Hay vetos y vetos. En la Argentina el Congreso Nacional frenó un veto injusto, y de dudosas intensiones, contra las personas con discapacidad del país. El autor, el actual presidente, Javier Milei, había vetado totalmente la Ley de Emergencia en Discapacidad, a pesar de que desde el sector le habían pedido que analice y vete solo algunos artículos. Milei ni siquiera estaba en el país cuando se hizo justica, ayer jueves. En esta nota de la agencia IPS, en cambio, se ve como un presidente responsable, Lula da Silva, de Brasil, veta algunos artículos -de una Ley de Licencias Ambientales- que desprotegen áreas comunitarias de su país.
(Enlace a nota en IPS: click)
(Por Corresponsales de IPS) El Parque Nacional Serra da Gandarela hace parte de la Mata Atlántica, en el sureste de Brasil. Cuya protección se vería disminuida con una reforma del régimen de licencias ambientales aprobada por el Congreso. Sin embargo, el presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetó gran parte del articulado. Y esa decisión fue saludada por expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas.
GINEBRA–Expertos en derechos humanos de las Naciones Unidas (ONU) saludaron en una declaración, este jueves 4, el veto que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, impuso sobre la ley de licencias ambientales que aprobó el Congreso Nacional en julio. “Estos vetos demuestran el compromiso de Brasil de cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos y medio ambiente”, resumieron los expertos en su declaración.
Lula promulgó el 8 de agosto la Ley de Licencias Ambientales. Llamada “ley de devastación” por el movimiento ambientalista. Pero vetó gran parte de su texto, 63 artículos que contenían las disposiciones más problemáticas. Una mayoría conservadora en el parlamento impulsó la ley, y en la Cámara de Diputados reunió 267 votos a favor contra 116 en contra.
“La agricultura, parte de la ganadería extensiva y diversas infraestructuras
no necesitarían licencia ambiental.”
Los expertos de la ONU, que actúan por mandato del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en esta ciudad suiza, habían advertido que esa ley “abriría la puerta a graves riesgos de daños irreparables para las comunidades y los ecosistemas”. La ley permitía a los emprendedores una autolicencia, si sus proyectos conllevaban riesgos moderados, y simplificaba las autorizaciones para los proyectos considerados “estratégicos”, de acuerdo con una clasificación que establecería semestralmente el Consejo de Gobierno, vinculado a la presidencia.
Se establecía una modalidad de licencia ambiental única, entregada en una sola etapa, en vez de las cuatro habituales, que comprenden viabilidad, instalación, ampliación y operación de un proyecto. Proyectos con un potencial contaminante ya no solo bajo, sino también medio, podrían conseguir permiso con solo llenar un formulario.
La agricultura, parte de la ganadería extensiva y diversas infraestructuras no necesitarían licencia ambiental. Y no se estableció una lista nacional de actividades que requerirían permiso ambiental, dejando esas decisiones a estados y municipios. También se debilitaban los procesos de consentimiento libre, previo e informado para los pueblos indígenas y las comunidades afrodescendientes que viven en tierras no demarcadas, y se disminuía, según los ambientalistas, la protección de la Mata Atlántica, el bosque húmedo que cubre áreas el este y sureste del país.
Los expertos de la ONU habían expresado su preocupación, al considerar que la ley conllevaba una regresión en la protección del medio ambiente, el clima y los derechos humanos, incluyendo el deber de prevenir daños ambientales y climáticos. Por eso saludaron que “al vetar la mayoría de sus disposiciones más problemáticas, el gobierno ha abordado eficazmente las principales preocupaciones planteadas por los expertos. Entre las disposiciones vetadas se encontraban las exenciones”.
“Aplaudimos la decisión del gobierno brasileño. Ya que demuestra que escuchar
las voces de los afectados (…)”
Señalaron que la ley mantiene una referencia a un proceso de licenciamiento simplificado para los llamados “proyectos estratégicos” y que existe una medida de precaución para evaluarlos. Afirmaron que “todos los proyectos, estratégicos o no, que puedan tener un impacto significativo en el medio ambiente, el clima o los derechos humanos, deben estar sujetos a una evaluación de impacto ambiental adecuada y exhaustiva basada en la mejor ciencia disponible, incluida la ciencia indígena”.
“Aplaudimos la decisión del gobierno brasileño. Ya que demuestra que escuchar las voces de los afectados, incluidos los titulares de derechos humanos y las comunidades científicas, puede conducir a decisiones adecuadas y prevenir daños a largo plazo al derecho de todos a un medio ambiente sano”, agregaron. Finalmente, instaron al Congreso Nacional a mantener los vetos presidenciales.
Y advirtieron que revertirlos “violaría la Constitución, los derechos humanos, la protección del medio ambiente y las obligaciones de Brasil en virtud de múltiples tratados y el derecho internacional consuetudinario”. Tanto la ley, como su promulgación con el veto añadido y las consideraciones de los expertos, se registran a pocas semanas de que se inicie en Belém, en el noreste de Brasil, la 30 Conferencia de las Partes (COP30) de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
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