Política, Sindicales, Situación Social

Trata el Senado la precarización laboral que propone el gobierno

Senado nacional (Foto ilustrativa Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

Senado nacional (Foto ilustrativa Charly Diaz Azcue / Comunicación Senado)

En medio de un levantamiento policial en Santa Fe por los bajos salarios y una manifestación convocada por sindciatos, las centrales de trabajadores y otras organizaciones de la sociedad civil a la zona del Congreso nacional, el gobierno busca llevar la explotación de las y los trabajadores a épocas anteriores al artículo 14 bis de la Constitución Nacional vigente que, entre otros, dispone: “El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador: condiciones dignas y equitativas de labor, jornada limitada; descanso y vacaciones pagados; retribución justa (…)”.

 Miles de manifestantes comienzan a llegar a la Plaza del Congreso y aledaños para manifestarse contra el proyecto de precarización laboral que el gobierno busca aprobar n el Congreso. Parte del articulado del proyecto llamado de “Modernización laboral” (sic) fue rechazado en su momento por la Justicia del Trabajo, al inicio de la gestión Milei.

En uno de los primeros avances del régimen, el mega DNU 70/2023, el actual gobierno nacional intentó sin éxito la quita de derechos. Ahora vuelve a la carga, aprovechando que el movimiento obrero organizado ha perdido la potencia social y política de otros tiempos, por su burocratización, el cambio generacional también, y muchos otros motivos.

Que el dibujo de la inflación y la cotización del dólar que realiza el gobierno, junto al apoyo acérrimo a la otra gestión neofascista de Donald Trump en los EEUU –para conseguir crédito y propaganda-, no alcanzan para tapar lo negativo de su gestión, se ve en primera instancia en los supermercados y al subir al colectivo y pagar boleto.

Trabajadores no esclavos

En este contexto, por ejemplo, al cierre de empresas a nivel nacional, se suman el levantamiento policial de la provincia de Santa Fe, por la precarización laboral, las denuncias de despidos gremiales en lugares clave del Estado -el hospital Garrahan, de pediatría, por citar-, y las jubilaciones de miseria que el gobierno elude mejorar.

El proyecto de Milei no es nuevo en absoluto. En el último gran período democrático, desde 1983, sin ir más lejos, el menemismo trató de instrumentar su equivalente, y así llegó la gran crisis de 2001 y el “que se vayan todos”. Muchos de los que trataron de desarrollar aquel engendro hoy están en el gobierno (Sturzenegger, Bullrich, otros).

Y los objetivos del proyecto Milei se caen de maduro. Para eludir la indemnización por despido, por ejemplo, crea un “Fondo de Asistencia Laboral” que apunta a desfinanciar organismos como la ANSES, para beneficiar al sistema financiero. Se restan conceptos pagos de la indemnización por despido sin causa, un derecho fundamental, para trabajar.

El proyecto, además, considera justificado despedir a trabajadores y trabajadores que sostienen acciones gremiales como tomas de empresa, impidiendo el trabajo de otros empleados. Además –otro gran derecho laboral- permite jornadas superiores a las ocho horas de trabajo diarias, y un “banco de horas”, para eludir el pago de “horas extras”.

Personas no mercancías

La reforma es de manual para precarizar derechos. Ninguna de las medidas sirve para combatir el desempleo, en condiciones de derecho. Y da pie a emprendimientos para que changarines actuales, como los repartidores “independientes” (Rapi, otros), o los de Uber y otros, puedan ser explotados sin derechos ante la falta de fuentes de trabajo sólidas.  

El proyecto Milei, acorde con la mirada política neofascista de concebir el trabajo como simple mercancía sujeta a los vaivenes del mercado, da por tierra con una concepción pensada y arraigada en la Argentina, que coloca al trabajo como una acción esencialmente humana, que dignifica a la persona, y la constituye como tal.

Desde esta perspectiva útil a la sociedad, el valor del trabajo nace por quien lo realiza: el trabajador, la trabajadora. El trabajo, entonces, es un derecho y un deber de la persona. Y el Estado debe proteger a esa persona, más que al capital que se usa en la producción. El trabajador produce mercancías, pero no es una mercancía como pretende el proyecto Milei.

Gustavo Camps

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