Es para declarar nulo un acuerdo leonino sobre las tarifas de peaje en el acceso norte, que motorizó la gestión Macri, en 2018. La tarifa de peaje que pagan los usuarios, por ese negociado con las concesionarias Autopistas Del Sol SA (AUSOL) y Grupo Concesionario del Oeste (GCO), debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte y más de 10 veces en el Acceso Oeste. Además se “dolarizaron” esas tarifas.

Por instrucción del Poder Ejecutivo, el ministerio de Obras y Servicios Públicos de Nación (MOP) interpuso una acción judicial de lesividad. Y solicitó una medida cautelar para que el Estado se haga cargo de la administración del Acceso Norte. Además, la semana última, presentó una demanda similar contra el Grupo Concesionario del Oeste SA (GCO). 

El Juzgado en lo Contencioso Administrativa Federal N°6 se declaró competente para entender en la causa. La demanda se presentó a través de Vialidad Nacional. Y con el patrocinio de la Procuración del Tesoro de la Nación, que la interpuso para declarar nulo un decreto del año 2018 y un acuerdo de “renegociación” de la gestión Macri.

La operatoria llevada a cabo en 2018, informaron desde el MOP, “comprometía al Estado con una deuda millonaria, inexistente y lesiva a los intereses de las y los usuarios”. Entre otras cosas, aquel acuerdo establecía la dolarización de las tarifas de peaje que pagan las y los usuarios. Y la prórroga por 10 años de las concesiones.

Medida cautelar

Asimismo, explicaron desde el MOP, en un comunicado, para cumplir la obligación de pago incluida en los acuerdos firmados en el año 2018, la tarifa debería aumentar, en promedio, 20 veces en el Acceso Norte. Y más de 10 veces en el Acceso Oeste; lo cual es evidente que perjudica a las y los usuarios.

Previamente a la presentación de las demandas, el ministerio de Obras Públicas solicitó a la Justicia “con carácter urgente” el dictado de medidas cautelares (conf. art. 16 de la Ley No 26.854). Lo hizo con el fin de que el Estado Nacional se haga cargo de la gestión de los accesos Norte y Oeste.

Desde el inicio de la gestión actual, el ministerio de Obras Públicas, a cargo de Gabriel Katopodis -vecino y ex intendente de San Martín-  se hizo cargo de la administración de rutas y autovías en todo el territorio. La mira, señalaron, está en “seguir recuperando el rol central de Vialidad Nacional en la Argentina”.

En 2018  AUSOL SA y Grupo Concesionario del Oeste (GCO) firmaron con el gobierno anterior acuerdos que comprometían al Estado con una deuda bruta (sin descontar penalidades) de U$S 813.143.839,52 en total. Fueron U$S 540.522.269,52 para el caso de AUSOL SA y U$S 272.621.570 para el caso de GCO SA.

Acuerdos leoninos de 2018

Según lo acordado, se establecía una cancelación en cuotas anuales, entre 2018 y 2030, más un interés en dólares del 8% anual. Este interés era capitalizable, es decir,  si el Estado se retrasaba en el pago, el interés pasaba a formar parte del capital. Con esa mecánica, la deuda y sus intereses ascendía a U$D 1.161.292.387.

Se estableció, además, que las sumas debían ser percibidas por los concesionarios libres del Impuesto a las Ganancias. Y que el impuesto debía ser abonado con lo recaudado por las tarifas. Desde el MOP calcularon que para obtener ese valor, la tarifa necesaria era de hasta 20 veces más de lo que se paga hoy.

Desde el MOP explicaron, asimismo, que la dolarización del peaje  es ilegal, ya que el ordenamiento jurídico vigente así lo prohíbe. Más allá de las subas mucho mayores que genera un aumento de esa naturaleza. E informaron que cada cuota anual no se pagó y la suma de 2018 pasó a alrededor de U$D 2.000.000.000.

Tarifa plena

El MOP también informó que las concesionarias, además de las tarifas, reciben canon en millones de dólares, en forma directa. Es por la explotación de las estaciones de servicio que se encuentran en ambos Accesos. Lo cual significa, además, un ingreso adicional que aumenta la renta asegurada a las Concesionarias.

Y además el ministerio señaló que todas las obras, ejecutadas actualmente en los Accesos, no se financian con la tarifa que hoy pagan los usuarios y usuarias a las concesionarias, sino con un fondo público que por los mencionados acuerdos de 2018, también está en manos de ambas Concesionarias.

Con todas esas prebendas a la concesionarias privadas, evaluaron desde el MOP,  la tarifa pretendida por las concesionarias AUSOL y GCO, en su casi totalidad, suma a los beneficios de las empresas, y no para establecer o mejorar los servicios al usuario.

GC