El proyecto de Emergencia en Discapacidad pasa al Senado

Diputados aprobó la emergencia en discapacidad por 149 votos favorables a 71 negativos.  El proyecto, que beneficia a más de 250.000 personas -fuera del sistema público-, implica meramente el 0,03% del PBI, es decir un impacto fiscal casi nulo. El gobierno nacional amenazó con vetar la ley. La Emergencia en Discapacidad se propone hasta el fin del mandato de la gestión Milei, en 2027. Y dispone actualizar aranceles para los prestadores de servicios -que tiene un atraso del 73%-; regularizar atrasos en los pagos; y humanizar los cuestionados controles actuales sobre las personas con discapacidad.

Se sabe que por el proyecto de ley de Emergencia en Discapacidad el jefe de Gabinte del gobierno, Guillermo Francos, dijo que lo fiscal «no es negociable», y que si se convierte en ley, Milei vetará la Emergencia. El impacto fiscal, justamente, de la Emergencia en Discapacidad, es del 0,03%, un impacto fiscal casi nulo.

El gobierno en esto debería ser franco (adjetivo, no apellido). Y decir que en realidad al desguazar el sistema solidario que rige actualmente, lo que busca es beneficiar a visiones empresarias. Y para esto ya empezó, al liberar el precio que las empresas de medicina les cobran a sus clientes, que en rigor deberían ser pacientes.

Ley urgente

El Foro Permanente de Discapacidad -familias y personas con discapacidad, profesionales  y asociaciones y federaciones de asistencia a las personas- es el que dio las cifras. Y el que promueve la ley que debe votar el Senado, con urgencia. Pues las personas con discapacidad pueden perder su fuente de atención sanitaria.

El proyecto, entre otra cosas (fuente: Chequeado) busca garantizar el financiamiento adecuado de las pensiones por discapacidad. Pero no de la manera nefasta que se hace acualmente, con pedidos desubicados de conreoles presencial; plazos incumplibles y maltrato a las familias que concurren a los controles.

Esto también lo ha denunciado el Foro, donde no se toca de oido, y se considera a las personas con discapacidad como sujetos de derecho. La ley también busca el fortalecimiento institucional de la ANDIS, que hoy está dirijida por alguien que desconoce el tema; y está allí por cercanía política con el gobierno meramente.

Responsabilidad

La Emergencia, además, dispone poner al día las deudas con los prestadores del sistema de salud. Y también actualizar mensualmente los aranceles del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral que actualmente ttiene un atraso del 73%. La Ley, de aprobarse,  declara el sistema de interés público nacional.

Para el Foro la crisis actual no mejora con “una supuesta eficiencia estatal”. Señalan desde el Foro que “hay intereses económicos concretos detrás de la desfinanciación del sistema”. Los cuales favorecen a empresas de medicina privada y a algunas obras sociales “que buscan flexibilizar aranceles y reducir sus compromisos”.

El proyecto que debe tratar el Senado incluye una “compensación de emergencia” para prestadores; y asignaciòn para talleres producivos. El impacto fiscal (Chequeado.com), según la Oficina de Presupuesto del Congreso es entre 0,22% y 0,42% del PBI. Actualmente, la atención de las personas con discapacidad está en peligro.  

Y no es el mercado el que va a ordenar el sector. Se necesita gestión de alguien que no solo vea la situación en términos de negocios. Sino con la complejidad que tiene. Si el Ejecutivo meramente veta la ley, elude su responsabilidad. Dificilmente se lo haya votado para eso; y deberá tenerlo en cuenta en un año electoral.

Gustavo Camps