Raquel Witis es una activista en la lucha por los derechos humanos y contra la violencia institucional –ella misma fue víctima; su hijo, Mariano, fue asesinado en 2000 por un policía que ayudado por la institución trató de simular un enfrentamiento que nunca existió-. El último 8 de mayo se recordó el Día Nacional contra la Violencia Institucional, declarado en memoria de la Masacre de Budge (1987). Esta entrevista sobre la violencia desde el Estado se realizó a principios de marzo último pero las reflexiones de Witis no han perdido vigencia.

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“Hay algo que no nos pueden quitar: la experiencia de lo vivido, y la utopía, saber que tenemos que luchar para resistirnos a la quita de derechos”

Es aceptado que el Estado tiene el monopolio de la violencia ¿Qué significa esto?                 El Estado tiene el monopolio de la violencia física legítima, pero no para utilizarlo de cualquier manera. Tiene límites, los cuales no puede traspasar, ni debe.  Para eso tiene normativas, protocolos de actuación. Todo esto está muy bien estipulado, porque… (piensa)…una cosa es perseguir el delito y otra cosa es abusar del uso del arma, excederse. El Estado tiene obligaciones y responsabilidades  respecto del cuidado de todos los habitantes dentro del territorio de la nación. No solo de los nacionales, es el cuidado de todos (lo enfatiza) los habitantes. El gran marco para el uso de esa violencia, para que sea legítima…está en las leyes. Nosotros tenemos nuestra Constitución. Y tenemos varios pactos y tratados constitucionales que limitan, por ejemplo, el uso de la fuerza de las policías y las fuerzas de seguridad.

Cuando se denuncia violencia institucional o estatal ¿Qué se está denunciando?     Se está denunciando el avasallar o limitar los derechos de las personas que habitan dentro de un determinado territorio. Y esas son violaciones a los derechos humanos. Porque el Estado tiene obligaciones que el ciudadano de a pié no tiene. O sea: el Estado tiene que proteger la integridad física y psicológica de todos los habitantes. Tiene que darles una vida digna a todos los habitantes. Hay determinadas conductas que si se ejercen son sancionadas porque así lo disponen las leyes; esos límites para el ciudadano de a pié, por ejemplo,  están en el código penal. Ahora bien, el Estado tiene obligaciones que debe cumplir, porque al firmar pactos y convenios internacionales él mismo ingresa y es parte del concierto de países que aceptaron el derecho internacional; que aceptaron estándares internacionales en cuanto a las obligaciones y responsabilidades que tiene un Estado para con la ley.

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“El Estado tiene la obligación de cuidar la vida”

El Estado tiene el monopolio de la violencia y los gobiernos usan ese atributo ¿Es diferente la violencia según el gobierno, más allá de la existencia de leyes, que son para cualquier gobierno constitucional?                    El uso de la fuerza por parte del Estado siempre es, en algunos momentos, mal ejercido por los gobiernos. El Estado debe permitir a los ciudadanos, a las personas, que se expresen y que disientan con alguna política llevada a cabo por un gobierno, o que expresen una necesidad, o protesten sobre un tema específico. El Estado no debe reprimir, esto está en nuestra Constitución, y es un derecho adquirido. Lo que tenía diferente la gestión anterior a la actual, es que uno tenía algunos lugares dónde concurrir cuando existían vulneraciones de estos derechos; había oficinas donde denunciar, podía hacer un seguimiento de la fuerza, tenía los protocolos, que si no se respetaban uno podía denunciarlo y buscar la sanción para los agentes que violaron los derechos.

¿Y el actual gobierno?                                                                                                                       Hoy con esta gestión, por un lado se incentiva desde los altos cargos al uso ilegal de la violencia, por otro lado, ya no hay más las oficinas. Las áreas  que estaban en los ministerios para denunciar; estos lugares con esta gestión fueron cerrados o desfinanciados, y muchas de esas personas, que tenían idoneidad para recibir los reclamos, por experiencia y conocimiento, fueron despedidos. Hoy por un lado tenemos el avasallamiento de los derechos por parte del Estado, cuando una persona seEn la región Witis interna manifiesta pacíficamente; y por otro lado, ante esa vulneración no tenemos adonde ir a denunciar. La misma comunidad y los organismos de derechos humanos han constituido grupos de abogados que, ante la vulneración de derechos, averiguan donde fueron detenidas las personas, verificar la integridad física. Actualmente estamos mucho peor que antes. Y sobre todo, cuando tenemos un país violento, no podemos esperar otra cosa que incrementar la violencia social. Hay sectores que apoyan y sostienen la violencia institucional, que piensan que defender el derecho a la propiedad está por encima del valor de la vida, y esto es lo que cuesta creer y duele, porque los bienes van y vuelven, pero la vida es única, y si se pierde es irrecuperable. Lo que debemos debatir en la sociedad es que la violencia engendra más violencia, y no resuelve los problemas.

