En una comunicación pública por redes sociales digitales, a modo de solicitada,  un amplio colectivo de familiares y víctimas de delitos contra la vida, la integridad sexual y los derechos humanos expresaron si beneplácito porque el Congreso debata la reforma judicial. Los firmantes, además, piden que se profundice y amplíe la participación de las víctimas como querellantes en el proceso judicial; asimismo, que el Estado garantice el pleno cumplimiento del patrocinio gratuito.

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Todos pasaron por la experiencia de recorrer los tribunales en busca de justicia

Martín Castellucci fue asesinado por patovicas en una disco. Y Mariano Witis fue víctima del gatillo fácil policial. Natalia Mellman fue violada y asesinada. Candela Rodríguez fue secuestrada y asesinada. A Isaías Aranda lo asesinó una patota; a Rodrigo Susevich lo mataron en la calle. Estos son seis casos, pero hay muchos más

Un amplio colectivo de familiares de víctimas de delitos muy distintos, empañados todos por la muerte, firmó una suerte de solicitada virtual (porque se publicó en las redes digitales) para avalar la reforma judicial. Saben bien cada uno de estos familiares, casi un centenar, lo que es caminar los tribunales en busca de justicia.

La dura experiencia de la vida les enseñó a conocer de leyes, sentencias, jueces y juzgados. Entonces pueden decir que los une lo que establece la Ley N° 27.372, que, aunque no lo hace en la práctica, o lo hace por excepción, debiera reconocer y garantizar los derechos de víctimas de delitos contra la vida y los derechos humanos.

En la foto Alicia Soria, mamá de Rodrigo Susevich; y Sabina Sotelo, mamá de Victor Manuel Vital. A Rodrigo lo asesinaron en Vicente López; y a Víctor en San Fernando

El pronunciamiento

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“La idea –explica Oscar Castellucci, papá de Martín, que coordina las adhesiones- es que un grupo de familiares víctimas de delitos contra la vida y la integridad sexual nos expresemos públicamente, desde nuestra mirada de la vida (determinada por este lugar en el que no elegimos estar), respecto del debate sobre la reforma judicial”.

En la solicitada los firmantes explican que la tragedia “nos obligó a transitar durante años el laberinto del Poder Judicial, con resultados diversos (algunas veces obtuvimos algo de justicia, otras veces, poco; y muchas, nada). Aunque también revelan que nunca bajaron los brazos y muchos de ellos acompañaron a otras víctimas.

En esa línea, en la solicitada dan testimonio de que saben perfectamente cómo (no) funciona la justicia, pues “fuimos protagonistas primero, y testigos después, de un sinfín de inequidades en el ámbito judicial. Y aprendimos, duramente, en ese camino, a ser solidarios; que el odio solo sirve para destruir y nunca para construir”.

Rosa Schönfeld, mamá de Miguel Bru. El joven desapareció en 1993, después de ser detenido y torturado por la policia bonaerense en La Plata (Foto Asoc. Civil Miguel Bru)

En el pedido las víctimas enfatizan que “no queríamos ni mano dura, ni mano blanda, sino Justicia; que la “justicia por mano propia”, no era justicia, sino venganza; y que nadie tiene derecho para decidir sobre la vida de otro. Y revelan que aprendieron que “los derechos humanos deben ser plenos, para todos”, y no solo para los cercanos.

Debate imprescindible

Así, las víctimas afirman que “apoyamos la realización del imprescindible debate parlamentario sobre la Reforma al Poder Judicial, en la dirección del proyecto planteado por el Poder Ejecutivo Nacional”.  Y luego expresan la convicción de que, tras la experiencia de sufrirla, buscan una Justicia más humana, transparente y ágil. 

Desde el sufrimiento y la fuerza que da la lucha, las víctimas -porque hay que decir que como familiares y allegados de quienes perdieron la vida a manos de otros, ellos lo son- se expiden, asimismo, por una Justicia “más comprometida con los derechos de las víctimas y con perspectiva de género. Es decir, de una Justicia más justa”.

Facundo fue chocado y abandonado en Salta. Su papá Miguel Torres es otro de los firmantes del apoyo al debate por la reforma judicial

Hacia el final los firmantes resumen lo que quieren en dos puntos. Primero, la “Profundización y ampliación de la ineludible participación de las víctimas como querellantes en el proceso judicial”. Luego piden “la creación de un organismo estatal que garantice el pleno cumplimiento del patrocinio gratuito”.

Este último pedido “para todas las víctimas de delitos contra la vida y la integridad sexual de las personas, sin delegarlo en ninguna otra institución, de modo que víctimas y victimarios queden en pie de igualdad ante la Ley.  Para que sea Justicia, para todos y con mayúscula”. Luego vienen las firmas de familiares y allegados.

Gustavo Camps