La situación surge de una resolución, impulsada por el bloque de Juntos por Cambio en el Deliberativo local, que solicita al Ejecutivo que evalúe la compra. El proyecto 219/20 fue aprobado el 10-12, informaron fuentes del Deliberativo. La inquietud es porque esas armas –construidas con la lógica de la picana eléctrica- son desaconsejadas hasta por organismos internacionales. El uso se considera un método de tortura. Se pronunciaron la Comisión de Derechos Humanos Padre Pancho Soares; la diputada bonaerense, Roxana López; y SUTEBA Tigre, entre otros.

Después de casi medio siglo de golpes de Estado en la Argentina, términos como “tortura” o “picana eléctrica” no necesitan demasiadas explicaciones. Se sabe quiénes secuestraban, torturaban, quienes usaban las picanas y para qué. De hecho varios de esos asesinos –no todos- fueron acusados en democracia y purgan condenas.

Por eso, el proyecto de resolución 219/20, impulsado por Juntos por el Cambio en el Deliberativo de Tigre, que le solicita al Ejecutivo que evalúe la compra de pistolas Táser, hizo reaccionar a organismos de derechos humanos; de la sociedad civil  y legisladoras/es; por lo extemporáneo de la iniciativa.

En una comunicación que la Comisión de Derechos Humanos Padre Pancho Soares difundió hoy lunes se advierte: “Es inadmisible que un arma que es lisa y llanamente una picana eléctrica; que ha sido cuestionada en diversos ámbitos (…) por haber considerado su uso como método de tortura; sea propuesta por una institución de la democracia”.  

Prevención y políticas de inclusión

"Señores/as Ediles la inseguridad y el delito no se combaten con supuestas soluciones punitivas" exhortaron desde la Comisión de DDHH Padre Pancho Soares

La comisión tigrense, por caso, enumera, entre los organismos internacionales que vetan el uso de las Táser, al Comité contra las Torturas de la ONU; el Consejo de Derechos Humanos de la ONU; Amnistía Internacional “y por los más representativos Organismos de Derechos Humanos de nuestro país”.

La Comisión le exhorta a los concejales tigrenses: “Señores/as Ediles la inseguridad y el delito no se combaten con supuestas soluciones punitivas; y con más represión. Sobre todo en el actual contexto en el que se viene registrando un significativo aumento de la violencia institucional. Sino con prevención y políticas de inclusión social”.

En la misma línea crítica, la diputada bonaerense Roxana López consideró que la compra de pistolas Táser no soluciona “ningún problema concreto de inseguridad”. Para la legisladora tigrense “Juntos por el Cambio, a través del concejal Segundo Cernadas, propone la compra (…) de forma demagógica e irresponsable”.

Doctrina Chocobar

Diputada López: "Los defensores de la ‘Doctrina Chocobar’ ahora quieren hacernos creer que con las Táser se resuelven los problemas de inseguridad”

 López también explicó que “Como es habitual, el macrismo se monta en una problemática compleja como la de la seguridad ciudadana para lanzar iniciativas que en la práctica ni siquiera se pueden implementar”. Y señaló: “Los defensores de la ‘Doctrina Chocobar’ ahora quieren hacernos creer que con las Táser se resuelven los problemas de inseguridad”.

El policía, Luis Chocobar el 8-12-2017, mató a un ladrón en fuga, en la CABA. Chocobar le disparó desde atrás, sin que el ladrón opusiera resistencia ni lo atacara a él. Por el hecho el ex presidente Macri lo calificó como “héroe”. Así nació la “doctrina Chocobar”. Actualmente Chocobar es juzgado por la Justicia.

López, que preside la comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados bonaerense sostuvo sobre las Táser: “pueden considerarse elementos de tortura y, a través de su uso, no se solucionaría ningún problema concreto relacionado con la inseguridad. No nos tenemos que dejar llevar por los discursos simplistas”.

La legisladora tigrense, además, dio un dato clave sobre la decisión de que la comuna compre armas: “Hay que dejar bien en claro que los efectivos policiales que se desempeñan en Tigre forman parte de una fuerza de seguridad provincial. Y que es el gobierno provincial el que tiene la potestad de definir estas cuestiones”, explicó.

Así recordó que meses atrás, intendentes de comunas gobernadas por el macrismo -Vicente López, Tres de Febrero, Lanús y La Plata- hicieron público su interés por comprar las pistolas. Pero entonces, el ministro de Seguridad provincial, Sergio Berni, aclaró que los intendentes no tienen jurisdicción para disponer sobre el uso de estas armas.

Gatillo fácil

La cartera de Seguridad nacional, que conduce Sabina Frederic, derogó hace un año el protocolo para el uso de estas pistolas, recordó la diputada tigrense, Roxana López

Por otra parte recordó que la cartera de Seguridad nacional, que conduce Sabina Frederic, derogó hace un año el protocolo para el uso de estas pistolas, aprobado por la exministra Bullrich. E informó que el Comité contra la Tortura de la ONU advirtió a los Estados que permiten las Táser que deberían considerar renunciar a su uso.

En un informe, reveló López, el Comité internacional destacó su preocupación “porque el uso de estas armas provoca un dolor intenso, constituye una forma de tortura y, en algunos casos, puede incluso causar la muerte". Así como advirtió por las “consecuencias para el estado físico y mental de las personas contra las que se utilizan”.

También el concejal del Frente de Todos, Francisco Rosso, sostuvo que “el pedido de compra de estas pistolas muestra el desconocimiento que Juntos por el Cambio tiene de los problemas de inseguridad” en el distrito y se manifestó a favor de “fortalecer las políticas de inclusión y seguridad social para prevenir el delito”.

Desde el Sindicato de docentes SUTEBA Tigre, además, consideraron que “si hablamos de seguridad, deber ser dentro del estricto cumplimiento de las garantías constitucionales, cuidando la integridad de toda la ciudadanía. Pues no podemos distraernos de los casos de violencia policial que ocurren en nuestros barrios”.

La entidad enfatizó: “menos aún en un año dónde en la provincia de Buenos Aires se sucedieron más de 50 casos de gatillo fácil. Con el agravante del caso de Facundo Castro, que se suma a los 170 en todo el país, demostrando una política de reforzamiento represivo hacia la juventud y los sectores populares”.

Gustavo Camps