Por Juan José Prado (h)*
Tiempo atrás, recién iniciado el actual gobierno, hacíamos un llamado de atención respecto de la afectación del sistema republicano. Reflexionábamos sobre la publicidad de los actos de gobierno, la división de poderes. Actualmente, a más de un año y medio de gestión, los semáforos que titilaban amarillo, prenden ya sus luces rojas.
Primero fueron acciones gestuales. Como su discurso inaugural de espaldas al Congreso. Luego vinieron los avasallamientos al Congreso, máxima expresión de la representación del ciudadano, por medio de decretos de necesidad y urgencia (DNU), facultades extraordinarias, que dispusieron normas manifiestamente inconstitucionales.
Al punto que se habla de una solapada enmienda constitucional, de hecho. En la actualidad el Ejecutivo nacional pone sobre la mesa un total y absoluto deprecio al orden constitucional que sostiene el sistema republicando. Al pretender sancionar penalmente, a los legisladores, que voten leyes que pongan en duda su equilibrio fiscal, su obsesión.
Está abierta amenaza hacia los diputados y senadores tiene varios aspectos a considerar. En primer lugar, la apreciación de que una determinada norma, afecte o no el equilibrio fiscal, va atada de los criterios recaudatorios que se tomen. Que debieran ajustarse a la política, no la política a un criterio fiscal.
El Presidente no puede determinar ese orden. Puesto que viene gobernando sin presupuesto aprobado. Los legisladores, en un concierto de consenso, aprueban las normas que serán las rectoras de nuestra sociedad. Marcan un camino para direccionar la República.
¿Hay que indicar -como si fuera una clase de civismo- que la máxima expresión de la Republica es el Congreso? Esto a punto tal que nuestra Constitución, al dar tratamiento a las “Autoridades de la Nación”, comienza por tratar en primer lugar las normas correspondientes al Poder Legislativo. No de los otros poderes.
“Tiene el Congreso, a su vez, otorgadas
facultades exclusivas en materia económica.”
Consecuente con ello la Corte ha expresado como muletilla, que las decisiones políticas no son decisiones judiciables. Tiene el Congreso, a su vez, otorgadas facultades exclusivas en materia económica. Pero la actual gestión ha desconocido prácticamente los primeros diez incisos del art. 75 de nuestra constitución, arrogándose en pos de la obsesión del equilibrio fiscal, facultades que le son propias al Congreso.
El principio republicano impone la división de poderes. Un equilibrio, que no debiera resultar necesariamente armonioso, pero que garantiza, precisamente eso: “equilibrio” como lo sostiene la RAE: 1. Estado de un cuerpo cuando fuerzas encontradas que obran en él se compensan destruyéndose mutuamente… 3. Peso que es igual a otro y lo contrarresta. 4. Contrapeso, contrarresto, armonía entre cosas diversas.
Nos da la idea de que precisamente el constituyente pretendió neutralizar un poder. Con facultades para que precisamente, el más preponderante (Ejecutivo) no se torne en un dictador, en un tirano sin ética. Esta circunstancia es la que parece no advertirse por parte de quien detenta hoy el Ejecutivo. No acepta la limitación constitucional.
Las leyes vetadas son un compromiso del Congreso con la manda del inciso 19 del art. 75: “Proveer lo conducente al desarrollo humano, al progreso económico con justicia social, a la productividad de la economía nacional, a la generación de empleo, a la formación profesional de los trabajadores, a la defensa del valor de la moneda, a la investigación y al desarrollo científico y tecnológico, su difusión y aprovechamiento”.
La justicia social
Aquí quiero descansar para indicar que, para el constituyente, el “valor de la moneda” tiene una jerarquía que no está por encima de “el desarrollo humano, el progreso económico con justicia social”. El concepto de “justicia social” manifiestamente despreciado por el Presidente, es un mandato de la Constitución, Constitución sobre la que prestó juramento al asumir. Omito reflexiones obvias ante esta situación.
Pretender desconocer la Constitución, de hecho, descalificarla en palabras, coloca al Presidente muy cerca de un tirano. Nuevamente me permito ir al origen de las palabras, costumbre impuesta por mi padre**. Tirano, según la RAE, es un vocablo de origen griego, “1. Dicho de una persona: Que obtiene contra derecho el gobierno de un Estado, especialmente si lo rige sin justicia y a la medida de su voluntad. 2.Que abusa de su poder, superioridad en cualquier concepto o materia, y también simplemente del que impone ese poder y superioridad en grado extraordinario.
No voy a equivocar entonces que el Presidente Milei, con sus posiciones fundamentalistas, que pretende imponer avasallando poderes, puede ser calificado de “tirano”. Hasta aquí esta reflexión apunta a sostener y exaltar la responsabilidad cívica de “…los habitantes del pueblo de la Nación Argentina…” para quienes les fue dada la Constitución que nos rige.
Que al momento de emitir el voto tengamos en cuenta, primeramente, estos principios republicanos, federales, que son la base de nuestra sociedad, la base solidaria y distributiva del artículo 14 y 14 bis de la Constitución Nacional, donde la “justicia social” es un horizonte a alcanzar. No es atinado confundir estos principios con el “equilibrio fiscal” a cualquier costo.
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