La Comisión Provincial por la Memoria volvió a reclamar, por enésima vez, la Policía Judicial, creada por ley, pero jamás activada; que no se siga encarcelando en comisarías, y la creación de fiscalías especializadas. Fue durante la presentación del, Informe Anual 2018. El sistema de la crueldad XII, sobre violencia institucional en la provincia, en el Senado bonaerense. La Red de Familiares Víctimas de Violencia Institucional de la CPM participó luego en un taller, en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de La Plata.
“La militarización del territorio no es seguridad para nadie” evaluó el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, al inaugurar la presentación del, Informe Anual 2018-El sistema de la crueldad XII, sobre violencia institucional en jurisdicción provincial, en su rol de presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Fue en el Senado bonaerense, la semana última, y participó activamente la Red de Familiares Víctimas de Violencia Institucional de la CPM, que reúne organizaciones regionales como Familiares de Detenidos y Liberados FADELI San Martín; Cooperativa Esperanza; y el Merendero “Los Pichoncitos”; conformados por liberados.
En rigor una multitud de referentes de organizaciones de la sociedad civil colmó el amplio salón de ingreso a la cámara alta bonaerense, en las calles 7 y 49, en La Plata. En la mesa de la CPM, además del sanisidrense P. Esquivel, estaban Roberto Cipriano García, el padre Pepe Di Paola, Víctor De Gennaro, entre muchos otros.
Estuvieron también Susana Méndez, Víctor Mendibil, Ana Barletta, Dora Barrancos, Yamila Zavala Rodríguez, Ernesto Alonso, Luis Lima, Carlos Sánchez Viamonte, la directora de la CPM, Sandra Raggio. Y Mariana Mota, presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos de Uruguay; y el ex detenido, Sergio Brito.
Justamente, Cipriano García leyó un duro resumen que reveló que la tortura en las cárceles de 2018 no es excepción sino sistemática -16.300 hechos de tortura o malos tratos en 2017- y no pasó por alto que “los jueces resuelven los casos con el “relato” de los miembros del Servicio Penitenciario”, es decir, de los propios victimarios.
También reveló casos de tuberculosis en lugares de encierro y evaluó que “la salud penitenciaria atraviesa una crisis”. Para las mujeres no es distinto. “Las mujeres se bañan con agua fría y a la vista de personal masculino” señaló; asimismo evaluó que “el sistema niega la situación de género” de las personas trans.
El referente no pasó por alto casos de jóvenes y niños en situación de encierro: la masacre de Pergamino -siete jóvenes en una comisaría murieron asfixiados en un incendio, encerrados por “efectivos”- o el asesinato de Federico Zalazar, en el Centro cerrado Virrey del Pino (La Matanza), del área de Niñez y Adolescencia bonaerense.
Sobre la represión a niños y jóvenes Cipriano García expuso a las municipalidades, pues dio cuenta de que, de los 135 municipios bonaerenses, solamente 40 conformaron los Consejos Locales de Niñez, que por ley, son los que deberían delinear políticas públicas para garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
“Estas graves condiciones de detención son la condición de posibilidad para la práctica de tortura, que se sigue ejerciendo de manera sistemática, en todos los lugares de encierro: Durante el año 2017 la CPM registró 16.300 hechos de torturas o tratos y penas crueles, inhumanos y degradantes”, resumió el referente de la CPM.
Y evaluó: “La actual gestión de gobierno asumió hace más de dos años, reconociendo la crisis en materia penitenciaria y de seguridad -hablaba de la gestión Vidal-, pero nada hizo para transformar la situación. Los datos del informe obligan a tomar medidas urgentes que reviertan la grave crisis humanitaria del sistema penal”.
Brito, fundador del merendero “Los Pichoncitos”, de San Martín, miembro de la Red de Familiares y Liberados de la CPM, no dio panorama mejor de los ex encarcelados. “La tan nombrada “reinserción” es casi imposible para nosotros” señaló y reveló que se debaten en la subsistencia. “La inseguridad se va a acabar con educación”, sostuvo.
Talleres
Luego de la presentación en el Senado, los participantes pasaron a la facultad de Derecho de la UNLP, donde realizaron talleres de gestión, organización y comunicación de colectivos de familiares y liberados. Hubo referentes de FADELI San Martín y CONAPO, de la Cooperativa Esperanza, y de otras muchas organizaciones.
Compartieron un panel Silvia Rosito y Cristina Gramajo -mamás de Fernando Latorre y Sergio Filiberto, respectivamente, dos de los jóvenes malogrados en la comisaría de Pergamino-; Sandra Gómez, mamá de Omar Cigarán, asesinado en 2013 por un policía que le armó una causa; Gustavo Segovia y Elvira Mezza, de FADELI San Martín, y de la Asociación Camino al Siglo XXI.
También Emilia Vasallo, mamá de Pablo Alcorta, otro jovencito fusilado por la policía; Noemí Santana, de la Cooperativa Esperanza, de ex encarcelados. Cada cual víctima, y familiar de una víctima de violencia institucional, que luchan para que no les ocurra a otros, lo que tuvieron y tienen que vivir ellos, cuando el Estado es cómplice.
La cooperativista Noemí destacó lo importante de organizarse para quienes, tras la situación de encierro, deben conseguir trabajo. “Vamos a transformar nuestro dolor en lucha, nos dijimos al comenzar a pedir justicia. Ninguno que se equivoca tiene que pasar por lo que pasaron nuestros hijos” explicó Cristina, la mamá de Sergio.
Durante la jornada se anunció que para el lunes 27 del actual, las organizaciones y colectivos de víctimas organizan la Marcha Nacional contra el Gatillo Fácil. Ese día, desde las 16, las organizaciones invitan a la comunidad a acompañarlos a recorrer el tramo entre el Congreso Nacional y la Plaza de Mayo.
Gustavo Camps