El abogado Prado, con su experiencia de vida y su recorrido profesional en derechos humanos, recuerda los años de terrorismo de Estado tras el último golpe cívico militar; del cual en pocos días se cumplen 49 años. Critica la represión de la protesta social y que en democracia se prohíba la presencia del pueblo en la calle. Asimismo, en el contexto de los actuales acontecimientos que son de dominio público, advierte que la violencia engendra más violencia y que, en todo caso, esto no se soluciona con una motosierra.
Por Juan José Prado*
La generación actual no vivió la experiencia durante la vigencia del terrorismo de Estado. Como resultado de ello se produjeron miles de desapariciones forzosas de ciudadanos (30.000 al menos). Por el solo hecho de que una elite de civiles y militares, que con sus armas, imponían un “orden social”, los señalaba como «subversivos».
Derechos fundamentales, como el de la vida se violaron y desconocieron. Además, se secuestraba el fruto de los vientres de mujeres que no comulgaban con el régimen; y se repartían, como “botín de guerra” entre familias escogidas por aquellos que dirigían el terrorismo de Estado, para que “no se contagien” de las ideas de sus padres.
Tortura, sometimiento, además encarcelamiento, vuelos de la muerte, ilustran la etapa oscura que inició aquel 24 de marzo de l976. En 1985, tras la vuelta a la democracia en 1983, en un juicio ejemplar a las juntas genocidas -que no eran los únicos asesinos- se juzgaron a parte de los que cometieron tanto desmán y conducta represiva.
Lo que habían buscado es manejar la economía soberana del país. Todo ese aquelarre de violencia fue posible por la colaboración de civiles, industriales, comerciantes, también medios de comunicación, jueces, jerarquías de los credos. Todos ellos apoyaron el autoritarismo y ocultaban persecución, desaparición, secuestros y muerte.
Aquel 24 de marzo de 1976 se disolvieron el parlamento nacional y las legislaturas provinciales; desde ya los concejos deliberantes. Los represores dictaron el Estatuto y Objetivos Básicos; y se autodenominaron “Proceso de Reorganización Nacional”. Ese estatuto tenía preminencia sobre la Constitución Nacional.
“El DNU 70/23 permite desguazar el Estado (…)”
En la actualidad, a partir del 10 de diciembre de 2023 se dictó el decreto de Necesidad y Urgencia DNU 70/23 que prácticamente delega en el Poder Ejecutivo la facultad de legislar. El DNU 70/23 permite desguazar el Estado, suprimir instituciones y empresas del Estado, además vender el patrimonio nacional sin la participación del Poder Legislativo.
El Poder Judicial, cómplice histórico de los sectores burgueses capitalistas más ricos del país, acepta nombramientos de jueces del más alto rango institucional desde otro poder. Los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se nombran meramente por decreto del Poder Ejecutivo.
El gobierno de Javier Milei concentra el poder. Y se apoya en las fuerzas de seguridad para obturar toda expresión contra el despojo de derechos. La protesta social contra los ajustes a jubilados, la salud, educación, industria nacional, ayudas sociales. Quienes quieren expresar su descontento son reprimidos violentamente.
Hay jueces, no obstante, que disponen la libertad ante detenciones arbitrarias. Pero son atacados desde el gobierno nacional; que además propone su desplazamiento. Se trata de imponer el pensamiento único. El que expresan los columnistas del régimen. Un solo discurso debe escucharse. Las criticas deben ser acalladas.
Una rara concepción democrática y de libertad. Se reprime la protesta social de la peor manera. El gobierno desconoce el Nunca Más que selló el juicio a las juntas del Terrorismo de Estado. Se consideran los derechos humanos como una expresión negativa. El poder en turno busca imponerse con el insulto y el terror.
“La violencia engendra violencia.”
Sobornos en el Congreso, y disciplinamiento al Poder legislativo de la Nación; presión económica a las provincias; también a los sindicatos. Se busca el sometimiento de las instituciones sociales, universidades del Estado. No desconocemos que es un gobierno nacido del voto. Pero es de la peor calidad, sin duda.
Deberían interiorizarse quienes detentan el poder. La violencia engendra violencia. Solo hay que observar la trayectoria histórica de nuestro país, para notar las similitudes con las sucesivas interrupciones del orden constitucional. Se demuestra tristemente en estos días. El orden institucional está en declive.
La política es uno de los espacios de debate y donde se generará el resultado final de esta suerte de contienda: democracia versus autoritarismo. El otro espacio es la calle; por eso se prohíbe la protesta social efectiva y se reprime la presencia en la calle. Y se tapa lo que sucede. Y se sabe que nada de esto se soluciona con una motosierra.
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