Fue por una acción judicial de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).  La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ordenó al Estado bonaerense que vacune a las personas detenidas en unidades penitenciarias que integran los grupos de riesgos frente al coronavirus. El fallo del Tribunal reconoce que las personas privadas de su libertad no accedieron en iguales condiciones que el resto al plan de vacunación provincial.

La Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata ordenó al gobierno bonaerense quearbitre las medidas para vacunar a las personas detenidas, en unidades penitenciarias, que integran los grupos de riesgos frente al coronavirus. Le dio un plao de cinco días, asimismo.

La CPM, en carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, había interpuesto un recurso de amparo en ese sentido. La decisión judicial, informó el órgano de derechos humanos en una comunicación, reconoce que las personas privadas de su libertad no accedieron en iguales condiciones al plan de vacunación.

El Fallo

El fallo del Tribunal, asimismo, demanda que con carácter urgente se desarrolle un plan de acceso “en compatibilidad” con el programa provincial Buenos Aires Vacunate, informó la CPM. La medida alcanza a personas detenidas bajo la órbita del Servicio Penitenciario Bonaerense SPB y en dependencias del Ministerio de Seguridad

La CPM, básicamente, solicitaba que las personas privadas de libertad reciban la vacuna contra la Covid-19; esto en igualdad de condiciones que el resto de los ciudadanos bonaerenses.  El voto del juez Gustavo Scaparotel y la jueza Claudia Milanta, de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo hizo lugar al reclamo.

El planteo reconoció, asimismo, que las personas privadas de su libertad no se encuentran en condiciones de inscribirse y asistir, sin más, a los turnos que asigna el  plan de vacunación. Y que incluso, hubo casos de personas detenidas con turno de vacunación que no consiguieron ni autorización ni traslado a la posta de vacunación.   

El Tribunal también reconoció que en la pandemia, “se incrementó la vulnerabilidad de las personas privadas de su libertad”; por “las condiciones habitaciones en las que viven; máxime si forman parte del grupo de riesgo frente a la enfermedad”. Durante 2020, informó la CPM, 29 personas murieron de Covid-19 en cárceles bonaerenses.

Sistema de encierro colapsado

La CPM evaluó que “el sistema de encierro se encuentra colapsado. Con índices alarmantes de sobrepoblación y hacinamiento. En los 65 establecimientos penitenciarios se alojan 45.467 personas en 21.500 plazas; lo que implica un 111 % de sobrepoblación”.

En sus fundamentos, informó la CPM, la Cámara platense destacó que la vacuna contra la Covid-19 ya es de libre acceso para los grupos de riesgo; por lo cual inocular a las personas detenidas, que también están dentro de los grupos de riesgo, “no implica una alteración o modificación del programa provincial de inoculación”.

Bajo estas condiciones, dice el Tribunal, la desatención de este reclamo compromete elementales derechos, a la salud y la vida, inherentes a la condición humana.  Por su parte, en disidencia, votó el juez de la Cámara Gustavo De Santis; aunque la CPM destacó que “su voto se sustentó en un argumento estrictamente procesal sin adelantar opinión sobre el fondo el asunto”.

GC