El viernes 15 del actual vence el plazo para que la Cámara de Diputados convierta en ley la composición del Consejo de la Magistratura que ya votó el Senado nacional. Ese Consejo es el encargado de nombrar y acusar jueces; y de la administración del Poder Judicial de la Nación. En esta columna el abogado Prado llama la atención en el poco interés que demostraron los abogados matriculados para elegir a sus propios representantes en ese Consejo que hace a la política judicial del país.

Por Juan José Prado*

El 7 de abril último se aprobó en el Senado de la Nación la nueva composición del Consejo de la Magistratura, institución de importancia para la existencia de un Poder Judicial independiente. El Consejo designa y promueve, en sus cargos, a los jueces nacionales; y además administra los fondos de la administración de la Justicia.

Hay que votar el proyecto antes del 15 de abril en Diputados.  Todo se deriva  de que la Corte Suprema, en fallo más que discutido porque se abroga carácter para legislar,   declaró inconstitucional la reforma de 2006 del kirchnerismo; y  dio un plazo de 120 días para conformar un nuevo Consejo; tras cajonear una apelación por seis años.

En el Consejo, entre otros estamentos, estarán representados los abogados matriculados. Si bien opiné sobre la formación de los abogados en su momento; en este artículo destaco un aspecto preocupante que hace a la participación democrática. Hablamos de un sector que se entiende, sabe, y participa de la vida política.

Los abogados son formadores de la opinión y de la decisión del destino de la vida social, en todos sus aspectos.  Son ellos los que reclaman por la ampliación o restricción de los derechos de la ciudadanía. Lo hacen ante los estrados judiciales. Representan allí a quien puede o debe someterse a la acción de los tribunales.

“se educa a los abogados para defender intereses económicos”

Sin embargo, y esto es algo que no digo por primera vez ahora, en las aulas universitarias se educa a los abogados para defender intereses económicos.  No es algo nuevo. Y es necesaria una revisión en la formación de los abogados. Lo mantuve como docente; y desde mi paso por la presidencia de la AABA**.

El perfil de un abogado debe abarcar capacidad científica y una enorme dosis de humanidad. Son requisitos indispensables para el ejercicio de la profesión de abogar. La profesión es esencialmente parte de las ciencias sociales. El abogado se sumerge en el entramado de la vida, pasiones, mezquindades, temores, resentimientos.

Adviértase la importancia de este sector de nuestra sociedad.  Nervio de la vida social. En este sentido, es preocupante lo que un colega, el Dr. Carlos López de Belva, me advirtió de la conducta y actitud de nuestros pares en el acto electoral reciente, al cual también me he referido en su momento; y ahora vuelvo sobre el tema.   

Paupérrima participación

Días atrás el universo de los abogados matriculados en nuestro país eligió a los encargados de representarlos en el Consejo de la Magistratura. Calculo que  probablemente serán más de 50.000 (un diario capitalino calculaba 118.000) los que debían votar para que se cubran dos puestos en el Consejo de la Magistratura.

Pues bien, solo participaron en la elección aproximadamente 14.000. Como me lo manifiesta el citado abogado matriculado en la Capital Federal, constituye una “paupérrima participación”. Esto conduce, y participo de su opinión, a una representatividad y legitimidad nula de los elegidos.

Me pregunto ¿Si esta falta de interés sobre una decisión política como el voto de representantes, demostrada por un sector corporativo como la abogacía, que como dijimos sabe, entiende y participa de la vida política puertas afuera, se extendiera a toda la ciudadanía, cuál sería el destino de nuestra república? Nada virtuoso desde ya.

Como lo expresara en otro artículo, el pueblo todo precisa decisiones políticas que den respuestas a sus carencias de derechos sociales; y también económicos. Solo así se logrará incentivar el interés político. Y parte de la responsabilidad le cabe a los partidos políticos, tal como lo determina nuestra Constitución Nacional.

* Abogado. Ex presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires AABA. Miembro de la Mesa Directiva de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos). Gran Maestro de la UBA.

**Presidente de la Asociación de Abogadas y Abogados de Buenos Aires AABA 1977-1979