Un informe de la Gremial de Abogados y Abogadas, una asociación de profesionales solidaria, que fue convocada por las organizaciones sociales vinculadas a la toma de tierras de Guernica para defender el desalojo, da cuenta de que , la represión y la no solución del problema de vivienda fueron consecuencia de los intereses políticos de la intendencia de Presidente Perón; de la Justicia que no repara en el bien común, así como de la propias organizaciones sociales al ser intransigentes y de la gobernación que no convenció con sus propuestas.

La infanteria policial preparada para actual (Foto Télam)

Un informe de la Asociación de Abogados y Abogadas que fue convocada por las organizaciones sociales vinculadas con la toma de tierras en Guernica, en Presidente  Perón, da cuenta de que todos los actores institucionales, políticos y jurídicos  de la toma,  se perdieron en sus propias miopías e intereses, con el resultado conocido.

La gremial no es una organización partidaria, o con fines políticos partidarios. Nació en los ´70 para defender a los colegas que eran reprimidos por defender causas sociales. Tampoco es de lucha sino de solidaridad. Entre sus asociados tiene abogados que militan en partidos,  pero la entidad no pertenece ni apoya a ninguno en particular. 

La gremial comenzó a representar a las organizaciones vinculadas a la toma –no a familias o personas en las tierras, aclaró- cuando el Juez de Garantías de Cañuelas, Martín Rizzo, ordenó el desalojo –pospuesto en dos oportunidades-, a cargo del fiscal, Juan Cruz Condomí Alcorta, y sus colegas, Lisandro Damonte y Marcelo Romero.

Duras negociaciones

La zona del gazebo, donde se tomaban decisiones

Según consignaron distintos medios de comunicación entre las organizaciones están el Polo Obrero (Partido Obrero); el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Socia MULCS; Barrios de Pié; Libres del Sur; Teresa Vive; el Frente de Organizaciones en Lucha; el Movimiento Socialista de los Trabajadores MST

También el Movimiento de Trabajadores Desocupados Anibal Verón; y el Frente Popular Darío Santillán, entre otros. La mayoría de estas organizaciones tenía presencia real en el barrio a través de ocupantes, pero había otras que operaban desde afuera, consignó la Gremial de Abogados y Abogadas en su informe.  

Esto fue hace alrededor de cuatro meses. Durante casi tres meses la Gremial tuvo duras negociaciones con la intendenta, Blanca Cantero; con distintos funcionarios provinciales. También realizó diversas presentaciones en la Justicia de la jurisdicción, y en organismos internacionales, con diferentes resultados

El informe de la Gremial destacó que tras las gestiones de rigor, y cuando ya solamente debían esperarse decisiones, y habían podido acercar a sus representados y a los gobiernos municipal y provincial, decidieron retirarse, y dejar que acuerden; sin embargo las partes les pidieron a ellos que sigan como mediadores.  

Primera propuesta

El logo de la Gremial, una asociación que nació para defender a profesionales perseguidos por causas sociales

El informe, difundido en un audio, explicó que en lo jurídico trabajaron en dos frentes, en el fuero penal sobre el desalojo en sí; y el infantil para la protección de los derechos de los niños y niñas involucrados. La gremial planteó propuestas, y acercó posiciones, en un contexto donde era menester entender y respetar las distintas líneas políticas.

Hicieron presentaciones en el juzgado correspondiente a la causa; también en un fuero contencioso administrativo de La Plata; pero además en sedes internacionales, una medida cautelar en la Corte interamericana de Derechos Humanos, de la OEA; y otra presentación ante el Comité internacional por los Derechos del Niño (ONU).

El informe sostiene que la Gremial elaboró una propuesta técnica, con un geógrafo y técnicos y profesionales; muy trabajada. Las tierras estaban “en comprobable estado de abandono desde hace décadas” y “en débil situación de titularidad dominial” evaluaron en una presentación que las caracterizó como un “inmueble urbano baldío”.

