La asociación ARALMA -que trabaja en la prevención y reparación de los efectos del maltrato, abuso sexual y otras violencias que sufren infancias y adolescencias- advierte sobre lo negativo, y errado del análisis, que implica bajar la edad de responsabilidad ante situaciones de infracciones a las leyes penales. Señala que esos hechos que involucran infancias y adolescencias son síntomas sociales que denuncian el deterioro de los sistemas de cuidado, prevención y protección; y la urgente necesidad de políticas. También sostiene representan a menos del 0,1% de los jóvenes del país; y los delitos graves son excepcionales.
Informe completo de Sonia Almada de la asoc. ARALMA: click aquí
La asociación ARALMA hace más de 20 años que defiende los derechos de bebés, niñas, niños, adolescentes y personas adultas sobrevivientes de violencias sufridas en la infancia. Y ante el debate sobre la baja en la edad de imputabilidad penal, advierte que los hechos muestran la falencia de un sistema que no cuida ni tiene políticas claras sobre el asunto
Ante la sucesión de hechos que involucran a niñas, niños y adolescentes en situaciones de vulnerabilidad, Aralma señala que “No son solo crónicas policiales (…). Son síntomas sociales que denuncian el deterioro de los sistemas de cuidado, prevención y protección y la urgente necesidad de una política de salvaguarda infantil de estándar internacional.”
Describe que se trata de “desapariciones, homicidios”; también “niños utilizados para el narcomenudeo, niñas para la explotación sexual, adolescentes atravesados por violencias múltiples”. Y advierte que se trata de casos “que el sistema no supo, o no quiso, ver a tiempo”. Las y los niños imploran ayuda, pero gobiernos y sociedad miran para otro lado.
“Los servicios locales de todo el país –señala un informe de Sonia Almada, experta de la entidad- se encuentran colapsados por las solicitudes de intervención que los trabajadores precarizados intentan dar respuesta sin tregua”. Y destaca: “(…) los niños y niñas sin red en nuestro país cada vez piden más ayuda, pero no siempre logran conseguirla”.
Almada, asimismo, advierte que los hechos que involucran a adolescentes no son los únicos que muestra la corporación mediática. “Existen otros delitos que rara vez ingresan a la agenda pública y que, sin embargo, forman parte de la vida cotidiana de ciertos sectores sociales”. Almada argumenta con ejemplos lo que dice.
Alarmas que no son nuevas
Enumera “robos y destrozos dentro de barrios privados que se resuelven en silencio. Torturas y crueldades hacia animales naturalizadas como juegos. Agresiones de índole sexual entre pares que no se denuncian. Consumo, compra y venta de estupefacientes que no configuran delito porque ocurren bajo determinadas condiciones de clase”.
“No todo lo que infringe la ley convoca castigo ni genera escándalo”, advierte la experta. Pero además revela como los hechos policiales reactivan “el debate público”. Y encienden “alarmas que no son nuevas, pero reaparecen cada vez que la infancia ingresa en la agenda cuando ya ha sido dañada o está en una posición victimaria”.
Almada, asimismo señala que, en la Argentina, “la Constitución Nacional otorga jerarquía constitucional a tratados como la Convención sobre los Derechos del Niño. Ese marco obliga a un sistema penal juvenil especializado y estrictamente diferenciado del de adultos”. Con tribunales específicos. Y la privación de libertad “deber ser siempre el último recurso”.
Almada explica que los procedimientos deben estar “orientados al desarrollo”. Y existe “prohibición absoluta de compartir lugares de detención con mayores”. Para la experta: En tanto sujetos de derecho en desarrollo, rige el principio del interés superior del niño: las sanciones deben tener finalidad socioeducativa”.
La experta considera claramente: “La violencia no nace en el vacío. Se gesta en la falta de oportunidades. En el hambre. En la explotación, en territorios capturados por economías ilegales donde niñas, niños y adolescentes son invisibles o carne de cañón. Y, de manera decisiva, en la ausencia persistente de políticas públicas de protección integral”.
Chivo expiatorio
E informa que según el INDEC para 2023, “los adolescentes en infracción con la ley penal representan menos del 0,1 % del total de jóvenes de 14 a 17 años del país”. Para Almada, esa cifra ínfima “ocupa, sin embargo, una centralidad desmesurada en la conversación pública. Como si allí se condensara todo el peligro, toda la violencia y toda la amenaza social”.
“En 2023 –informa ARALMA, por su parte- solo 4.156 adolescentes estuvieron sujetos a medidas del sistema penal juvenil” en el país. “La mayoría de las causas” fueron “delitos contra la propiedad (55,7%)”. El robo resultó “el más frecuente (55,5 %)”. Y en Provincia en 2023 “de 1.036.696 investigaciones penales (…) apenas el 2,24 % involucró a menores de edad”.
En esta línea, ARALMA, advierte. “Nombrar estos datos no relativiza el daño ni el sufrimiento causado”. Sino que “impide convertir a una minoría ínfima en chivo expiatorio. Esto no implica una propuesta abolicionista, sino la necesidad de un régimen penal adolescente acorde a los compromisos asumidos con la infancia a nivel global”.
Y entre sus conclusiones, la experta Almada sostiene: “Bajar la edad de punibilidad es, en definitiva, una forma de llegar tarde y llamarlo respuesta. Es intervenir cuando el hilo ya está desgarrado. Y no se puede, siempre, cortar el hilo por lo más delgado: la infancia”. Y exhorta a que los adultos con responsabilidad en el tema se hagan cargo.
“Si no hay un giro profundo en las políticas de protección integral, de políticas de salvaguarda que incluya la perspectiva en salud mental –señala al respecto la experta de la asociación Aralma- la infancia será cada vez más un privilegio para unos pocos que tuvieron la suerte de nacer en lugares protegidos o de haber recibido ayuda a tiempo”.
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