Es un servicio que realizan empleados judiciales de las oficinas de Mandamientos y Notificaciones; y de los Juzgados de Paz. La Suprema Corte de Justicia bonaerense quiere contratar a empresas de correo y abogados para que también notifiquen. Desde la Asociación Judicial Bonaerense AJB consideran la operación es la privatización del servicio. Y denunciaron que los trabajadores del sector reclaman desde hace muchos años, más presupuesto y mejores condiciones de trabajo.

Desde la AJB evaluaron que la ley dispone quienes deben llevar las notificaciones

Las oficinas de Mandamientos y Notificaciones y los oficiales de Justicia y notificadores de los Juzgados de Paz tienen la función de entregar notificaciones; o formalizar diligencias judiciales. El artículo 135 del Código Procesal Civil y Comercial bonaerense confiere esa función a esos funcionarios públicos; y no a otros.

No obstante, la AJB denunció públicamente que la Suprema Corte de Justicia bonaerense tiene un proyecto para que esas funciones también las realicen el correo (privado o concesionado); y abogados matriculados. Para la entidad sindical se trata lisa y llanamente de privatizar ese servicio, que además es indelegable por ley.

Desde la AJB rechazaron lo que consideran “la privatización del trabajo que realizan las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones; y los Oficiales de Justicia y Notificadores de los Juzgados de Paz”. En esta línea, asimismo, difundieron un comunicado donde sintetizan los puntos que el proyecto del alto tribunal vulnera.

Justicia para ricos

Hugo Russo, de la AJB San Isidro

A saber, desde la AJB aseveraron que la iniciativa “afecta el derecho a la defensa y el debido proceso; además no garantiza la imparcialidad de quienes realizan las diligencias; genera una Justicia para ricos y otra para el resto”; y “fomenta una justicia más sectaria y alejada de la sociedad; en vez de un Poder Judicial eficiente, imparcial, al servicio y al alcance de todas y todos los ciudadanos”.

Pero eso no es todo. Para la AJB la medida, de concretarse, “contradice la legislación vigente. Ya que el artículo 135 del Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. As. les confiere exclusivamente a los funcionarios públicos (oficiales notificadores y de justicia) la realización de actos procesales específicos”.

Además sostiene que “castiga a las y los trabajadores de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones” que hace años reclaman “más presupuesto y mejores condiciones de trabajo”; y “transforma puestos de trabajo estables y genuinos” en “precarios y temporarios; que no aportan al Instituto de Previsión Social. Con lo cual también se afecta nuestra caja jubilatoria”.

AA