La Red de Familiares Víctimas de Violencia Institucional de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) organizó una charla debate sobre la inclusión de personas privadas de libertad en el mundo laboral, al recuperar la libertad; el rol del Patronato de Liberados; y los alcances de la 14.301, de cupo laboral. Participaron el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García; el referente de la Red en San Martín, Gustavo Segovia; Oscar Cajal, ex detenido y microemprendedor de cueros; el titular de la Fundación Nuevo Concepto Penal, Damián Odetti; y el abogado, Nahuel Berguier, de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional.

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Odetti (izq.), de la asociación Nuevo Proyecto Penal propone trabajar las tierras improductivas

Con gran cantidad de jóvenes liberados, sus familiares y vecinos, la Red de Familiares Víctimas de Violencia Institucional de la CPM debatió sobre la problemática de inclusión de las personas privadas de libertad una vez que cumplieron sus penas y deben volver a la sociedad para ganarse el pan, mantener o ayudar a mantener a sus familias.

Durante la charla se analizó la ley de cupo laboral N° 14301 que determina que el 2% de los empleos provinciales, órganos descentralizados y empresas estatales debe guardarse para liberados; exime impositivamente a empleadores de ex convictos -50% de lo abonado en sueldos, como crédito de ARBA-; y otorga a los liberados prioridad como proveedores del Estado.

Participaron el secretario de la CPM, Roberto Cipriano García; el referente de la Red en San Martín, Gustavo Segovia; Oscar Cajal, ex detenido y microemprendedor de marroquinería; el titular de la Fundación Nuevo Concepto Penal, Damián Odetti; y el abogado, Nahuel Berguier, de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional.

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Cipriano García (CPM) y Segovia, de la RED (der.)

También se puso en el tapete el rol del Patronato de Liberados y su efectividad en la inclusión de los ex detenidos, sobre lo cual habló la presidenta del Colegio de Trabajadores Sociales de San Martín Mabel Serrano, con experiencia en el Patronato de este distrito. El salón Victoria Pueyrredón, de la Municipalidad de San Martín, se llenó completamente.

El debate

Cipriano García y Berguier describieron una situación crítica para las personas en conflicto con la ley, sin libertad y una vez que cumplieron su pena. “El sistema penal es clasista persigue a los más pobres. Las clases altas no están en la cárcel, no los persigue el sistema penal y si fueran privados de la libertad al salir no tendrían problemas laborales” señaló Berguier.

Para el abogado de la Campaña Nacional Contra la Violencia Institucional, la situación del liberado se agrava con la vigencia del Certificado de Antecedentes, que suelen pedir los empleadores privados, y sobre esto exhortó a “hacer reclamos legales para que deje de pedirse”. Como paliativo, consideró positiva las ley de cupos.

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Segovia, de la Red, habla con Oscar Cajal, microemprendedor de marroquinería Luk Cueros. Ambos conocen la cárcel desde adentro.

Cipriano García coincidió con Berguier sobre la ley de cupos pero advirtió que el requisito de que se hayan pasado no menos de cinco años encerrado, “es una barrera”. “Como herramienta no alcanza” evaluó y señaló: “solo le queda la autogestión” al liberado. También criticó el hecho de que la situación de abandono y crueldad, en las cárceles, impide la resocialización.

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Para el presidente de Nuevo Proyecto Penal la ley de cupo (L. 14301) es un paliativo, pero lo cierto es que los recursos del Estado son ajustados, y los planteles estatales están completos. Desde esta perspectiva valoró los proyectos productivos de la Fundación que apuntan a que el liberado se capacite en trabajar la tierra y acceda a tierras improductivas fuera de la urbe.

La trabajadora social Serrano describió la tarea de inserción social (capacitaciones, etc) en el Patronato de Liberados San Martín; y destacó que la experiencia los llevó a darse cuenta de que no es suficiente con recibir a los liberados ya en libertad, sino que se debe preparar la salida con al menos seis meses de antelación.

Segovia, de la Red en San Martín, agradeció al municipio “por comprender y asistirnos siempre en estas actividades”. Y definió el principal desafío como una disputa, por ejemplo, en la comunicación de lo, “invisible”, que le acontece al liberado, antes de serlo en la cárcel, y luego en el Patronato y en la sociedad cuando esta lo etiqueta. “Esta lucha es colectiva, y el objetivo debe ser que el Estado incluya y garantice los derechos”, explicó.

Gustavo Camps

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