Organizaciones ambientalistas presenciaron en el Congreso nacional un plenario de la Cámara de Diputados donde se debía dictaminar sobre el proyecto de ley de humedales. Es un proyecto que hace diez años, por presión de diferentes lobbies empresarios, no se aprueba. Y las organizaciones elaboran y reelaboran. Pues pierde estado parlamentario mientras de incendian cientos de hectáreas en el delta del Paraná, y se deterioran sistemas ambientales fundamentales para la vida de la flora, la fauna y las personas. Estuvieron el ambientalista isleño, Martín Nunziata; y la geógrafa, Patricia Pintos, dos de los expertos y activistas más conocedores del tema en el país.   

Las comisiones de la Cámara de Diputados nacionales de Economía, de Agricultura y de Medio Ambiente se reunieron el jueves último para consensuar el proyecto de ley de humedales que debe debatir la Cámara. Se trata de un proyecto que se presentó por primera vez hace diez años. Pero sistemáticamente pierde estado parlamentario.

El proyecto original fue elaborado por varias organizaciones ambientalistas. Pero en el proceso de preparación para el debate -el plenario del jueves último era parte de esto- siempre sufre modificaciones interesadas de diputados permeables a los lobbies empresarios. Incluso, por presión de esos mismos lobbies, nunca llega a tratarse.

En la actualidad hay al menos diez proyectos en danza. El diputado nacional, Leonardo Grosso (Frente de Todos), lleva un proyecto de las organizaciones ambientalistas. Y es el que combaten los lobbies, pues de todos es el único que tiene en cuenta la importancia de los humedales para la vida, más allá de los negocios.

La comisión plenaria

Tras gestiones con las bancadas pudieron ingresar al plenario de comisiones varios representantes de organizaciones ambientalistas. Entre ellos estuvieron el ambientalista delteño, Martín Nunziata; y la geógrafa platense, Patricia Pintos. Ambos son los expertos y activistas en  la temática más reconocidos del país.

Como se sabe los incendios en zonas de humedales y extensiones silvestres -sospechados siempre de ser adrede- son moneda corriente. Y la ley serviría para formalizar los presupuestos de conservación y uso sostenible de los humedales en todo el territorio de la Nación. Y evitar negocios que atentan contra su existencia.

Para los ambientalistas presentes la comisión plenaria fue un fiasco. Pues pudieron ver sin ningún filtro, en el mejor de los casos, el desinterés de la mayoría de las y los diputados que concurren a la comisión simplemente a hacer número. Y en el peor de los casos vieron las operetas políticas para que el proyecto jamás llegue a una sesión.

Mientras algunos/as legisladores, contados con los dedos de una mano, leían sus proyectos o explicitaban la importancia de que se convierta en ley -por caso, Miriam Bregman (FIT-PTS Unidad); Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) o Grosso- el resto cuchicheaba, o jugaba con el celular, sin atender lo que se leía.

Diputado Grosso: "Tenemos una enorme mora con la sociedad."

Argumentos y excusas

Grosso, en la introducción, reconoció: “Tenemos una enorme mora con la sociedad. (…) El proyecto es una herramienta para resolver un problema enorme con la destrucción de los humedales”, ponderó. Y exhortó a las y los legisladores: “Asumamos esta responsabilidad para defender los intereses de nuestro pueblo”.

Camaño, autora de otro de los proyectos, resaltó que “el punto desde el cual tenemos que pensar la ley es el desastre ambiental y no las conveniencias”. Asimismo, expresó que “las tierras despreciadas del siglo de la industrialización hoy son miradas como una de las tablas de salvación que tiene el planeta ante el cambio climático”.

Bregman consideró que  “toda quema y humo es político. Y producto de la dilación” para sancionar la ley. Luego propuso que haya un “inventario nacional” de humedales, y que se denominen como “bienes comunes y no recursos”. Y señaló que el punto de vista de las organizaciones ambientales debe ser vinculante.

El diputado de Juntos por el Cambio-UCR, Ricardo Buryaile, por caso -de la comisión de Agricultura y Ganadería, donde sí se conoce como operan los lobbies sojeros- después de una década de que el proyecto de humedales pasa por esa Cámara, dijo que “no se conocía” a fondo y no se podía ese día elaborar un dictamen.

Ambientalistas sin voz

El plenario se dio tiempo para tomar café con leche comer facturas y sándwiches de miga. Pero no aceptó que ninguno de los presentantes de organizaciones ambientalistas expusiera ese día ¿Será porque ya tienen decidido que no es conveniente que se avance con una ley de humedales. Y no necesitan escuchar?

Uno de los momentos más tensos tuvo lugar cuando Nunziata, una de las voces con mayor competencia sobre humedales que se conocen en la Argentina, intentó -más allá de la desautorización- explicar la importancia de la ley. De manera bochornosa fue retirado por la seguridad. Ese fue el nivel de la discusión en el plenario.

“No pudimos expresarnos con un cartel. La seguridad nos lo retiró al entrar -reveló luego Nunziata en una comunicación con denorteanorte.com- Ni al pedir la palabra. Esta democracia representativa así no nos sirve. Tenemos que ir hacía una democracia directa, de tipo participativa, en las cosas que son del bien común”.

En el plenario, en tanto, acordaron pasar a un cuarto intermedio. La próxima reunión será el jueves 29 del actual, a las 10. Más allá de las excusas como las de Buryaile, para beneficiar a los lobbies, se debe llegar a un dictamen pues como reveló el diputado Grosso, 2022 es el segundo peor año de incendios desde 2010.

Gustavo Camps