Por Víctor Bruzzoni*
Redactor especial
Luego de la declaración de más de 40 testigos en 19 audiencias. Y dos meses de debate. Tambalea la imparcialidad y equidistancia como atributo de uno de los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro para impartir justicia. La imparcialidad judicial requiere ausencia de prejuicio o favoritismo: Justamente es lo que se reclama a la Jueza Julieta Makintach, integrante del TOC Nº3. Se investiga si una productora filmaba las audiencias sin consentimiento, ni conocimiento, de las partes
Estaba previsto esta semana que declare el psicólogo Carlos Díaz, uno de los siete acusados. Contrató al profesional el abogado, Matías Morla -abogado de Diego Maradona- para abordar la problemática con drogas y alcohol que sufría el 10. Además, estuvo en la reunión en la Clínica Olivos, cuando se decidió la internación domiciliaria en el barrio cerrado San Andrés.
Además, debían declarar dos acompañantes terapéuticos, los hermanos Alejandro y Carlos Cottaro. Nada de eso sucedió. Por el contrario se suspendió la continuación de la causa por el término de siete días mientras se aclara la situación. Es decir, mientras se investiga una causa, aparte, por la realización de un documental, para lo cual, incluso, se registraron imágenes de las audiencias.
Imparcialidad
Asimismo, trascendió que probablemente la productora está vinculada a un familiar de una de las juezas a cargo del juicio. Existiría la posibilidad que se configure un delito de acción pública vinculado a la existencia de gestiones, coordinaciones o negociaciones con productoras audiovisuales, con relación al juicio de la causa Maradona. Esto sin conocimiento ni consentimiento alguno de las partes.
Tal situación podría implicar una afectación directa al debido proceso. De comprobarse, compromete el principio de imparcialidad, reserva e independencia judicial. Y esto podría encuadrar en tipos penales que van a afectar el correcto ejercicio de la función pública y el curso regular de la justicia. La fiscal Carolina Asprella interviene en la causa, que es paralela a la del 10.
La fiscal Asprella, entonces, citó a declarar a dos policías. Estaban encargados de la seguridad y acceso del público del TOC. El interrogatorio se basó en imágenes de la filmación oficial de la Suprema Corte de Justicia de la Provincia de Buenos Aires (SCPB), encargada de transmitir las audiencias preliminares (de lineamientos) de cada una de las partes.
Burlando y Braudy denunciantes
Los abogados, Fernando Burlando -representante de las hijas de Maradona, Dalma y Gianinna- y Mario Baudry -letrado de Verónica Ojeda- entienden que, si se comprueba la filmación, esto implica la comisión de varios delitos. Por ahora, los nombres de los involucrados son Juan Manuel D´Emilio y María Lía Vidal Alemán -a la que registran las imágenes de la SPB junto a otros dos hombres, no identificados-.
Varios medios difundieron declaraciones del abogado, Carlos Rivas, de Leopoldo Luque, que aseguró que el documental lo realiza la productora Pegsa -del ex rugbier, Agustín Pichot, y Juan Makintach, hermano de la jueza-. Esta negó la realización de un documental, y aclaró que no tiene vínculo con Pegsa, ni la BBC, y que su hermano, de viaje por trabajo, es ajeno al juicio.
En un estado de derecho, las garantías de los ciudadanos a ser juzgados por un tribunal no contaminado directa o indirectamente, constituyen un atributo esencial En definitiva, el juez jurisdiccional se define por su imparcialidad. Urge, entonces, que se determine si efectivamente se elaboraba un documental; y bajo qué potestad se autorizó, o no, tal filmación.
*Abogado. Ex juez del fuero laboral
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