Los hechos figuran en un informe elaborado por la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de inteligencia, del Congreso Nacional. Los organismos se reunieron con el presidente de la Bicameral, el diputado nacional Leopoldo Moreau. Los organismos informaron que “En el informe se detalla cómo se utilizó el poder del Estado para implementar un plan sistemático de espionaje político ilegal; que fue diseñado con premeditación”.

Organismos de derechos humanos, entre los que se encuentra la Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte (CMJVZN), se reunieron con el diputado nacional, Leopoldo Moreau. El legislador preside de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de inteligencia, del Congreso Nacional.

Moreau hizo un resumen del informe que la Comisión elaboró “sobre los hechos de espionaje ilegal cometidos desde las máximas esferas del Estado, en el período comprendido entre los años 2016 y 2019”, informó un comunicado de los Organismos. Tal documento se elevará para su aprobación al Congreso de la Nación.

Como es de conocimiento público, la interventora de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Cristina Caamaño, dio intervención judicial tras haber encontrado materiales -escuchas telefónicas, videos- que indicaban espionaje ilegal desde la AFI; durante la gestión Cambiemos.

Diputado nacional, Leopoldo Moreau, presidente de la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de inteligencia

Espionaje ilegal

En Mayo 2021, por caso, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), informaba en ese contexto, que había entonces  “ocho causas en trámite en juzgados federales de Lomas de Zamora, La Plata, Dolores y Comodoro Py (…)”. La  CPM en aquella comunicación citaba “entre ellas, la causa D’Alessio, Bases AMBA”

Luego informaba que allí “se comprobó tareas de inteligencia contra, al menos, 45 organizaciones políticas, sociales y de derechos humanos; 18 partidos políticos y frentes electorales; y 45 informes sobre 13 gremios docentes y otros 50 sobre organizaciones sindicales)”.

En otra, informaba la CPM; se investigaban “interceptaciones de correos electrónicos a dirigentes políticos y gremiales –la CPM patrocina al senador provincial Traverso y a la ex diputada Gabriela Troiano–; el espionaje a familiares de las víctimas del ARA San Juan; y el espionaje a periodistas en la cumbre del G-20”.

También se investigaba, señalaba la CPM, “el espionaje en las cárceles del Servicio Penitenciario Federal y Bonaerense, que reveló la realización de seguimientos, monitoreos, informes con diferente software de inteligencia, así como producción y análisis de información de diferentes personas privadas de libertad”.

Y daba cuenta de “una novena causa por intercepciones de teléfonos que se inició en 2017 por una denuncia de la presidenta de las Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini. Si bien esa instrucción fue archivada en primera instancia, forma parte de este mismo contexto de espionaje ilegal” durante el gobierno anterior.

La CPM en mayo 2021 enumeró varias causas sobre espionaje ilegal

Comisión Bicameral investiga

Posteriormente, la Comisión Bicameral de Fiscalización de los Organismos y Actividades de inteligencia, del Congreso Nacional, acordó investigar las denuncias por el supuesto espionaje ilegal desde la AFI. La tarea ya tiene un informe final con conclusiones; y esto fue el tema central de la reunión de los Organismos con Moreau.

En una comunicación, los organismos señalaron: “En el informe se detalla cómo se utilizó el poder del Estado para implementar un plan sistemático de espionaje político ilegal, que fue diseñado con premeditación”. Para Raquel Witis, de la CMVJZN, “Es fundamental difundir esta información para resguardar la democracia y el estado de derecho.

Se reunieron con Moreau y firmaron el comunicado, además de la CMVJZN, las Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora; Abuelas de Plaza de Mayo; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; H.I.J.O.S Regional Capital; la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH); la APDH La Matanza.

También el Centro de Estudios Legales y Sociales CELS; Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz; Fundación Memoria Histórica y Social Argentina; la Liga Argentina por los Derechos Humanos; el Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; y la Asociación Buena Memoria.

Las entidades de derechos humanos expresaron “una enorme preocupación ante estos hechos (...)" de espionaje político ilegal

Complicidad

Para los Organismos: “Las maniobras muestran claramente la complicidad del Poder Político, el Poder Judicial y los medios concentrados de comunicación, con el fin de perseguir dirigentes políticos, opositores, referentes sindicales y sociales y a un amplio espectro de organizaciones de la sociedad civil”.

Además revelaron que “Fueron espiadas aproximadamente 170 organizaciones políticas, sociales, gremiales y religiosas entre otras, 307 ciudadanos y ciudadanas, lo que generó distintas situaciones de hostigamiento, persecución y criminalización. Se armaron causas penales que tuvieron como consecuencia la prisión ilegal de dirigentes políticos, sociales, sindicales, ex funcionarios y empresarios”.

Las entidades de derechos humanos expresaron “una enorme preocupación ante estos hechos, que involucraron a las más altas autoridades nacionales y de la provincia de Buenos Aires, que incurrieron en prácticas ilegales, que ponen en peligro el Estado de Derecho y las instituciones democráticas”.

Hacia el final los organismos advirtieron: “Es mucho lo que ha perdido nuestra patria en los períodos en que se violentó la democracia, sistema en el que la mayoría de los y las argentinas hemos decidido vivir y que nuevamente se pone en peligro ante estas prácticas, a las que ya les hemos dicho NUNCA MÁS”.

Gustavo Camps