Con el inconfundible título, Bajen las Armas, organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales de la región denuncian una escalada de violencia institucional, que en la pandemia se exacerbó, y aunque la describe como "problemas estructurales" la focaliza dentro "del accionar de las fuerzas de seguridad y la policía" y solicita "el control ciudadano" sobre esas fuerzas, y piden formar parte de las Mesas de Coordinación local que propone el ministerio de Seguridad bonaerense.

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La Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte, sindicatos, otros organismos de derechos humanos y oganizaciones de la sociedad civil hicieron público un documento que adviete sobre la violencia institucional en la pandemia

Durante la pandemia, a los muertos que día a día informa el reporte sanitario sobre la COVID-19, se sumaron las muertes de jóvenes que, en todos los casos, se toparon con la policía bonaerense, como victimas directas de una represión ilegal comprobada, o en escenarios que los ubicaban en patrulleros o con agentes policiales, al morir o desaparecer. .

La pandemia empezó el 20 de marzo y al menos tres casos resonantes -Facundo Castro, Raúl Dávila, Lucas Verón- dan cuenta de esta situación, no nueva en rigor, pero ostentosa en el aislamiento. Nada más escuchar el registro desde la CORREPI (Coordinadora contra la represión policial e institucional) que recopiló 61 casos de violencia institucional desde el 20M.

En este contexto más de una decena de organismos de derechos humanos de la región, y áreas de derechos humanos de sindicatos y organizaciones de víctimas, tras describir la situación preocupante exhortaron a que el gobierno establezca urgentemente "una agendas pública de acciones en materia de prevención y erradicación de la violencia institucional" (leer aquí).

El joven Facundo Castro (22), una de las víctimas de la violencia

Necesidad imperiosa

Firman la petición la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte; las áreas de derechos humanos de los sindicatos SUTEBA Vicente López, San Fernando y San Isidro,; judiciales de la AJB San Isidro; la central CTA San Isidro y Zona Norte; DULP Asociación de docentes de la Universidad de La Plata; las asociaciones Miguel Bru y Ezequiel Demonty; Madres en Lucha y Merenderos Madres en lucha Contra la Violencia Institucional La Boca; y el Movimiento Mayo Zona Norte.

Los firmantes explican claramente " (...)nos convoca la imperiosa necesidad de poner término a la violencia institucional que no cesa de producir heridas, tratamientos crueles, inhumanos y degradantes y en última instancia muertes.(...) La cuarentena permitió visibilizar problemas estructurales en el accionar policial de larga data, esas prácticas de violación de derechos que en los últimos cuatro años no hicieron más que agravarse".

Luego describen: "Retenciones y detenciones arbitrarias, irrupción violenta en los domicilios, golpizas, hostigamiento, violaciones, torturas, amenazas, heridas de bala, simulacros de fusilamiento y ejecuciones (...)" y no pasan por alto que son "ejercidas sobre personas y grupos de personas que suelen pertenecer a una determinada condición socioeconómica, edad, género, identidad sexual, sobre todo en los jóvenes de sectores populares".

Raúl Dávila (22) y Lucas Nahuel Verón (18). Eran jóvenes. Para la Policía bonaerense eso parece ser una amenaza

Situación grave

Y tras destacar que la situación se agrava por el "alto grado de vulnerabilidad en este escenario pandémico" sostienen que "las acciones de control" del aislamiento, por parte de la ciudadanía, "necesitan la definición de protocolos de conocimiento público que prioricen el resguardo de la convivencia democrática y de un Estado garante de los Derechos Humanos, de la integridad física, psicológica y la vida de los habitantes".

Los firmantes apoyan el documento del Consejo Federal de las Secretarias de DDHH de la Nación (16/7/2020), firmado por las provincias, que plantea que "la solución de esta problemática es posible con decisión política" que visibilice el problema, sancione administrativa y judicialmente a los/as responsables; concientice a los habitantes sobre sus derechos; y ponga en funcionamiento los mecanismos locales de prevención de la tortura.

Rosa Schonfeld de Bru, la mamá de Miguel Bru, otro joven vícitima de la policía en 1999. La asociación Miguel Bru es otra de las entidades que suscribió el documento de organismos de derechos humanos, sindicatos y organizaciones sociales

Además agregan: "difundiendo líneas de denuncias de estos hechos desde el propio Estado; teniendo un control político, judicial y ciudadano de sus acciones. Reformular la formación de las fuerzas de seguridad, junto con los programas de estudio". Y reclaman: "un Poder Judicial que avance en el esclarecimiento de los casos, y en el juicio y castigo de los/as responsables" tras advertir que "lo que no se sanciona se repite".

Los firmantes aclaran, finalmente: "no dejamos de advertir que encontramos en el actual gobierno provincial un interlocutor que considera, valora y actúa a partir de principios democráticos y de respeto a los derechos humanos"; y en esta línea "reafirmamos nuestro petitorio diciendo: Nunca más un arma del Estado en manos de alguien que no es idóneo. El costo es inmenso".

Gustavo Camps