En una comunicación, la entidad de derechos humanos, destacó que la imprudente intervención del agente tuvo lugar en un lugar poblado. La Comisión Provincial por la Memoria advirtió que “No se trata de un hecho aislado ni desvinculado de responsabilidades políticas”. Aunque no hay dudas de que el policía mató al niño con disparos de su arma, Bullrich justificó la muerte del niño por el accionar de los delincuentes.
La Comisión Provincial por la Memoria (CPM) expresó su “rechazo a las declaraciones de la ministra de Seguridad de la Nación Patricia Bullrich”, que avaló “la intervención armada de un agente de la Policía Federal” que “mató a un niño de 7 años y a uno de sus atacantes de 18 años, e hirió a otros dos”.
Desde la CPM informaron que el agente realizó “al menos 11 disparos con su arma reglamentaria en una zona poblada”. Y observaron que “No se trata de un hecho aislado ni desvinculado de responsabilidades políticas”. Es que Bullrich eliminó presunciones a tener en cuenta para el uso de armas por parte de los agentes.
En esta línea la CPM reveló que el disparo del agente contra el niño de 7 años, absolutamente ajeno al hecho, “Se da en un contexto en el que la titular del Ministerio de Seguridad, Patricia Bullrich, modificó los protocolos para el uso de las armas de fuego por parte de los agentes federales”.
Sin principios rectores
Y explicó que la Res. 125/24 habilitó “(…) criterios contrarios a los principios rectores en la intervención policial establecidos en los Protocolos internacionales reconocidos por nuestro país en el uso de la fuerza”. Por ejemplo, no dar la voz de alto, o presumir peligro aunque una persona armada esté escapándose y no represente un peligro real.
Para la CPM, de acuerdo con aquellos criterios, “Los funcionarios policiales deben obrar con cuidados extremos al emplear el arma de fuego”. Y deben cumplir con “principios de excepcionalidad, proporcionalidad, progresividad y razonabilidad”. y en este contexto para la CPM no hay duda sobre la responsabilidad directa del policía.
En esta línea explicaron que “no caben dudas de que el agente policial es responsable directo de la muerte del niño”. Y para esto destacan “(…) la multiplicidad de disparos, en una zona poblada y sin una agresión real por parte de los atacantes (…)”. Thiago Correa estaba con su padre en una parada de colectivos.
Desde la Comisión, además, advirtieron: “(…) hay responsabilidad de las autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación”. Esto “al introducir reglamentos y enviar mensajes que promueven el uso desmedido de las armas de fuego. Y avalar, aun en contra de lo dictaminado por la Justicia, a los policías que con su accionar producen muertes”.
Mensajes demagógicos y corporativos
En concordancia señalaron: “La promoción del uso desproporcionado de las armas por parte de las fuerzas policiales, pone en riesgo a toda la población”. Y con razón consideraron que las muertes que produce el Estado “Y más la de un niño”, no deben “derivar en mensajes demagógicos y corporativos (…)”, como los de Bullrich.
Para la CPM, en cambio, la trágica situación debe “producir una profunda revisión de los criterios definidos para el uso de las armas por parte de la policía y autocríticas con relación a las políticas de seguridad que promueven el uso desmedido de la violencia”. Está claro que con Bullrich la violencia estatal se ha exacerbado.
Para la CPM: “El Estado Nacional debe pedir disculpas a las víctimas, reparar a sus familias y facilitar la investigación de los hechos”. Además, debe evitar “la protección corporativa de los agentes que cometen delitos, la obstaculización del acceso a la Justicia, la presión a los funcionarios judiciales y la consolidación de la impunidad”.
En su rigurosa comunicación, la CPM asimismo, dio datos alarmantes y estadísticas que conmueven. Por ejemplo, el hecho de que “el uso letal de la fuerza policial, en la mayoría de los casos, no se producen en un contexto de proteger a la población ante situaciones de riesgo inminente a su vida o integridad”.
Por la espalda
Además: “De las 1.106 muertes” registradas por la CPM en la provincia, entre 2016 y 2024, “el 50% (553 hechos) se produjeron en circunstancias de supuestos robos a los propios agentes, el 11,4 % (126 hechos) para evitar robos de bienes a terceros y solo el 0,5 % (6 hechos) fue para defender la vida de otra persona”.
Asimismo, la Comisión Provincial por la Memoria reveló que de sus análisis sobre las causas en que se investigan los robos de bienes personales o de terceros, “se desprende que la mayoría de los impactos producidos por los policías, en el cuerpo de las víctimas, son de atrás hacia adelante”.
“Es decir -explica la CPM en su comunicación- que las muertes se producen mientras los agresores escapan. Y cuando ya no representan un riesgo para el agente que dispara o un tercero. Sobre 45 casos del 2024 en los que se analizaron las autopsias, se pudo relevar que en 27 de ellos los disparos fueron por la espalda”.
Para la CPM: “Una política de seguridad seria, cuyo objetivo central sea la seguridad de la población y no la demagogia punitiva y represiva de una supuesta «mano dura», debería tener entre sus objetivos reducir las muertes producidas por las propias fuerzas y con las armas que provee el Estado”.
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