El abogado Juan José Prado, con experiencia judicial de toda una vida,  analiza el pobre desempeño de los fiscales en el publicitado caso vialidad, que pretende destruir políticamente a la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, El lawfare es una práctica que tuvo lugar en Brasil y en otros países de Latinoamérica. La clase dominante, cuando no puede hacerse con el poder a través del voto democrático, usa cualquier metodología. En los 50` ‘60 y `70 utilizó proscripciones, secuestros y asesinatos. Actualmente usa sus empresas de medios y la Justicia, en este orden.

Por Juan José Prado*

La acusaciónde los fiscales del caso llamado “Vialidad” agrede y descalifica el control legislativo previsto en la división de poderes de la Carta Magna. Un fiscal desde un Zoom imita y parodia la figura del iniciador del mayor abuso del “Lawfare” conocido; el fiscal brasileño, Deltan Dallagnol, que sirvió para despejar políticamente la llegada del inefable Jair Bolsonaro.

Lo que hicieron en ese Zoom fue darle rienda suelta a la lectura de una proclama política antidemocrática. Usaron a la Justicia. En la etapa de la acusación fiscal transparentaron el objetivo del juicio promovido para perseguir a actores políticos. Ni siquiera es contra Cristina Kirchner. Es contra la política que da paso a la democracia.

Según el cínico libreto de los fiscales la obra pública está dirigida por una “asociación ilícita” cuya cabeza responsable era el Presidente de la República, y los legisladores los facilitadores de que éstos desarrollen la actividad corrupta. Marcan la cancha de manera desopilante: corrupción -leasé instituciones democráticas- o corporación judicial.

“Si hay una mafia evidente es la de los fiscales y jueces.”

Si hay una mafia evidente es la de los fiscales y jueces. Que con el aval de los supremos, promueve denuncias falsas. Usa comentarios de café, papelitos “encontrados” detrás de un árbol en Palermo, escuchas desde una mesa del bar, cuadernos nunca peritados, quemados, y como arte de magia “aparecidos” y sin autor que lo afirme.

Los medios concentrados, fiscales y jueces, obedientes al camino a seguir, como pitonisa construyen la trama con la bola de cristal. Ya nos hemos referido a lo absurdo del proceso judicial. Pero lo básico es que sustituyen los elementos probatorios: el que acusa o reclama debe probar su pretensión jurídica. No es suficiente la convicción.

“Si no piensa como yo es un o una delincuente”. Esta expresión no es suficiente. La Constitución Nacional, el debido proceso, la presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario y sea condenado. Todo esto sustituido por un relato fantasioso aplaudido, creado y luego reiterado hasta el cansancio por las empresas de medios.

“El pedido de pena no resulta de lo actuado por la administración de justicia (…)”

Tal vez haya que ser sencillos y decirles a esos fiscales que se equivocan en la acusación a Cristina Fernández. La vicepresidenta de la Nación elegida democráticamente por el pueblo. El pedido de pena no resulta de lo actuado por la administración de justicia en el expediente de vialidad nacional.

Se equivocan los fiscales si creen -¿Aprendieron eso?- que la opción conforme a la Constitución y el orden jurídico basado en la Supremacía Constitucional es:  política o corporación judicial. Con esa actitud esos funcionarios afectan el orden institucional. Agreden al ciudadano común en su dignidad.

Pero como abogado, en mi caso particular, observo una mafia judicial corrupta que utiliza, para sí o para otros, la Administración de Justicia para objetivos políticos, sin tener el aval de los votos. La ciudadanía debe dar una respuesta con la Constitución en la mano. Sigo en mi insistencia de la aplicación del art.36 de la CN.

*Abogado. Ex presidente de la Asociación de Abogados de Buenos Aires AABA. Miembro de la Mesa Directiva de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos). Gran Maestro de la UBA.