¿Los bloques de Cambiemos y del Frente Renovador protegen a un procesado por delitos de lesa humanidad? Ayer martes a la mañana, difundió la Comisión Provincial de la Memoria, en un comunicado de prensa, el Jurado de enjuiciamiento de magistrados y funcionarios dispuso verificar si la inasistencia de miembros, a la segunda audiencia convocada para analizar el accionar de Fabián Fernández Garello, corresponde a circunstancias debidamente justificadas

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El edificio de la CPM, en La Plata (en la calle 54), donde funcionó hasta 1998 la Dirección de Inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires (DIPBA)

El Fiscal General de Mar del Plata, Fabián Fernández Garello, está procesado por crímenes de lesa humanidad por el Juzgado y la Cámara Federal de San Martín. La resolución del Jurado advierte que, de no lograrse el quórum necesario para celebrar la próxima audiencia, podrá sancionar a los legisladores que no cumplan con sus obligaciones, con multas de hasta una dieta (sueldo de un mes), suspensiones y reemplazos.

El viernes último el tribunal de enjuiciamiento que debía tratar la apertura del juicio político no sesionó por falta de quórum. Un vez más, los legisladores de Cambiemos -el diputado Santiago Andrés Nardelli y el senador Juan Pablo Allan- y del Frente Renovador –los diputados Jorge Alberto D’Onofrio y Lisandro Emilio Bonelli- protegieron al fiscal procesado por crímenes de lesa humanidad, informaron desde la CPM, al ausentarse y no dar quorum para la sesión.

La situación de Fernández Garello, informó la CPM, se agravó el lunes 25, con el fallo de la Cámara Federal de San Martín, que confirmó el procesamiento dictado en primera instancia por crímenes de lesa humanidad, a raíz de su participación en el secuestro y tortura de tres militantes comunistas en 1981, mientras se desempeñaba como agente de la Dirección de Inteligencia de la Policía bonaerense (DIPPBA) durante la última dictadura.

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El fiscal Fernández Garello

La resolución judicial, especificó el organismo provincial de derechos humanos, lo dejó a un paso del juicio oral y público. Ante las ausencias de los integrantes del jury, el jurado presente recordó que el ejercicio de la función es una carga pública que no pueden eludir los legisladores. Era el segundo intento para que se concrete el juicio político y los legisladores de Cambiemos y el Frente Renovador se ausentaron en ambas ocasiones.

A los legisladores, asimismo, se sumaron los representantes del Colegio de Abogados de la Provincia, el Dr. Horacio Enrique Hernández y el Dr. Horacio Alberto Vero. Solo el presidente del Jurado y presidente de la Suprema Corte provincial, Eduardo de Lazzari, y los abogados Carlos Zimmermann y Leandro Matilla se hicieron presentes en la audiencia. El legislador Avelino Zurro, de Unidad Ciudadana, fue recusado por el fiscal.

Es muy raro que se ausenten sin un propósito, en las legislaturas existen más las causalidades que las casualidades, y si no dieron quorum es para proteger al fiscal acusado. Los ausentes, así las cosas, deberán justificar las faltas por situaciones excepcionales, conforme lo previsto en la ley 13.661, si no lo hacen serán sancionados como se explicó más arriba, y a los abogados podrán removerlos y pedir suspensiones en el ejercicio profesional de hasta un año.

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El Senado provincial donde debe funcionar el Jury (Foto Senado Buenos Aires)

La CPM, que encabeza, Adolfo Pérez Esquivel, reveló que "no es la primera muestra de protección política" que recibe el acusado, pese a los graves crímenes por los que se lo procesa. En noviembre de 2017 el jurado, con otra composición y la presidencia de la jueza de la Suprema Corte provincial Dra. Hilda Kogan, se reunió y archivó el trámite sin abrir la investigación". Pero hubo más para hacer que se mantenga impune.

En esta línea el organismo agregó que es setiembre último, con Garello ya procesado, el primer llamado al Jury "no contó con quórum"; lo mismo pasó en la audiencia del viernes último. En todos los casos, destacó la CPM, "las ausencias de los legisladores de Cambiemos y el Frente Renovador fueron determinantes para garantizar su impunidad. También la defensa asumida por el procurador general de la Provincia, Dr. Julio Conte Grand".

El juicio político del fiscal fue solicitado por la CPM junto a Abuelas de Plaza de Mayo, CELS, Madres Línea Fundadora, Liga Argentina por los DDDHH, APDH Nacional, Asociación Judicial Bonaerense y la Federación Judicial Argentina. En una denuncia posterior por otro caso, se sumaron el SERPAJ, la Comisión de Familiares y Amigos de Ana María Martinez, Familiares de Detenidos Desaparecidos y Víctimas del Terrorismo de Estado del centro y sur de la PBA, ATE Nación y PBA, la CTA Autónoma y residentes paraguayos en la Argentina, enumeraron desde la CPM.

GC