Los defensores generales de los departamentos judiciales provinciales le solicitarán al gobernador bonaerense la conmutación de penas "con la mayor brevedad" para personas privadas de su libertad, que durante este año cumplan con sus condenas; o que tengan condenas firmes que no excedan los cinco años de prisión, que estén en condiciones de salir en libertad condicional este año. El pedido se funda en el hacinamiento de los lugares de detención, la pandemia de la COVID-19, y la tensión generalizada -presos, Servicio Penitenciario, Poder Judicial- que se genera por la situación.

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El hacinamiento en las cárceles empeora los riesgos de contagio

En una nota que hoy miércoles le llegará al gobernador kicillof -según fuentes de organizaciones que reúnen a familiares de personas privadas de la libertad y profesionales de la ley-, firmada por la mayoría de los defensores generales de los departamentos judiciales bonaerenses, se le pedirá formalmente que conmute la pena de personas privadas de la libertad que este año deban quedar libres o estén en condiciones de pedir libertad condicional.

En principio encabezan el pedido los defensores y defensoras generales de los departamentos judiciales de San Martín; Moreno-Gral. Rodríguez; Zarate-Campana; Quilmes, La Matanza; Mercedes, La Plata, San Nicolás, Azul, Dolores, Trenque Lauquen, Necochea y Mar del Plata. El pedido, según se indica en la presentación, se funda en las facultades que le otorga al gobernador bonaerense el artículo 144, inciso 4, de la Constitución provincial.

El pedido de conmutación de los defensores generales, incluye a "1. Las personas privadas de libertad (PPL) condenadas por sentencia firme con fecha de agotamiento de pena durante el año en curso" y "2.Las personas privadas de libertad condenadas por sentencia firme a penas que no excedan de los cinco años de prisión y que durante el año en curso hayan cumplido o cumplan el requisito temporal para acceder a la libertad condicional".

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Los defensores generales proponen liberar a quienes durante este año cumplan con sus condenas; o con delitos leves que estén en condiciones de salir en libertad condicional este año (Foto CPM).

Los fundamentos del pedido se explican por tres vertientes. La primera señala que "la situación de hacinamiento en las prisiones y comisarías de la provincia, como es reconocido hoy por todos los operadores del sistema penal, ha alcanzado la dimensión de una verdadera crisis humanitaria", y cita documentos del Tribunal de casación Penal bonaerense (RC 2301/2018) de octubre 2020, donde habla textualmente de la situación de crisis.

El segundo argumento se refiere específicamente a la pandemia por el coronavirus y revela que "El peligro para la vida e integridad física que el hacinamiento por sus efectos genera tanto para las PPL, como para las personas que trabajan y/o ingresan a las cárceles por otros motivos -también harto conocido e innegable- se ve seriamente agravado y se extiende a toda la comunidad ante la propagación de la COVID-19".

El tercer argumento se refiere al tiempo transcurrido. Sostiene que "El tiempo se agota: el registro del contagio de una PPL y de cinco trabajadores penitenciarios indica que el tiempo para disponer medidas en forma racional y ordenada se está agotando"; y señala que "Es necesaria (...) una urgente reducción de la población carcelaria a fin de garantizar la salud y la vida" de quienes deben seguir encarcelados, trabajadores penitenciarios y comunidad.

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Hoy miércoles el pedido llegará a la Gobernación (Foto CPM)

El escrito de los defensores también advierte: "Los recursos psíquicos de todos los operadores que tienen relación directa con la cuestión (Servicio Penitenciario y Poder Judicial) están al límite por la tensión y estrés que la cuestión viene generando: los juzgados de ejecución están colapsados; los defensores públicos recibimos cientos de pedidos diarios de PPL y organizaciones de DDHH (derechos humanos) (...)".

En el pedido, los defensores generales también revelan que "Los operadores del Servicio Penitenciario y de salud penitenciaria no dan abasto a responder los requerimientos que se generan". Según las fuentes, los jueces de ejecución penal "han hecho oídos sordos" a recomendaciones de la Corte Suprema y la Cámara de Casación provincial, de la Procuración y del propio ministerio provincial de Justicia, para descomprimir las cárceles.

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El pedido se funda en el hacinamiento y la tensión generalizada -presos, Servicio Penitenciario, Poder Judicial- por la situación (Foto CPM)

Frente a la pandemia, informó la Comisión Provincial por la Memoria, el Tribunal de Casación bonaerense otorgó arresto domiciliario a personas detenidas por delitos leves y en situación de riesgo por edad o patologías preexistentes, y a mujeres embarazadas o madres con hijos menores alojados en las unidades penitenciarias. Para el caso de grupos de riesgo con delitos graves, deberán ser analizados por cada Juzgado o Tribunal.

Según las fuentes se liberaron en concreto a 300 PPL desde que se inició la pandemia y se requieren muchas más liberaciones, que los jueces no concretan. Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la ONU han recomendado que se tomen medidas con las personas privadas de libertad en relación a la COVID-19 y países de la región realizaron indultos selectivos, arrestos domiciliarios y otras medidas para descomprimir las cárceles.

Gustavo Camps