Por Víctor Bruzzoni*
Redactor especial
Catalogado así por su gravedad y complejidad, la causa se tramitó en la Cámara en lo Criminal y Correccional de 7ª Nominación de Córdoba. La enfermera del Hospital Materno Neonatal de Córdoba, Brenda Agüero, era la principal acusada, condenada a cadena perpetua. Los hechos estremecieron a la provincia y al país. Entre marzo y junio de 2022, cinco bebés recién nacidos sanos murieron, y otros ocho estuvieron al borde de la muerte, en el Hospital Neonatal Ramón Carrillo cordobés.
Un trámite judicial catalogado como “juicio histórico nacional” debido a su gravedad y complejidad. Al principio lo que parecía inexplicable, terminó revelando un patrón macabro que luego la Justicia, con evidencias, confirmó. Lo inexplicable es que el denunciante fue un tercero relativamente ajeno a los hechos.
Se trata del ingeniero Francisco Luperi, marido de una médica de guardia, decidió presentarse en los tribunales, luego de escuchar de su pareja lo que estaba pasando en el Hospital. No era mala praxis profesional, sino ataques cuidadosamente ejecutados con evidencia contundente.
No había ampollas mal rotuladas ni fallas de protocolo. Alguien estaba administrando potasio en dosis incompatibles con la vida a bebes recién nacidos. El juicio duró 57 días, con 99 testigos. Y culminó con una decisión histórica: Brenda Agüero fue declarada culpable por un jurado popular.
Crimen serial
La acusada se convirtió en la primera asesina serial condenada en la historia penal de Córdoba. El fiscal Raúl Garzón, a cargo de la investigación, descubrió la oscura trama. El 7 de noviembre de 2022, dictó prisión preventiva contra Agüero y la imputó formalmente por 13 casos. Ella cometió los ilícitos en forma fugaz y aleatoria.
El fiscal considero que las autoridades evitaron “poner en conocimiento de la Justicia los casos que se venían sucediendo”. Y desplegaron “conductas encubridoras” para ocultar y desaparecer “rastros y pruebas”, lo que a la postre favoreció el accionar de la enfermera que tenía acceso las dosis de potasio e insulina.
Las obtenía de los llamados “carros de paro”, móviles con diferentes medicamentos y elementos para tratar emergencias de paros cardiorespiratorios. Según se estableció, prácticamente no tenían control de inventario. En un mar de grises, una de las certezas es que los decesos se produjeron por exceso de potasio e insulina.
“Se detectaron sustancias tóxicas incompatibles con la vida”, expresó el resultado de los datos forenses sobre las autopsias de los recién nacidos, realizadas el 6 de junio de 2023. Específicamente, hablaron de “hiperpotasemia por exceso de potasio (…) inyectada de manera intencional”. Según la firme teoría del fiscal Garzón.
Alguien les inyectó cloruro de potasio e insulina a los bebés. Cinco fallecieron entre marzo y junio de 2022. Dos de ellos producto del exceso de potasio en sus sistemas; y los otros tres, por insulina. Se cree que todos fueron inoculados por inyección. Ciertos datos pueden dar cuenta del efecto mortal.
El debate judicial
Para dar una idea, el cloruro de potasio forma parte de los componentes de la inyección letal que se imparte a los condenados que usan algunas jurisdicciones en EEUU. Los episodios ocurrieron en un mismo rango horario, con bebés nacidos sanos, y siempre con la intervención de la enfermera Brenda Agüero.
Ella marcaba asistencia en el momento exacto en que los bebés se agravaban o morían. Muchos médicos declararon haber sospechado. Pero nadie reaccionó a tiempo. Algunos reconocieron durante el juicio, que al unir cabos, vieron el patrón que antes les pareció aislado. Por esto algunos de ellos recibieron una pena mínima.
Gonzalo Romero, secretario del Tribunal Superior de Justicia a cargo de los Jurados Populares, explicó que para dictar su veredicto, que fue por mayoría, tuvieron una jornada de debate de más de 10 horas. Eran ocho jurados. Se encontraron en un estricto cumplimiento de protocolo. Aislados del exterior.
No tenían teléfonos ni acceso al periodismo. Así se estableció para dictar una decisión adecuada a derecho y sin contaminación. La deliberación del tribunal -de tres jueces técnicos y los ocho jurados- comenzó tras la declaración de Claudia Ringelheim, ex vicedirectora y jefa de Tocoginecología del Hospital cordobés.
Sus palabras, al momento de declarar ante el jurado popular y el tribunal no quedaron registradas por “cuestiones de logística”, según notificó la Justicia de Córdoba. El encuadramiento legal se enmarcó como “violencia institucional”. Mantener la acusación del Ministerio Público Fiscal fue técnicamente difícil.
Absoluciones y condenas
En el caso del abogado querellante, Carlos Nayi, discrepó en tres puntos con esa acusación. Pidió que no se absuelva a la médica María Alejandra Luján, médica que firmó actas de defunción, por falsedad ideológica. Y que se mantenga la acusación de encubrimiento contra Ringhlegheim y Alicia Ariza, ex jefa de Enfermería.
Hubo absoluciones y condenas entre las y los funcionarios. Además de la enfermera y las antes nombradas, fueron implicados Diego Cardozo, ex ministro de Salud; Liliana Asís, ex directora del Hospital Materno Neonatal; Julio Escudero Salama, ex subdirector de Gestión Administrativa; Pablo Carvajal, ex secretario de Salud.
También Alejandro Gauto, ex jefe del Área Legales del Ministerio; Marta Gómez Flores, ex jefa de Neonatología; Adriana Luisa Moralez, médica neonatóloga y coordinadora del Comité de Seguridad del Paciente. La sentencia incluyó además de las penas, el reconocimiento de indemnizaciones para las familia.
El juicio permitió ver que hubo una cadena de responsabilidades que permitió que una enfermera, con acceso directo a recién nacidos, pudiera actuar impunemente durante meses. No obstante, el jurado determinó absolver a cinco de los 10 funcionarios imputados, entre ellos al ex ministro Cardozo.
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