La cámara baja estudia un proyecto oficialista que modifica las leyes Argentina Digital y Argentina Satelital. El experto en comunicación social, Diego Rossi, docente de la UBA y ex titular del área comunicacional de la municipalidad de San Fernando, durante la gestión anterior, advierte que esa modificación ignora aspectos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) y profundiza las desigualdades comunicacionales y los privilegios de las corporaciones mediáticas.

Por Lic. Diego Rossi*

Diego Rossi

(Proyecto de “Ley de Fomento de Despliegue de Infraestructura y Competencia de Tecnologías de Información y las Comunicaciones” que impulsa el Gobierno)

Desde agosto, y al menos hasta setiembre, se tratará en Diputados un proyecto de ley que  ya obtuvo media sanción en Senado y que modifica a las Leyes Argentina Digital y Argentina Satelital, además de ignorar aspectos centrales de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) avanzando sobre aspectos preocupantes.

> Se presenta como “Ley de Infraestructuras y Competencia TIC” -por eso los oficialistas la llaman Ley Corta, asumiendo el incumplimiento de la promesa de Macri de enviar al Congreso una Ley Integral de Comunicaciones Convergentes-. Pero todos sabemos que el manejo de las redes de transmisión por las grandes telefónicas y cableras fusionadas y convergentes, condicionan la circulación de contenidos en todo el país.

ARSAT 2 FOETRA
Satélite ARSAT 2 íntegramente diseñado y construido por la empresa argentina INVAP, en otras épocas no muy lejanas, pero otras

Otros la llaman “Ley de las Telefónicas”, porque pretende habilitar la televisión satelital como parte del paquete de servicios que ofrezcan estas grandes empresas trasnacionales (Telefónica, Claro, Telecom-Cablevisión, DirectTV).

> El proyecto con media sanción tuvo cambios en Senado: se dispuso una entrada escalonada de la televisión satelital de acuerdo al tamaño de las ciudades para los años 2020, 2021 o 2022. Las empresas cableras medianas o pequeñas piden mayor plazo o que directamente se mantenga la prohibición de su entrada en general o al menos para poblaciones de menos de 100.000  habitantes.

De ser aprobado como viene, los sindicatos prevén la pérdida de más de 10 mil puestos de trabajo calificados, por la competencia desigual ante la TV satelital, y los pequeños empresarios alertan que peligran centenares de PyMes originadas en la televisión por cable (cableras, canales locales, productoras de contenidos, prestadoras de servicios asociados).

> El Gobierno (a través de este proyecto) quiere romper uno de los mandatos que tiene la empresa pública estatal ARSAT: sacar las frecuencias asignadas por Ley a ARSAT para una red de telefonía móvil mayorista y minorista, para dar más espectro de frecuencias a los grandes prestadores.

Comunicación derecho o bien del mercado
Comunicación ¿derecho de la ciudadanía o bien de mercado para pocos? (Foto UDESA)

En Senado, se logró destinar el 20% de ese paquete para prestadores regionales o locales, así podrían tener las frecuencias para dar también “cuádruple play” (telefonía fija, móvil, Internet y TV de pago). Pero se piden más previsiones porque esto llegaría tarde, sería escaso y avalaría el desguace de un 4° operador no comercial (similar a lo que le están haciendo a ARSAT satelital).

> Dicen que no regulan contenidos, pero el art. 11 del proyecto se preocupa de “garantizar condiciones de mercado” para la circulación y comercialización de productos audiovisuales. Las condiciones de mercado implican una definición de acceso, que también incumbe a las señales públicas. Mientras tanto, el ENACOM reglamentó parcialmente las obligaciones de cableras y satelitales de incluir en su grilla a los canales públicos, provinciales y regionales.

Comunicación derecho o bien del mercado 2
Rossi sobre el proyecto: “De ser aprobado como viene, los sindicatos prevén la pérdida de más de 10 mil puestos de trabajo calificados”

> Hace mucho más ruido lo que no quieren discutir ni cumplir:

– el Gobierno está incumpliendo la Ley de cuota de pantalla en TV y cine;

– INCAA, ENACOM y SMNP están subejecutando los fondos asignados para producciones audiovisuales;

– no quieren regular las plataformas digitales, tanto en cuota de pantalla como en tributación afectada a la producción nacional.

– Aunque hablan de Internet como Derecho Humano, tampoco quieren controlar o regular precios de la TV paga, de la telefonía ni de la conexión a Internet. Cada vez gastamos más por las comunicaciones: ignoran Tarifa Social para estos servicios cada vez más básicos.

> La Megafusión Telecom-Cablevisión es obligada referencia a la falsa competencia. Hasta Telefónica denuncia lo que todos sabemos: la autorizaron por resoluciones del ENACOM y de la Secretaría de Comercio, derivadas de aquel lamentable DNU 267 de diciembre de 2015, consagrando a la mayor empresa infocomunicacional de la historia argentina, habilitada al cuádruple play antes que al resto, entre otros privilegios.

Por estas razones, aún en contextos de baja institucionalidad republicana y poderes cooptados por intereses fácticos, debemos organizarnos y e incidir para que:

> No se apruebe la llamada Ley Corta en condiciones que siga profundizando las desigualdades comunicacionales y los privilegios de las grandes empresas operadoras cada vez más concentradas.

> Se repudie y suspenda la fusión Cablevisión-Telecom promovida y avalada por el Gobierno.

> Se debata integralmente el derecho a la comunicación de todos y todas las argentinas y los argentinos, sin avalar las máscaras de “convergencia de amigos” y los debates parciales que promueven los intereses comerciales más influyentes.

* Lic. en Comunicación Social (UBA), docente universitario, integrante de la Coalición por una Comunicación Democrática
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