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“Las prácticas de violaciones de derechos están. Por ejemplo, lo que quedó arraigado dentro de las instituciones policiales, penitenciarias, es la utilización de la tortura como método de investigación, de disciplinamiento y de control; la liberación de zonas; y la participación de algunos agentes en delitos”

El jefe de Gabinete, Marcos Peña, dijo que es erróneo establecer continuidad entre la policía dictatorial y en democracia ¿Cuál es su opinión sobre las policías?                         Las prácticas de violaciones de derechos están. Por ejemplo, lo que quedó arraigado dentro de las instituciones policiales, penitenciarias, es la utilización de la tortura como método de investigación, de disciplinamiento y de control; la liberación de zonas; y la participación de algunos agentes en delitos. Son secretos a voces, porque en los barrios muchos saben cuál es el patrullero que va a las “cocinas” a retirar droga, o dónde se pueden alquilar armas. Los malos tratos a las personas privadas de la libertad siguen. Esto no quiere decir que todos los policías estén involucrados en esas conductas.

¿Cómo es en otros países?                                                                                                      Luego del 11S en las torres gemelas (2001 EEUU), el tema de la seguridad habilita a utilizar procedimientos ilegales y tortura. Esto ocurrió en muchísimos países. Los EEUU tienen Guantánamo (base naval en Cuba, prisión militar norteamericana, donde la práctica de tortura es común). En nuestras cárceles muchas unidades han sido denunciadas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por el maltrato que reciben las personas privadas de libertad.  Porque una cosa es la sanción, que es la privación de la libertad, que debe ser en condiciones dignas.

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“Luego del 11S en las torres gemelas (2001 EEUU), el tema de la seguridad habilita a utilizar procedimientos ilegales y tortura”

El presidente de los EEUU propuso que se arme a los docentes ante los ataques de trastornados, o terroristas, en las escuelas…   Eso es terrible. Primero porque uno ve el valor que se le da a la vida ahí: ninguno. Y se incentiva el negocio de las armas, que EEUU siempre lo tuvo enquistado en sus instituciones. Lo terrible está en querer armar a los docentes. El docente está para enseñar, para preservar, para enseñar a cuidar el principal bien que tenemos: nuestra vida. Lo que marca esa idea es que esa sociedad está enferma. Y nuestra sociedad también tiene una parte enferma, sino no sostendríamos la violencia institucional, no diríamos que está bien que un policía mate por la espalda a alguien (caso Chocobar).

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, ha dicho que hay que invertir la carga de la prueba a favor de la policía ¿Es correcta esa apreciación?                                     No es legal. Porque  la Justicia está para dirimir en un conflicto, entre El Estado y una persona, cuáles fueron las responsabilidades de cada uno. El Estado tiene la obligación de cuidar la vida. Un policía puede usar el arma cuando ve que se pone en peligro su vida, o la de terceros. Aparte es preparado para saber cómo actuar ante situaciones de conflicto, tiene técnicas que puede aplicar antes de sacar el arma y tiene obligación de hacerlo. Entonces, lo que dice la ministra es una ilegalidad.

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El tema es no perder la esperanza, seguir debatiendo y denunciar la actitud de este gobierno (nacional), los ministros, que en realidad conforman una sola voz.

Ha trascendido que el Ejecutivo nacional, y el ministerio de Seguridad proponen involucrar al Ejercito en la seguridad interior…                                                                 Eso también, una de las propuestas que incluyeron el presidente de la Nación y la ministra Patricia Bullrich, con mucha liviandad, en realidad es otra ilegalidad. El Ejército tiene prohibido actuar en seguridad interior. Es decir, es algo que está prohibido por nuestras leyes. Y que se proponga esto preocupa. Preocupa que desde los más altos cargos se incentive la violencia desde esos lugares, porque si el gobierno es violento lo que hace es incentivar la violencia social en el territorio.

¿Qué ve hacia adelante?                                                                                                                        Si una vez pudimos hablar de “seguridad democrática”, si pudimos poner en jaque a la mano dura, si pudimos contra las leyes de punto final y obediencia debida, si pudimos legislar que las fuerzas armadas no pueden actuar en seguridad interior,  vamos a poder volver a una seguridad democrática. El tema es no perder la esperanza, seguir debatiendo y denunciar la actitud de este gobierno (nacional), los ministros, que en realidad conforman una sola voz. Porque hay algo que no nos pueden quitar: la experiencia de lo vivido, y la utopía, saber que tenemos que luchar   para resistirnos a la quita de derechos, y hacerlo con alegría. Los organismos de derechos humanos hace 40 años lo vienen haciendo, en nuestro país hay personas para esto.

Gustavo Camps

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