de los imputados, Guillermo Galarraga, ex gerente de relaciones laborales”.

 El juicio continúa hoy jueves 8, en el Tribunal Oral Federal N° 1, de San Martín (Pueyrredón 3728), a las 9,30. Las próximas audiencias serán el martes 20 de febrero y el jueves 8 y el martes 20 de marzo. El tribunal está integrado por los jueces Diego Berroetaveña, Mario Gambacorta y Osvaldo Facciano.

El organismo de derechos humanos informa también que durante la dictadura: “En distintas fábricas del país se combinaron los objetivos de las Fuerzas Armadas durante la dictadura cívico-militar con los de las empresas, para reprimir a los trabajadores y detener cualquier tipo de organización sindical”.

Pero además: “brindaron a los militares una serie de recursos materiales, listas de personas y, en casos como Ford, instalaron centros clandestinos de detención dentro de sus predios. Se trata de prácticas que estaban insertas dentro del esquema represivo de la dictadura y configuran por lo tanto delitos de lesa humanidad”.

Otro informe del CELS indica que “Se ha constatado la existencia de 37 víctimas del terrorismo de Estado que fueron trabajadores de la empresa Ford Motor, de General Pacheco. Asimismo se ha podido establecer que la represión estuvo particularmente centrada en la acción sobre el cuerpo de delegados”.

GC

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