Todavía quedan cinco personas sin recuperar la libertad. Las dieciséis personas manifestaron el miércoles 12 en la Plaza Congreso contra la “ley bases”. Y en un accionar intimidatorio, sin razón y al solo efecto de infundir miedo se los detuvo, se los acuso exageradamente de “erigirse en un posible alzamiento contra el orden constitucional”, y hasta se los alojó en cárceles. Ayer martes una multitudinaria marcha, convocada por familiares de las víctimas, agrupaciones políticas y organismos de derechos humanos, reclamó la libertad. Adhirieron diputados, senadores, intendentes bonaerenses, el gobernador de Buenos Aires, Axel kicillof, y sus ministros e infinidad de referentes políticos y sociales de todo el País.
Para amedrentar a los opositores, el gobierno nacional montó una verdadera cacería humana, el miércoles 12 tras la marcha multitudinaria contra la aprobación de la llamada “ley bases” en el Senado nacional. Hasta la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (OEA) se interesó en el tema, por los burdo y amañado.
Las “fuerzas del orden”, a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, aquel día apresaron a estudiantes, vendedores ambulantes, gente en situación de calle y militantes. Los cuales, si eventualmente, marcharon al Congreso para oponerse a la ley que promueve el gobierno desde que comenzó su mandato, lo hicieron pacíficamente.
Sí, el periodismo y militantes, con experiencia, vieron a exaltados que prendieron fuego el auto de un periodista y cometieron otros desmanes. Pero se notaba que no pertenecían a las organizaciones políticas y sociales convocantes. Y se especulaba con que eran infiltrados de la policía, o servicios de inteligencia, para justificar la represión.
En Plaza de Mayo ayer
En este contexto, ayer martes familiares de la víctimas, referentes políticos y de organismos de derechos humanos (DDHH) organizaron una multitudinaria marcha en Plaza de Mayo. Donde reclamaron la libertad de los detenidos por protestar contra el gobierno. Y los familiares leyeron cartas personales para las y los apresados.
De nuestra región adhirieron al reclamo de libertad para las víctimas del apresamiento ilegítimo, entre otros, los intendentes de Tigre, Julio Zamora; de San Martín, Fernando Moreira; y de Pilar, Federico Achabal, entre muchos otros. También el gobernador Axel kicillof, y su gabinete de ministros; y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.
Asimismo, adhirieron el SERPAJ, liderado por Adolfo Pérez Esquivel, que ayer prestó su sede para una reunión que organizó esta marcha. También la Mesa de Organismos de DDDHH y la coordinadora Encuentro Memoria Verdad y Justicia. Particularmente, Iris Avellaneda, de la Liga Argentina por los Derechos Humanos.
Durante la manifestación en la Plaza de Mayo cinco familiares de las y los detenidos leyeron cartas personales para las víctimas. Reclamaron la libertad sin condiciones. Y reafirmaron que de ninguna manera iban a dejar de reclamar y denunciar la represión del gobierno nacional contra opositores, por el mero hecho de manifestarse.
Muestra para el gobierno
En diálogo con Denorteanorte.com, Nahuel Schiavoni, pareja de Sasha Lyardet -la joven universitaria (UNSAM) hoy cumple 25 años- valoró el trabajo de abogados y organismos de derechos humanos que, según explicó, “están laburando día y noche” en la liberación de los detenidos (aun no se conocía que en la jornada saldría la liberación).
Schiavoni puso en duda, si, la actitud del gobierno. “Es difícil saber si vamos a ser escuchados por el gobierno. Pero esta movilización enorme es una muestra para el gobierno (…) No cabe en ninguna cabeza que estudiantes, docentes, que solo se manifestaban, estén acusados de “terrorismo”: es absurdo”.
El joven, además, afirmó: “Sasha estudia comunicación. Ayuda en los barrios. Hace ollas populares. Estudia teatro. No sé qué maldad, tiene que tener esta gente en el corazón, para acusar a inocentes de “terroristas”. Reclamamos la liberación ya, de todas y todos los detenidos. Mañana (por hoy) Sasha cumple 25 años y no queremos que lo pase adentro de un penal”.
Por su parte, Alfredo Cáceres, dirigente del sindicato SUTEBA Multicolor, de Tigre, señaló sobre la represión ilegítima: “Lo vemos como un hecho muy grave que amenaza a todas las organizaciones. De hecho, nosotros mismos pudimos ser víctimas, porque estábamos en el mismo lugar, y de casualidad nos fuimos cinco minutos antes”.
No sucumbir al miedo
Cáceres además afirmó que “Con las y los compañeros que cayeron presos compartíamos el mismo escenario”. Y explico que hubo represión pues “el gobierno no tiene otra manera de pasar el plan de hambre y entrega del país que no sea descargando una brutal represión como la de ese miércoles”.
El dirigente docente de Tigre asimismo explicó: “El gobierno necesita rodearse de personajes impresentables como Stornelli (el fiscal que avaló la represión), y la jueza Servini de Cubría, para “legitimar” este nivel de represión. Aunque creo en la experiencia democrática del pueblo argentino que inmediatamente se solidarizó”.
“Hoy (por ayer) hubo muchos dirigentes, figuras y legisladores de todos los signos políticos para repudiar la represión. Creo que los 30.000 (se refiere a las/los desaparecidos de la última dictadura) no pasaron en vano. Y Bullrich no podrá concretar el plan. Pero no hay que sucumbir al miedo; y si quebrar esta política de hambre y represión que padecemos”.
Tras la marcha a la Plaza, se conoció un escrito judicial del Juzgado Criminal y Correccional Federal Nº 1, sobre las causas 2342/2024 y 2355/2024, sobre lo acontecido en la Plaza Congreso el 12/6 último cuando de trataba la “ley bases”, que “ordena la inmediata libertad” de 11 de los 16 detenidos.
Se trata de Juan Spinetto; Camila Juárez; Nicolás Mayorga; Sasha Lyardet; Héctor Mallea; Cristian Ferreira; Juan Pablo Colombo; María de la Paz Cerruti; Ramona Tolaba; Lucía Belén Puglia y Gabriel Famulari. Queda por ver la situación de David Sica; Patricia Arredondo; Cristian Valiente; Facundo Gómez; y Roberto María de la Cruz Gómez.
Gustavo Camps
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