Es porque el gobierno nacional, que no consiguió derogar la Ley de Emergencia en Discapacidad por el rechazó que sufrió del cuestionado Capitulo XI del proyecto de Presupuesto, trató de estigmatizar al sector. Al “anunciar” que detectó 178.000 certificados de personas fallecidas. Tener el CUD, en definitiva, explicaron desde el Foro, no significa cobrar pensiones, que es lo que el gobierno quería hacer creer, para ganar adeptos. El Presupuesto 2026 se aprobó sin derogación de la Ley, pero con recortes a los fondos de las pensiones con discapacidad.
Después de dos años el gobierno elaboró por primera vez un presupuesto y con su minoría y aliados logró la aprobación. Fiel a su política de obstruir y recortar financiamientos útiles para el país, tanto las universidades públicas, como el sector de la discapacidad, tendrán menos fondos. Pero no logró eludir su obligación con la Emergencia en Discapacidad.
En este contexto, trató de estigmatizar al sector. Y paralelamente al rechazo en Diputados de la derogación de la Emergencia en Discapacidad que proponía su proyecto de Presupuesto, difundió una supuesta detección de 178.000 certificados CUD. Los cuales serían de personas fallecidas. Tras un control cruzado con el registro de personas (RENAPER):
En su estilo pomposo dijo que irá contra quienes supuestamente utilizaban esos CUD y contra prestadores que habrían facturado servicios. Desde el Foro en Discapacidad, primero, explicaron lo lógico y elemental, que da por tierra con la campaña del gobierno. “(…) poseer un Certificado Único de Discapacidad (CUD) no implica recibir una prestación ni cobrar pensión alguna”, señalaron.
Llamativo y sospechoso
Desde el Foro también advirtieron: “Resulta llamativo y sospechoso que, luego del revés sufrido por el Gobierno cuando 123 diputadas y diputados rechazaron el Capítulo XI del Presupuesto 2026 (…) el titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) haya salido a informar que se habrían detectado”, los CUD.
Y explicaron que la aclaración vale. Pues “la noticia parece buscar instalar en el imaginario social la idea de (…) 178.000 pensiones cobradas de manera irregular«. Además: «Reforzando el discurso oficial que intenta presentar los reclamos del sector como parte de un supuesto `curro`”. Muchas personas tienen CUD y no reciben ninguna prestación ni perciben pensión.
El Foro también explicó que con la dudosa “información” del gobierno nacional “puede inducirse a pensar erróneamente que esta información surge de la auditoría realizada sobre las pensiones. Es necesario aclarar que dicha auditoría estuvo dirigida exclusivamente a verificar si las personas titulares de pensiones cumplían con los requisitos exigidos”.
Es decir “no a analizar la validez de los certificados de discapacidad”. Pero esto no es todo. Desde el Foro aclararon que “para acceder a una pensión no se exige el CUD. Sino el Certificado Médico Obligatorio, que es emitido por un hospital público y debe estar refrendado por el médico evaluador y el director del establecimiento”.
ANDIS y RENAPER
Cuando una persona fallece, explicaron, el RENAPER “debe informar esta situación a los distintos organismos del Estado para que se realicen las bajas correspondientes. Que luego de dos años de gestión recién se llegue a esta supuesta conclusión —si es que efectivamente es cierta— evidencia graves falencias en la gestión estatal”.
Desde el Foro de la Discapacidad también consideraron con lógica impecable: “Resulta difícil de comprender cómo, en este tiempo, no se haya conformado un padrón articulado entre ANDIS y el RENAPER”. Y volvieron a advertir: “Intentar vincular esta situación con los prestadores implica sugerir que existirían facturaciones a nombre de personas fallecidas”.
Por lo tanto, el Foro señaló: “Si algo así fuera cierto, se trataría de un hecho fraudulento que debe ser investigado y sancionado”. La información fidedigna del Foro de la Discapacidad pone en tela de juicio no solo la oportunidad. Sino la veracidad de la importancia de los anuncios del gobierno nacional para estigmatizar al sector.
Desde el Foro, asimismo, aclararon que “para que una persona reciba una prestación, organismos como PAMI, Incluir Salud, las obras sociales o las prepagas deben autorizar previamente la atención”. Y, además, que “las facturaciones se realizan mensualmente, por lo que estos mismos organismos deberían conocer” si la persona vive o no.
Maniobra del gobierno
Y explicaron: “De existir facturaciones sostenidas en el tiempo a nombre de personas fallecidas, debería suponerse la participación y responsabilidad de múltiples actores. Y no utilizar el tema para instalar sospechas generalizadas. Además, sostuvieron que “el objetivo” del gobierno “es sembrar dudas en la población, sin aportar pruebas ni explicaciones claras”.
Desde el Foro de la discapacidad, ante la maniobra del gobierno, exigieron a la agencia ANDIS “que acompañe esta información con datos concretos sobre el supuesto perjuicio económico generado. Ya que la sola difusión de esta noticia expone fallas graves en los mecanismos estatales de registro y comunicación de fallecimientos”.
Asimismo, exigieron que “los funcionarios responsables brinden las aclaraciones necesarias que resguarden la buena reputación de las personas con discapacidad y de los prestadores, evitando estigmatizaciones y sospechas infundadas”. Y se mantienen a la espera de que el gobierno aclare la situación sin desinformar ni generar “desconfianza hacia los sectores que decide desvalorizar”.
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