La Comisión Provincial por la Memoria (CPM), en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, denunció los hechos ante la fiscalía especializada en violencia institucional. El operativo policial dejó decenas de heridos y 124 personas fueron aprehendidas, entre ellos periodistas que cubrir el accionar policial. La orden provino del Juzgado Civil y Comercial N° 1 de Avellaneda, informó la agencia de noticias Andar, de la CPM. La CTA Avellaneda expresó su repudio, también.

Balas de goma, gases lacrimógenos y represión lisa y llana fue la respuesta a trabajadoras de la cooperativa textil Nueva Generación; mujeres que defendían sus puestos de trabajo en Wilde. En la crisis de 2001, la patronal abandonó la empresa, y las trabajadoras de la economía popular la remontaron en 2005.

En el lugar desde entonces, con el visto bueno de los gobiernos de turno, las y los trabajadores planificaban montar un polo textil, difundió la agencia de noticias Andar, de la CPM. La Comisión, en calidad de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, denunció la represión ante la fiscalía especializada en violencia institucional.

El operativo policial dejó decenas de heridos y 124 personas fueron aprehendidas y trasladadas al Comando de Patrulla de Avellaneda. Entre ellos, incluso periodistas y reporteras gráficas que cubrían el accionar policial. Tras los hechos varias organizaciones de la sociedad civil y referentes varios expresaron su repudio.

Dilación en el Legislativo

El 11 de noviembre, informó la agencia Andar, las trabajadoras de la cooperativa se habían presentado, asimismo, en La Plata para pedir que el gobierno provincial deje sin efecto el desalojo; el cual fue ordenado por el Juzgado en lo civil y comercial N°1 de Avellaneda–Lanús, sin atender la situación laboral y social alrededor del predio.

No es la primera vez que en desalojos a sectores vulnerados, avalados por la Justicia bonaerense, la policía que comanda el ministro de Seguridad bonaerense, Sergio Berni, arremete sin medir consecuencias sobre las personas involucradas; más allá de que sean mujeres, niños o simplemente trabajadoras como en este caso.

“Hay otras 150 fábricas recuperadas en la provincia de Buenos Aires que pueden atravesar este tipo de situación”, advirtió, en declaraciones a Andar,  Joaquín Escobar, militante territorial y titular de Economía Social y Solidaria del municipio de Avellaneda. Se refería al funcionamiento deficiente de ciertos órganos en la pandemia.

 “Hay leyes de expropiación por periodos de 2 a 5 años; –informó el referente sobre esto último y explicó- cuando se vencía el tiempo esas leyes se iban renovando. Sin embargo, con la inactividad del Poder Legislativo durante la pandemia, en muchos casos no se realizó la renovación”, de esas leyes que permitían seguir trabajando.

Foto de las reporteras Antonella Giuso y Julieta Piermaria (revista Resistencias), también aprehendidas mientras cumplían con su trabajo

Denuncia

Para Escobar esa dilación en pandemia “permitió a los dueños de los terrenos pedir la restitución del bien”. Escobar también señaló que, además, “tampoco llegó a tratarse un proyecto de ley que declara la emergencia provincial sobre las empresas recuperadas; lo que terminó por agudizar el vacío jurídico, legal y político”.

Tras la represión en el predio de Wilde, informó Andar, la Comisión Provincial por la Memoria, en su carácter de Mecanismo Local de Prevención de la Tortura, estuvo en contacto con referentes territoriales que acompañaban la lucha de las trabajadoras textiles; y se comunicó con la fiscalía y defensoría de turno.

En esta línea, la CPM presentó ante la fiscalía especializada en violencia institucional una denuncia por el accionar represivo de la Policía bonaerense. El organismo también mandó copia de la denuncia a la Fiscalía General del partido judicial de Avellaneda–Lanús; e hizo otra presentación ante la Procuración General bonaerense.

Además, la CTA Avellaneda expresó un “enérgico repudio a la violencia ejercida por la policía ante la legítima defensa de los puestos de trabajo de los y las compañeras de la Cooperativa”. La entidad sindical informó que entre los detenidos había trabajadores de la Cooperativa Para mi Pueblo y del Movimiento de Participación Ciudadana, que habían llegado para solidarizarse con las trabajadoras.

Gustavo Camps