El Seminario lo organiza el ministerio de Obras Públicas de Nación bajo el título «¿Qué Argentina queremos ser?”. Tiene lugar en el Centro Cultural Kirchner CCK, de la CABA. Las actividades se llevan a cabo desde ayer martes 6 y continúan hoy miércoles. Habrá espacios de debate sobre los desafíos de la Argentina ante las oportunidades estratégicas de crecimiento en el contexto geopolítico actual. Sobre ciudades inclusivas y resilientes, expertos analizaron las necesidades en materia de obras, para encarar construcciones sustentables.
El ministerio de Obras Públicas de Nación lleva a cabo el primer Seminario de Infraestructura Regional “¿Qué Argentina queremos ser?”. Según informaron apunta a presentar y debatir las claves para desarrollar una infraestructura federal, sostenible e inclusiva. El encuentro se realiza desde ayer en el CCK de la CABA.
Fueron invitados referentes del sector de países de Latinoamérica; integrantes de organismos, entidades y empresas. Asimismo, participan el presidente Alberto Fernández; los ministros de Obras Públicas, Gabriel Katopodis; de Economía, Sergio Massa; de Interior, Eduardo de Pedro; y de Transporte, Diego Giuliano.
También del ministro de Desarrollo Territorial y Hábitat, Santiago Maggiotti; gobernadoras y gobernadores; y funcionarios nacionales, provinciales y municipales. Durante el Seminario -que organiza el MOP- se debaten los desafíos de la Argentina en materia de crecimiento, en el contexto geopolítico actual.
Además, se informó, el Seminario se presenta como un espacio “para pensar el modelo de país que es necesario consolidar para dar respuesta a las demandas presentes”. Y, a la vez, “potenciar las capacidades del país a largo plazo y fijar un horizonte de progreso para las próximas generaciones”.
El suelo
Sobre ciudades inclusivas y resilientes, Guillermo Pesce, jefe de Gabinete del ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat, destacó ayer que actualmente existen acuerdos con 16 provincias y 200 comunas para desarrollar “una política de Estado para la vivienda”, entendida como un “tejido organizativo” para actuar frente a la escasez de viviendas.
“Hoy tenemos una falta de viviendas de casi 3,5 millones. Y seguramente una política nos llevaría 20 años poder completarla”, informó Pesce. Según cifras difundidas por el funcionario, el 94% de la población argentina es urbana. Para Pesce entonces, es necesario comenzar urgentemente a trabajar en energías renovables y sustentables.
Luego se planteó como “problema estructural” la existencia de ciudades denominadas “mediterráneas”, nacidas a lo largo de grandes ríos, con la característica de que no pueden extenderse, aunque si reciclarse. Como el caso de Buenos Aires (CABA), Avellaneda o Lomas de Zamora, en el sur bonaerense, según los ejemplos citados.
“Aquí el tema del suelo es complicado -advirtió Pesce y explicó- Como los terrenos son privados, nuestra propuesta es sentarnos con los municipios para estructurar una red de contención legal. Porque seguramente tendremos que accionar con expropiaciones para construir ciudad y tejido urbano, fundamentalmente en los sectores urbanos”.
Pesce hizo referencia al Programa “Casa Propia”, el cual busca erradicar las viviendas vulnerables. Y como novedad, se les suma tecnología actual como energía solar, señaló. Respecto a la energía Pesce informó que “el gobierno entregó 3.275 viviendas con esta tecnología, con paneles en una prueba piloto que ha dado interesantes resultados”.
Brasil
Otra de las propuestas que Pesce consideró “sustentables” es el “tratamiento de aguas grises (usadas en la vida doméstica y no cloacales), para riego”. Asimismo, señaló que, en las zonas rurales, donde se suman suelos a la urbanización con viviendas, cambia el valor original de las parcelas porque se convierten en zona residencial.
Informó sobre el sistema de compensación de barrios privados (10%) “para viviendas de sistema social”. También sobre el programa Procrear de crédito para vivienda para “la clase media y trabajadora. Se paga en 30 años. Y así el inquilino pasa a propietario”. Y valoró la gestión de acceso a crédito para vivienda como política de Estado.
Luego, Edésio Fernandes, abogado y urbanista carioca, señaló que en las últimas décadas Brasil sufrió un complejo proceso de concentración de población. “El 85% vive en áreas urbanas”, informó. Y un dato preocupante: “el 20% vive en casas precarias”. El experto reveló que “eso se notó mucho en el último gobierno de Bolsonaro”.
Fernandes planteó, asimismo, que “el patrón de urbanización es complicado en Brasil. Ya que hay 15 millones de hogares con dificultades y el 8% de la población vive en Favela. Y el 50% de las Favelas se ubica en tres ciudades, como Río, San Pablo y Belén. Es un patrón de desigualdades extremas”, evaluó el experto.
“Ahora -describió Fernandes- hay un nuevo paradigma de urbanización del país con una Ley nacional que reconoce derechos de ciudades sostenibles, determina qué zonas vacías deben usarse para viviendas sociales. Sin embargo, con el gobierno anterior hubo pocos planes de desarrollo”.
El Estado
Asimismo, explicó que en la actualidad existen “disputas muy fuertes. No existe una articulación de políticas ambientales entre Estados y gobiernos municipales, producto de cierto vuelco a la derecha de gobiernos locales que defienden más el derecho individual que el colectivo”.
A su turno, el arquitecto y especialista argentino en planificación urbana, Eduardo Reese, hizo foco en la importancia de desarrollar planes y proyectos, y del compromiso del desarrollo con derechos colectivos. Reese defendió la planificación estatal en materia urbana y también “las políticas de igualdad” en el acceso a la vivienda.
En ese sentido, planteó que la “urbanización es una función pública” y agregó que en la Argentina se vive en una “sociedad desigual” lo cual es “un hecho estructural que se debe cambiar”. Para Reese: “la desigualdad y la precariedad se debe al funcionamiento especulativo del mercado inmobiliario y a la debilidad de las políticas públicas”.
“Esto es un conflicto que tenemos que afrontar. La función del Estado es la de trabajar sobre el conflicto”, señaló. Reese también destacó como necesidad “desarrollar un proyecto territorial como herramienta de cambio. Donde las políticas tengan perspectiva de derechos, concepción integral y gestión del Estado coordinada, y redistribución de la renta del suelo generada por la acción pública”.
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