Luego del aumento otorgado en la reunión del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas (ir a resumen) el Foro Permanente de la Discapacidad evaluó que los prestadores de servicios a las personas con discapacidad sufren “una realidad cada vez más crítica”. También dan a entender que, por razones políticas, los aumentos que ordena la ley de Emergencia de Discapacidad “se calculan desde bases que arrastran deudas”.
En la reunión del Directorio del Sistema Único de Prestaciones Básicas -organismo que establece los aranceles a los prestadores de servicios a las personas con discapacidad- un funcionario les dijo a los prestadores que la culpa de la situación de atraso es por no haber exigido al gobierno de (Alberto) Fernández el aumento que correspondía.
Además de lo inexacto, es evidente el sesgo político del comentario, en esa reunión ayer jueves 12. Más allá del desliz, entonces, el Foro Permanente de la Discapacidad explicó públicamente, en una comunicación, porqué se opone al aumento tan cacareado por la flamante secretaría de Discapacidad que encabeza Alejandro A. Vilches.
Aumentos con deuda
“La Ley de emergencia en discapacidad –explicaron desde el Foro- tiene como objetivo proteger los derechos de las personas con discapacidad. Para esto busca asegurar un sistema de atención que permita acceder a todos los ciudadanos con discapacidad a la salud, la educación, el albergue y el transporte como herramienta de inclusión”.
“Uno de sus ejes principales –destacaron- es recomponer la situación de los prestadores”, que es crítica económicamente. De hecho especificaron que están “al borde del cierre, por falta de adecuación de los aranceles que fija el Estado Nacional al costo de vida de estos años”. Además, dieron a entender que los aumentos deben ser adecuados, no mero parche.
En esta línea señalaron que “si los aumentos se calculan desde bases que arrastran deuda, nunca se va a poder lograr el objetivo. Claramente la situación va a ser peor”. Para el Foro, “Los funcionarios leen los artículos (de la Ley de Emergencia en Discapacidad) separados del objetivo y por eso dictaminan aumentos que no cumplen con la ley”.
En esta línea explicaron que “este proceder lleva a que cuando se calcule la compensación mandada por el período dic 2023/dic 2024, el arancel a diciembre 2024 va a ser mayor al arancel de enero 2025 (…)”, que es, este arancel enero 2025, el que tiene que tomarse como base para los aumentos siguientes.
Garantizar derechos
“A nuestro entender –propone el Foro– el gobierno tiene que establecer un aumento del 40% para recomponer la situación y garantizar los derechos de las personas con discapacidad”. Y le recordó al funcionario al que se hace referencia al inicio de la nota, que “consta en las actas que los representantes del sector no aceptaron” aquellos aumentos.
Desde el Foro, entonces, señalaron que la actual gestión “plantea una situación similar”. Entonces “no se aceptó este aumento porque no se logran recomponer las deudas generadas por este gobierno”. Y recordaron que la actual gestión si “dejó seguir adelante a las –empresas- prepagas con aumentos desmedidos sin ningún control”.
Es evidente que mientras la gestión Milei corroe a las organizaciones que prestan servicios a las personas con discapacidad “supo darse cuenta de que si las prepagas no recibían aumentos mayores a la inflación no iban a poder subsistir”. Y se los permitió para que obtengan utilidades, surge de la clara explicación del Foro.
Por último el Foro de la Discapacidad señala que la población debe entender “que estos aumentos” que rechaza la entidad “se basan en aranceles anteriores que no fueron actualizados según el costo de vida. Y que no cumplen con el espíritu de una Ley que reconoce una emergencia provocada por funcionarios que no tuvieron en cuenta las necesidades de las personas con discapacidad y de quienes les brindan servicios”.
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