El juicio de lesa humanidad tramita en el Tribunal Federal Nº 2, y es por el asesinato de militantes que editaban y distribuían las revistas El Combatiente y Estrella Roja. El viernes les tomarán declaraciones testimoniales en forma presencial a los dos hijos de una de las víctimas aun desaparecida, la docente, Rocío Martínez Borbolla. Curiosamente a los acusados, entre ellos el represor y carapintada, Martín Eduardo Sánchez Zinny, sí les permitieron declarar por Zoom; y también que se filme la indagatoria.

“(…) Hay impotencia e impunidad porque el tribunal no permite el ingreso de cámaras para que como todo Juicio Oral pueda ser transmitido”, explica la periodista, Bárbara García, sobre la decisión el Tribunal Federal Nº 2, de que no entren cámaras a la audiencia de declaraciones testimoniales; la cual se llevará a cabo este viernes 11.

Se trata del juicio oral y público por la desaparición, tras un operativo ilegal en un barrio de Haedo, en el oeste bonaerense, de la maestra Rocío Martínez Borbolla –madre de Bárbara, que en aquel entonces tenía 8 años, y de Camilo, su hermano-, donde está acusado el represor y carapintada, Martín Eduardo Sánchez Zinny.

El Tribunal no permite el ingreso de cámaras para que como es usual en los juicios orales pueda hacerse público. Además dispuso que Bárbara y Camilo declaren en forma presencial. Lo curioso, según recuerda Bárbara, es que Sánchez Zinny sí pudo declarar desde su casa; y las cámaras pudieron entrar a la audiencia indagatoria del acusado.  

La causa

Martín Eduardo Sánchez Zinny, el carapintada acusado de crímenes de lesa humanidad (Foto ilustrativa)

Quién pidió que Bárbara y Camilo declaren de manera presencial fue la defensa del represor. Cuando secuestraron a su madre junto a Pedro Oscar Martucci, el 13 de junio de 1976, Bárbara tenía 8 años, estaba presente con su hermanito menor, y vio la cara de uno de los secuestradores. Ya adulta reconoció a Sánchez Zinny.

Para evitar el testimonio de Bárbara García, el represor intentó armarle una causa por falso testimonio, pero la Justicia desechó la acusación. Además de la represión ilegal, el prontuario del ex encargado de la Sección Tiro de la Compañía C, incluye el haberse levantado contra el gobierno democrático durante la Semana Santa de 1987.

La causa judicial en la que está imputado Sánchez Zinny, investigada en principio por el juez Daniel Rafecas, contra la represión ilegal de al menos 37 personas –entre ellas también María Cristina Cournou, hermana del cantante, Víctor Heredia-, incluía a otros represores, que por el paso del tiempo fallecieron o fueron declarados insanos.  

Los jueces que llevan la causa en el TOF Nº 2 son Jorge Luciano Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Javier Feliciano Ríos. La representación del Ministerio Público Fiscal está a cargo de la doctora, María Ángeles Ramos. El abogado de la querella es el especialista en derechos humanos, Pablo Llonto.

“Los asesinos declararon en sus casas; y con sus abogados –señaló Bárbara con la presión a dos días de la audiencia- A nosotros nos exigen ir a Comodoro Py. Ellos siguen con sus beneficios. Debo preparar mi testimonial y la impunidad me paraliza. Pero nosotros con mi hermano vamos a dejar todo en ese lugar”.

GC