La llamada pomposamente, Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, del oficialismo, finalmente se aprobó ayer en Diputados. No es la que en diciembre esperaba tener la gestión Milei. Como ejemplo, el “pacto de mayo” (por el 25 de mayo), `para celebrar la norma, si se hace será en Julio. El cómo logró meter esa mega ley atrasada e inservible para el país, por la ventana del Congreso, es otro cantar. Acá solo algunos tips para conocer qué se aprobó.
Con 147 votos a favor, 107 en contra y 2 abstenciones, la Cámara baja aprobó la ley bases que le remitió el Senado como cámara revisora. El oficialismo de La Libertad Avanza (37) con sus aliados, en cogobierno, del PRO (38), y de la UCR (34) más varios nos diputados provinciales (38) llegaron a un número de mayoría para aprobar la ley.
Contra la perjudicial norma votaron 99 diputados y diputadas de Unión por la Patria (no todo el bloque); 5 del Frente de Izquierda Unidad (FIT-U), es decir el bloque completo. Y 3 de Hacemos, 2 socialistas y la peronista, Natalia de La Sota. En tanto se abstuvieron Mónica Frade (CC) y Sergio Acevedo (peronista por Santa Cruz).
La norma aprobada faculta al Poder Ejecutivo para decidir por decreto en temas de administración estatal, economía, energía y cuestiones financieras. Esto por un año. Para dar cuenta de qué quería y qué consiguió Milei, se puede decir que este lapso lo quería por dos años prorrogable a otros dos (todo su mandato ¡Bahhh!).
Derechos laborales abajo
En materia de derechos laborales -un rubro en el que la Argentina se destaca- se aumentará el periodo de prueba -actualmente de 3 meses- a 6 meses para firmas con más de 100 empleados; a 8 meses para empresas hasta 100 empleados, pero con más de 6; y será de 1 año para las firmas de hasta 5 empleados.
En la práctica es dar vía libre a los despidos sin causa en periodos cortos, lo cual permite cambiar planteles solamente para bajar sueldos. También presionar los estándares de productividad. Y sobre todo se somete al trabajador y a la trabajadora a la imposibilidad de contar con un trabajo estable y regular a través del tiempo.
Además, la norma establece un fondo de cese laboral, opcional, para solventar las indemnizaciones. Es decir, las indemnizaciones por despido sin justa causa las podrá pagar el propio trabajador. Y se considerará “grave injuria laboral” el tomar plantas o manifestarse a las puertas, una práctica usual en la lucha de los trabajadores.
La gestión privatista y promotora de libre mercado (si, en el siglo XXI es eso) del actual gobierno de ultraderecha recalcitrante podrá privatizar solamente seis empresas estatales. A saber, AySA SA, de agua y saneamiento; del ferrocarril Belgrano Cargas y Trenes Argentinos; Corredores Viales (rutas, autopistas, autovías) , Enarsa (energía) e Intercargo (servicios aeroportuarios).
Privatizaciones y RIGI
Si la privatización por la privatización misma que proponen estas ideologías obsoletas suele ser perjudicial para los países, uno de los puntos aprobados, verdaderamente lesivo es el llamado RIGI. Este Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones otorga incentivos a proyectos de más de US$ 200 millones en sectores específicos.
Los expertos se han cansado de visibilizar que se trata de beneficios incompatibles con una administración estatal sana. Abre las importaciones, sin proteger a la industria nacional, en su mayoría pyme, será demoledor para el país. Además, se ponen en peligro también las administraciones provinciales.
Entre los cuestionados beneficios a empresas extranjeras -que el Ejecutivo podrá otorgar dentro de un plazo de dos años desde aprobada la ley, extensible a otro- se reducen 10 puntos del impuesto a las ganancias; se devuelve el IVA y se dejan de lado las retenciones a exportaciones de las firmas.
Las áreas afectadas por el RIGI serán las de infraestructura, energía, tecnología, forestoindustria, minería, turismo, siderurgia, petróleo y gas. Cámaras y asociaciones industriales han advertido los inconvenientes del RIGI, pues no trae ningún beneficio perdurable al país, sino pingües ganancias a empresas, de por si poderosas.
La gestión Milei tiene su ley -o lo que pudo rapiñar de ella en estos seis meses. Ahora la gestión se tendrá que poner a gobernar sin excusas. Y en 2025 pasar la primera prueba en las urnas. Y allí se verá cuanto es lo que puede soportar una democracia, en el siglo XXI, con medidas y visiones de como máximo se cuestionan desde principios del siglo XX.
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