Tras la represión que el gobierno nacional desató contra la marcha de jubilados el miércoles último, abogados matriculados de la CABA, y otras jurisdiocciones, se solidarizaron con la jueza, Karina Andrade. Se trata de la magistrada que ordenó liberar a 114 detenidos, al considerar que hubo irregularidades en la información de las fuerzas de seguridad. Las redes sociales, además muestran a un efectivo “plantando” un armá cerca del Congreso; y el abandono de un móvil policial abierto, para que luego encapuchados parapoliciales lo vandalicen. Y hasta la detención de dos niños, uno de 12 y otro de 14 años, cerca de la Plaza de Mayo, ajenos a la marcha, que solo corrían asustados.
Las y los abogados se expidieron tras la represión policial a la marcha de los jubilados del último miercoles. Y exhortan a “rescatar las instituciones como base de la memoria, la verdad, la paz y la justicia”. Asimsimo señalan la importancia de “respetar la division de los poderes del Estado”.
Se trata de las y los profesionales del derecho, Oscar Nacarato; Silvia Guardado; Sandra Gonzalez; Carlos Tobal; Carlos Lopez de Belva; Eduardo Tavani; Julián Maria Ricomagno; Lilia Fontán; y Juan José Prado; entre otros. En una comunicación, además, no esconden su procupación por la represión desatada en la ciudad.
Como es de dominio público, la jueza, Karina Andrade, titular del Juzgado Penal Contravencional y de Faltas N° 15, ordenó la liberación inmediata de 114 personas detenidas en la marcha de jubilados, contra las políticas adversas de la gestión Milei, del miercoles último.
Veto presidencial
Las manifestaciones comenzaron en setiembre de 2024 tras el veto del presidente, Javier Milei, a la ley de reforma jubilatoria que aprobó el Congreso nacional. Desde el gobierno utilizan las jubilaciones para bajar el índice inflacionario; y mostrar un “logro”, que en rigor es ficticio (solo basta ir al supermercado para demostrarlo).
Durante las marchas de los miércoles las y los jubilados siempre sufren actitudes represivas de la policia y Gendarmería nacional. Por este motivo en la última marcha se sumaron hinchas de fútbol y de organizaciones sociales como repudió a la política represiva del ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich.
Este miercoles, el periodismo, pero también la Cimisión Provincial por la Memoria como Mecanismo contra la Tortura, y diversos actores sociales y políticos denunciaron la represión desproporcionada de las fuerzas de seguridad. Los medios de comunicación del mundo dieron cuenta de la oprobiosa jornada.
Las redes sociales no solo mostraron a un efectivo que le tiraba gas pimienta a una mujer de casi 90 años con bastón. También hubo un efectivo que plantaba un arma en un lugar de la plaza Congreso. Y mostraron un auto de la policia abandonado abierto, con encapuchados que lo vandalizaban sin intervencion policial.
Principios constitucionales
Tras los desmanes policiales, incluso con un fotoperiodista -Pablo Grillo (35)- malherido por un cartucho de gas lacrimógeno que disparó un efectivo policial, se registraron cientos de personas heridas y golpeadas. Y hasta la ridícula -aunque trágica- detención de dos niños, uno de 12 y otro de 14 años, que corrian asustados.
En este contexto hubo detenciones. Se hablaba de 114 de esos procedimentos. Lo cierto es que la jueza Andrade ordenó la libertad de las y los detenidos porque la policia no supo informar el porque de las detenciones. Y además, porque en democracia manifestar en un derecho, mal que le pese al gobierno de turno.
Y el gobierno, en tanto, salió a atacar a la magistrada. El vocero presidencial, por ejemplo, habló de “la puerta giratoria” de la Justicia. Sin embargo, las y los abogados matriculados, de amplia trayectoria, expresaron su “solidaridad” con la jueza; y evaluaron que los ataques “ponen en evidencia la represión”.
También recordaron que existen “principios constitucionales que están vigentes, como el derecho a la protesta”. Y repudiaron que “una jueza sea atacada por dictar un fallo acorde con la Constitución Nacional. Se deben respetar eso principios. Y la división de los poderes del Estado“.
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