Al inaugurar el año legislativo el Presidente anunció que presentará ante la Justicia una causa para que se investigue la deuda externa contraída por la gestión Macri. En ese contexto el doctor Prado, en esta nota, recuerda que en marzo 2001 escribió un artículo para la reconocida revista Abogados, sobre un fallo que ese año dictó un juez para la causa “Olmos Alejandro s/denuncia contra Martínez de Hoz y otros sobre endeudamiento”. Esa causa también pretendía que se investigue la oscura deuda externa, contraída durante los años de la dictadura cívico militar. El tiempo pasa pero las circunstancias y los actores sociales se repiten, propone Prado.   

Por Juan José Prado*

En marzo de 2001 escribía un artículo   -Revista “Abogados” año 6 nro.53-  comentando un fallo histórico sobre la Causa 14.467 “Olmos Alejandro s/denuncia contra Martínez de Hoz y otros sobre endeudamiento”. Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro.2 a cargo del Dr. Jorge Ballestero, Sec.4 de la Capital Federal, de fecha 13 de julio del año 2000, que señalaba:

“Estamos de rodillas, porque… la deuda externa de la nación ha resultado groseramente incrementada a partir de 1976; mediante la instrumentación de una política económica vulgar y agraviante que puso de rodillas al país a través de los diversos métodos utilizados…que tendían entre otras cosas a beneficiar y sostener empresas y negocios privados –nacionales y extranjeros- en desmedro de sociedades y empresas del Estado que, a través de una política dirigida, se fueron empobreciendo día a día, todo lo cual inclusive, se vio reflejado en los valores obtenidos al momento de las privatizaciones. 

En efecto, debe recordarse que el país fue puesto desde el año 1976 bajo la voluntad de acreedores externos; y en aquellas negociaciones participaron activamente funcionarios del Fondo Monetario Internacional, con lo cual apreciaría de buen grado una nueva asistencia que mejorara sustancialmente la actual posición económica que luce el país, dando así razón a su controvertida existencia…”

Alejandro Olmos falleció el 24 de abril de 2001. Con enjundia patriótica, en soledad,  promovió en 1983 aquella denuncia. La sentencia inerme (sin efectividad alguna), de 267 páginas, dictada por el Juez Ballestero en el año 2.000, instrumenta la impunidad de los autores materiales del saqueo del patrimonio nacional; iniciado y llevado a cabo a partir de 1976.

La sentencia se ocupa en el análisis del período 1976 a 1983 pero aporta más

La sentencia se ocupa en el análisis del período 1976 a 1983. Pero trata de sus efectos posteriores cuando menciona que “(…) los valores obtenidos al momento de iniciarse las privatizaciones” en 1989, eran con cifras de 1976-1983. Fue la instrumentación de una política económica agraviante que puso de rodillas al país. La cual se repetirá, calcada, entre 2015 y 2019 con la gestión Macri.

Alejandro Olmos Gaona (izq.) visibilizó en todos los escenarios que pudo la investigación y la causa judicial sobre la deuda externa elaborada por su padre, Alejandro Olmos (der., de barba)

Es de resaltar que la prueba producida por Olmos abunda en pericias, testimonios y pruebas documentales. No podemos dejar de decir, además, que la política de Martínez de Hoz –esto pone en evidencia la causa Olmos- constituye un monumento a la corrupción. Pero también de sometimiento del Poder Judicial. Pues mediante la dilación de los procesos y la prescripción (imposibilidad de sanción por el paso del tiempo), garantizó la impunidad de los que usurparon las instituciones políticas. El botín de guerra fue el país.

La sentencia de marras, no obstante, descorre el velo del propósito ideológico de la Doctrina de la Seguridad Nacional. Esto es “poner de rodillas al país”. Fue menester para ello, producir miles de desaparecidos; bastardear las instituciones políticas; suprimir la inteligencia y crear un estado colectivo de miedo, en la sociedad argentina. El propósito fue el vaciamiento del poder político y transferirlo a los centros hegemónicos de concentración financiera, para que usurpen el patrimonio nacional.

Pone en descubierto la participación activa del orden establecido

Además pone en descubierto la participación activa del orden establecido, y de los que usurparon el poder, en el manejo económico financiero. Y como bien dice la sentencia “…ha quedado evidenciado en el trasuntar de la causa la manifiesta arbitrariedad con que se conducían los máximos responsables políticos y económicos de la Nación en aquellos periodos analizados…”. Y pone en evidencia la participación de la sociedad civil; que no ha sido juzgada y goza del beneficio de la impunidad, lograda por el quehacer de los socios engarzados en el poder judicial.

Una política nefasta que primero necesitó golpes de Estado y muertes, luego logró llegar con los votos

Merece un análisis extenso y meditado aquel fallo judicial que tiene el mérito de certificar lo que muchos hemos afirmado cuando comenzó el remate de nuestro patrimonio en 1989. Constituye por su génesis un instrumento que debe ser conocido por la ciudadanía.  Más allá de ser una frustración para los que consideramos que la verdad debe ir acompañada por la justicia de una sentencia dinámica y no inerme como la de Ballesteros comentada.

A veinte años de aquel artículo, en 2021 el presidente de la Nación, Alberto Fernández, impulsa desde las instituciones del Estado, esta vez, accionar contra quienes entre 2015 y 2019 (como entre 1976 y 1983) comprometieron el patrimonio nacional. La necesidad de revisar la deuda externa contraída irresponsablemente.

Rendir cuentas

Los que lavaron dinero endeudando el país, la violación del patrimonio nacional cometido en los cuatro años de quienes repitieron la conducta del saqueo. Los que transfirieron suculentas ganancias a los poderes concentrados. Los responsables con nombre y apellido deben rendir cuentas. Muchos de ellos también participaron en el saqueo nacional en la última dictadura cívico militar entre 1976 y 1983 y luego en 1989.

Revisemos los nombres y encontraremos a muchos de aquellos.  Esos que se pasean horondos por la calles en libertad, incluso en la pandemia,  mofándose de la ciudadanía empobrecida y comprometida para cumplir con los pagos de la deuda del Estado.  Esos personajes siniestros, delincuente de guante blanco deben rendir cuentas por esa deuda por ellos contraídas.

Todos juntos debemos apoyar la determinación del “Nunca Más”  a la deuda externa mal habida. “Nunca Más” impunidad a los que saquean el patrimonio nacional para beneficio propio y de sus empresas. “Nunca más".

*Abogado. Ex presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires. Miembro de la Mesa Directiva de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos)