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Defensorías del Pueblo piden no excluir a jubilados y grupos vulnerados, del reintegro del IVA

El recorte en el reintegro del IVA es una más de las medidas del gobierno nacional en línea con las exigencias del FMI para soltarle fondos. El reintegró nació en 2016 (ley 27.253) en medio de la crisis económica como consecuencia de las medidas del propio gobierno, y tras prorrogas venció el 31 de diciembre último. La solicitud de la Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) es para proteger a jubilados y otros grupos vulnerables. La entidad anunció que no se los excluya del beneficio, anunció la entidad en un comunicado oficial.

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Vouilloud

La Asociación de Defensorías del Pueblo de la República Argentina (ADPRA) -entidad de la que forma parte la Defensoría de Vicente López, a cargo de la abogada María Celeste Vouilloud- le solicitó al Poder Ejecutivo Nacional la prórroga de la ley 27.253, que dispone el reintegro del 15 % del IVA a los jubilados y otros grupos vulnerables, anunció la entidad en un comunicado de prensa.

Junto con los tarifazos, los recortes a jubilados y otras medidas que perjudican a amplios sectores de la sociedad, forman parte de las exigencias del FMI al gobierno nacional, para que le inyecte fondos en una economía en crisis, con la industria y los sectores productivos jaqueados, y solo un sector minúsculo beneficiado, producto de las propias políticas del gobierno nacional.

La medida perjudica, según datos oficiales, a más de 1.200.000 personas. Para los jubilados este recorte se suma a otra medida que también los perjudicó, dispuesta por el presidente Macri, que fue el cambio en el cálculo del Impuesto a las Ganancias, que ahora suma todos sus ingresos previsionales, en lugar de tomarlos de a uno, con lo cual llegan al monto imponible.

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La Defensoría está presente en las calles de la ciudad

Las defensorías del país enumeraron el tipo de beneficiarios a los que perjudica el recorte en el reintegro del IVA: “personas que perciben jubilaciones y pensiones por fallecimiento sin superar el haber mínimo; los que perciben la asignación universal por hijo (…), la asignación por embarazo (…), pensiones no contributivas nacionales en sumas que no excedan el haber mínimo; personal de casas particulares; y planes de respaldo a estudiantes y Progresar”.

Sectores vulnerables

Otra de las cuestiones que analiza la ADPRA es el monto máximo del beneficio, que según la ley, explicaron, surgía del reintegro del 15% del IVA sobre compras de ese sector, pero con el tope de un máximo de tan solo $ 300. El tema es que el monto nunca se actualizó ni siquiera por inflación, otro de los índices que se le disparó al gobierno nacional.

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Las defensorías también pidieron que se suba el monto máximo del beneficio que era de solo $ 300 (Foto ADPRA)

En su comunicado la ADPRA explica que su pedido “tiene la finalidad de que se mantenga el beneficio al sector social más vulnerable de la población y que recibe con mayor impacto las consecuencias de la inflación”. E informa que la ley fijó la vigencia del beneficio al 31-12-2017, pero le da atribución al Poder Ejecutivo Nacional (Mauricio Macri) de prorrogarlo.

La ADPRA, asimismo, le recordó al gobierno que la prórroga que firmó en febrero 2018 enunciaba: “continúa siendo un objetivo prioritario del Gobierno Nacional la asistencia a las personas de menores ingresos de todo el país a través de medidas concretas y transparentes, con la finalidad de lograr una reducción sostenida de la pobreza (…)”

Y Además: “Que la implementación del régimen de que se trata tiene por finalidad mejorar el ingreso disponible y la capacidad de compra de los sectores más vulnerables conformados por aquellas personas que destinan al consumo de bienes de primera necesidad la totalidad o gran parte de sus ingresos…” .

Entonces, la ADPRA “teniendo en cuenta los propios fundamentos expresados en el decreto de prórroga” (…) “adicionando a ello el incremento en el costo de toda la canasta de alimentos y los restantes precios como resultado de la inflación”, le solicitó al PEN que “analice la viabilidad de disponer la prórroga de la ley 27.253, actualizando además el monto tope de reintegro”.

Gustavo Camps

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