Alineado con los argumentos de Juntos por el Cambio, el intendente de San Isidro Gustavo Posse informó sobre la marcha del amparo judicial que referentes,  intendentes y otros grupos opositores al gobierno nacional interpusieron en la Justicia, para eludir la disposición de prevención sanitaria que limita por un lapso las clases presenciales; para disminuir la circulación viral, y con ellos contagios, uso de recursos sanitarios y muertes por COVID-19.

El municipio espera la decisión de la Corte Suprema de Justicia

En un zoom con padres, docentes y representantes de escuelas públicas municipales y privadas, el intendente Posse detalló la marcha de la acción judicial que encabeza la oposición; para eludir el DNU del gobierno que limita las clases presenciales, una de las medidas sanitarias para paliar la segunda ola de contagios de COVID-19.

Durante un Zoom, el lunes último, el intendente de San Isidro informó que la medida pasó por distintas instancias; y llegó a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Y que se espera el fallo del máximo tribunal. Participaron también funcionarios de las áreas de Educación; Salud; Legal y Técnica; y hasta de Tránsito.

En una comunicación municipal se enfatizó que los participantes dialogaron con el intendente. Y además, pudieron realizar todo tipo de consultas.  “No se planteó una rebeldía. Porque desde un primer momento se acataron las restricciones en el distrito”, aclaró el intendente en una de sus primeras intervenciones.

Como se sabe, a nivel internacional inclusive, el debate sobre si es o no conveniente evitar la presencialidad en las escuelas, cuando los contagios por COVID-19 arrecian, no está zanjado. Pero, obviamente, la medida es útil para evitar la movilidad social que implica el llevar y traer a los chicos y chicas de las escuelas.

Tribunal superior

La oposición al gobierno se montó sobre este debate, y dado que el gobierno optó por restringir temporalmente la presencialidad, optaron por la contraria. Así recurrieron a la Justicia; pero los analistas políticos observan que el tribunal superior no se expedirá con prontitud para dejar que el ámbito natural, que es el político, resuelva el entuerto.

En una comunicación oficial de San Isidro, destacaron que “está demostrado con evidencia científica que el índice de contagiosidad en las escuelas es muy bajo con el sistema de burbujas y protocolos”. Pero desde el gobierno explican que más que bajar los contagios en escuelas, se busca limitar la movilidad social durante la segunda ola.

El intendente Posse, del lado de la oposición,  también manifestó su preocupación “por los efectos que puede causar la interrupción de las clases presenciales como el deterioro de la salud física y emocional de los estudiantes, el incremento de las desigualdades educativas y la pérdida de aprendizajes”.

Desde el municipio sostienen que el DNU nacional es “irracional” y “genera mayor prejuicio que el daño que pretende evitar. Las experiencias de apertura escolar no se correlacionan con un aumento de infectados”, aseguraron. Y reconocieron que la medida del gobierno nacional intenta disminuir la circulación viral.

Ante cualquier inquietud, los vecinos y vecinas interesados se pueden contactar por correo electrónico  a: direcciongeneraldeeducacion@sanisidro.gov.ar

Estado judicial del amparo*

Previo a que el Gobierno publique el DNU que prohibía la circulación de 20 a 6, y suspendía las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires, Posse  declaró la educación como “un servicio público esencial en San Isidro” (decreto 521/2021).

Al publicarse el decreto presidencial, el municipio junto con padres de alumnos de distintas escuelas del distrito, en representación de la comunidad educativa de San Isidro que promueve la presencialidad, presentó un amparo en la Justicia Federal de San Martín para sostener la presencialidad.

Luego, tras la adhesión del gobierno bonaerense a la suspensión de la presencialidad, se amplió la demanda a la Provincia. Desde el área de Legales del municipio informaron que el amparo pasó por la justicia federal, local y provincial, pero todos se declararon incompetentes. Por lo que el municipio tuvo que acudir a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

*Fuente: municipio de San Isidro