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Carta a los obispos de la CEA

Al Sr. Presidente de la
Conferencia Episcopal Argentina
Obispo Oscar Ojea

De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a usted en esta instancia de diálogo que se ha iniciado entre los organismos de derechos humanos y la entidad que preside, para ponerlo al tanto de algunos acontecimientos que nos preocupan y solicitar, en la medida de lo posible, su actuación o pronunciamiento.

Para situarlo en contexto, en 1981, la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de  Detenidos y Desaparecidos (FEDEDAM), estableció el 30 de agosto como  fecha para conmemorar el día del Detenido Desaparecido.  FEDEFAM nace  con el  objetivo de crear conciencia mundial del grave delito que constituía la práctica de la desaparición forzada e  impulsar instrumentos jurídicos que persiguieran esta acción y evitar su repetición.

La lucha no cejó ni un instante en estas décadas y el debate, abierto y sostenido, permitió  la aprobación  en 2010  de la  Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra la Desaparición Forzada.  Uno de los objetivos estaba cumplido: surgió un instrumento jurídico en el camino por proteger la vida, conquistar derechos y justicia. Marta Vázquez, quien fuera presidente de Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora, fue un motor indiscutido de esa pelea internacional y, en 2010, Naciones Unidas, a través de la  Resolución 65/20, declaró el 30 de agosto Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Esta fecha es, como comprenderá, especial para nosotros y en honor a aquellos y aquellas que ya no están, nos vemos en la necesidad de transmitirle estas palabras de consternación.

En primer lugar, queremos expresar nuestro hondo malestar frente a los conceptos vertidos por el obispo castrense Santiago Olivera en su artículo “¿Esto es justicia?, publicado el 16 de agosto último en el diario La Nación. Allí, plantea que “la situación de muchos detenidos por delitos de lesa humanidad es una vergüenza para la república: una discriminación nunca vista en democracia, llevada a cabo especialmente por algunos miembros del Poder Judicial, con el silencio cómplice de otros poderes y de buena parte de la dirigencia nacional”. Como movimiento de Derechos Humanos nos distingue la valorización del sistema democrático, la exigencia de justicia entendida plenamente como igualdad ante la ley y el sostenimiento profundo del “Nunca más”.

El obispo, entonces, falta a la verdad. Como Ud. sabe, la existencia de más de 600 centros clandestinos de detención esparcidos en todo el territorio, la desaparición forzada de miles de hombres y mujeres, la apropiación sistemática de menores, la tortura, los vuelos de la muerte, miles de presos políticos encerrados en cárceles con sistemas pensados para su destrucción psicofísicas, son algunas de las realidades materializadas por el poder genocida. Ante esas realidades, nuestras herramientas siempre fueron, son y serán la Verdad y la Justicia.

Los presos por delitos de lesa humanidad, procesados o condenados, tienen todas las garantías de nuestro sistema normativo. Y, aún más, están alojados en unidades carcelarias con beneficios que no comparten otras personas privadas de la libertad. La mayor parte de los represores goza de prisiones domiciliarias.

Olivera asumió su cargo instando a la “reconciliación entre los argentinos”. Extraña pretensión para un hombre de la Iglesia: él sabe que los militares que llevaron adelante el exterminio de nuestro pueblo de nada se arrepienten y, muy por el contrario, reivindican este genocidio. Olivera dice: “No podemos mirar la historia con un ojo solo”. En esas palabras, busca reinstalar la teoría de los dos demonios.

Por otra parte, el obispo se comprometió con la búsqueda de niños y niñas desaparecidos por el terrorismo de Estado, hoy hombres y mujeres que a más de 40 años siguen viviendo con una identidad falsa. Sin embargo, con sus dichos públicos, se expresa en sentido contrario a la búsqueda de Verdad.

Como Ud. bien sabe, la Iglesia también tuvo sus mártires de la dictadura. Pronto serán beatificados el obispo  Enrique Angelelli, los sacerdotes Carlos Murias y Gabriel Longueville, y el laico Wenceslao Pedernera, asesinados por los mismos militares que hoy defiende Olivera. Celebramos ese paso y creemos que ese es el camino que el conjunto de la Iglesia Católica debería abrazar.

Por todo lo expresado, le solicitamos a Ud. que desde, el importante rol institucional que desempeña, convoque al obispo castrense Santiago Olivera a retractarse públicamente de sus dichos y a ponerse realmente a disposición de los organismos de derechos humanos que llevamos adelante la tarea de buscar información sobre el destino de los detenidos desaparecidos y los nietos y nietas robados por el terrorismo de Estado.

Sin otro particular, agradecemos su atención y escucha y, a la espera de acciones que contribuyan a la continuidad del proceso de Memoria, Verdad y Justicia, lo saludamos afectuosamente.

Asociación Abuelas de Plaza de Mayo- Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora - Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas – Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – Centro de Estudios Legales y Sociales- Liga Argentina por los Derechos del Hombre - H.I.J.O.S. Capital-Asociación Buena Memoria - Fundación Memoria Histórica y Social Argentina -Asamblea Permanente por los Derechos Humanos La Matanza - Comisión Memoria Verdad y Justicia Zona Norte -Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos- Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz

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