El ministerio de Desarrollo de la Comunidad se acercó a las tierras y a las familias

Medios nacionales informaron que quien reclama la propiedad de las tierras es la empresa inmobiliaria El Bellaco SA, que construye barrios privados en la zona. Gervasio Pérez Pesado, de esa firma, es uno de los cuatro interesados que denunciaron la ocupación de tierras, vecinas al barrio Country & Club San Cirano.

La propuesta solicitaba que el Estado declare las tierras “de utilidad social” en el marco del artículo 12 de la Ley de Acceso al Hábitat 14.449. Las familias estaban dispuestas a pagar un precio justo y en cuotas razonables por los lotes; “los vecinos (ocupantes) mostraron conformidad” con esta propuesta, señaló el informe.

Sin margen

Sin embargo la propuesta fue rechazada por el fiscal, Condomí Alcorta, abiertamente y sin medias tintas. “Yo reprimo, los saco a todos. Tengo todo arreglado” escucharon decir al fiscal. Ya tenía hasta las ambulancias listas para los heridos que pudieran surgir si había resistencia al desalojo planificado, consignó el informe de la Gremial.

El ministro Larroque y la intendenta Cantero

Este dato no es menor y revela la posición de la intendencia. El informe señala que a la Gremial: “La intendenta nos dijo en la cara: esos fiscales son míos. Yo saque a los anteriores y los puse”.  En esta línea también reveló que la intendenta Cantero “desde el primer día hizo lo que dijo claramente, que iba a privilegiar los 18 countries”.

Según el informe, no obstante, el gobierno provincial, no la Justicia, aceptó discutir la propuesta –aclararon que fue una aceptación para discutirla, no es que la aceptaron tal cual-. Fue el ministerio de Desarrollo de la Comunidad, que además pidió la última prórroga de desalojo, del 15-10 al 30-10, para tratar la propuesta de hizo la Gremial

En este marco el ministerio propuso el retiro de las familias, un censo y “discutir en 5 o 6 meses dónde pueden ir”. El informe deja ver que para ese lapso el ministerio no propone nada. También revela que esa proposición, en esas condiciones, fue rechaza de plano por las organizaciones y los delegados de las tierras tomadas.  

La Gremial de Abogados y Abogadas, ante esta situación, propuso que el gobierno provincial, en esos cinco o seis meses, disponga de un lugar temporario, otras tierras mientras encontraba el predio preciso para ubicar a las familias; una suerte de espacio temporario con baños químicos, carpas, camiones cocina, mercaderías.

Final anunciado

El martes el gobierno bonaerense había planteado el retiro por sector (foto Télam)

Según el informe el gobierno ofrecía lugares más chicos de los que se necesitaban para el caudal de gente. Allí nuevamente la discusión fue muy ardua. El martes 27, el gobierno planteó el retiro por sector.  Las tierras están divididas en cuatro sectores: La Lucha, La Unión –donde había el mayor consenso- 20 de Junio; y San Martín.

Esta propuesta se llevó a cada sector para que lo decida en asambleas. La Unión aprobó por mayoría retirarse. Y hubo otras tres asambleas. Paralelamente el fiscal Condomí Alcorta, volvió a decir “si yo no tengo una señal concreta desalojo y se acabó la historia”. Quedaban tres días como máximo para tomar las decisiones.

Anoche (miércoles), reveló la Gremial,  se suponía que se firmaban los acuerdos para los retiros voluntarios de los cuatro sectores, y con esto se eludían el desalojo y la represión. Los funcionarios del ministerio estaban a las 23 para firmar los acuerdos, también los observadores del CELS y el SERPAJ. Pero no llegó nadie de las organizaciones.

El informe de la Gremial no deja pasar que entre las organizaciones sociales no hay una visión única, por el contrario, había una división muy grande, tanto entre los cuatro sectores internamente, como  también entre las siete u ocho organizaciones que llevaban la voz. Lo demás se supo hoy jueves a la mañana muy temprano.

Gustavo Camps