La Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión consideró que “la responsabilidad penal juvenil “no puede centrarse solamente en la persecución estatal —a través del derecho penal“ y evaluó que el proyecto del gobierno nacional de apresar a niños, niñas y adolescentes en conflicto con la ley, en el actual contexto social y económico es solamente “demagogia punitiva” en un año electoral. La Comisión recordó que en la Argentina actual el 48% de los niños, niñas y adolescentes es pobre, según un estudio de UNICEF.

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Una consigna típica de las campañas que defienden a la niñez contra los avances del gobierno actual

Se sabe que el gobierno nacional, según lo difundió la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, busca bajar la edad de imputabilidad de los niños niñas y adolescentes en conflicto con la ley llevarla a 15 años, mediante un proyecto que ya ha sido rechazado socialmente desde hace al menos dos años, por diferentes organizaciones sociales y políticas.

Esta vez una de las organizaciones que volvió a tomar posición es la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, una entidad conformada por creyentes cristianos y religiosos -entre ellos el padre José María “Pepe” Di Paola, párroco en la localidad de JL Suárez, en San Martín-, mediante un comunicado donde advirtió lo negativo del proyecto del gobierno.

La Comisión, asimismo, está formada por las hermanas Yolanda Galka y Cecilia Lee, el hermano Daniel “Coco” Romanín; el presbítero Lorenzo “Toto” De Vedia, el doctor Gustavo Moreno, los laicos Gustavo Barreiro, María Elena Acosta, Ángela García Elorrio y Alberto Palacio, y el presbítero Carlos “Charly” Olivero.

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Una información de UNICEF: “El 48% de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina es pobre”

En un comunicado la entidad dio cuenta de que la oposición a que el gobierno, a través de la persecución estatal, criminalice a los niños, niñas y adolescentes no es algo nuevo, y recordó que en enero 2017 la Comisión Nacional de Pastoral de Adicciones y Drogadependencia dio su postura contraria cuando incluso se pretendía bajar a 14 años la edad de los chicos.

La intervención del gobierno, se sostenía entonces “no puede centrarse solamente en la persecución estatal —a través del derecho penal— de los adolescentes en conflicto con la ley penal, sino en cómo cumplir con toda la normativa internacional, nacional y provincial que garantiza derechos a todas las niñas, niños y adolescentes, sean infractores o no a la ley penal”.

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Bullrich, la ministra que promueve la criminalización de niñas, niños y adolescentes desde los 15 años

Crisis social

La Comisión de derechos humanos señaló que en el actual “contexto de crisis” se “acentúa el incumplimiento de las responsabilidades que el mundo adulto tiene sobre la juventud” y dio una información que no puede caracterizarse como parcial o teñida de tinte partidario: “El 48% de los niños, niñas y adolescentes en la Argentina es pobre” según un estudio de UNICEF”.

En esta línea la comisión describió una situación conocida del país actual: “La escuela, la vivienda y la salud están muy deterioradas, los espacios de promoción de las artes no pueden pagar la luz y cierran, los clubes se vuelven inaccesibles para los salarios que se ajustan, el desempleo crece mientras la capacidad de contención de la sociedad baja notoriamente”.

En este contexto social, razonó con buen criterio la Comisión, “Pensar la baja de la edad de punibilidad como respuesta a la seguridad ciudadana, al margen del contexto social, es demagogia punitiva, y significará profundizar en la sociedad los caminos de la violencia, convirtiendo a los adolescentes en enemigos sociales”.

Ante esta situación la comisión de derechos humanos hizo responsables “a los dirigentes, gobernantes, y comunicadores populistas, que dicen lo que la sociedad “bolsonarizada” quiere escuchar, aun a costa de sacrificar por unos votos la dignidad inalienable de nuestras y nuestros adolescentes” y se opuso “firmemente a cualquier intento de bajar la edad de la punibilidad”.

En el comunicado, que dio a conocer en estos días la Comisión de Derechos Humanos por la Inclusión, además, explicó que entiende “que la discusión sobre la responsabilidad penal juvenil está pendiente, pero que no puede darse en este marco de incumplimiento de los derechos sociales”.

Gustavo Camps

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