Por Víctor Bruzzoni*
Redactor especial
El Jury de enjuiciamiento de la Provincia de Buenos Aires decidió rechazar en forma unánime las peticiones de la defensa de Julieta Makintach y continuar con la apertura del juicio político. El juicio tiene fecha de inicio el 6 de noviembre. La decisión se tomó tras varias horas de debate. El mecanismo se encuentra previsto en los arts. 53 de la Constitución Nacional y 73 inc. 2 de la Constitución bonaerense. Es la forma de investigar a sus miembros inferiores el Poder Judicial.
Rendir cuentas por el desempeño de la función es condición de todo sistema republicano, y se asegura el contralor de un poder sobre otro. Su naturaleza es netamente política, ya que no se limita a la faz penal, sino a determinar si el funcionario o juez es apto para continuar o no, al verificarse si obró conforme a las normas de la buena conducta.
Recordemos, que se imputa a la doctora Julieta Makintach, en el contexto del denominado Juicio por la muerte de Maradona (60), en una causa por la grabación de un documental (“Justicia Divina”) sin consentimiento de parte. Por ese motivo el Poder Judicial bonaerense anuló ese juicio. Y la causa ahora se debate en otro proceso judicial.
En caso de que se compruebe la denuncia,
la jueza Makintach podría ser destituida (…)”
En caso de que se compruebe la denuncia, la jueza Makintach podría ser destituida una vez finalizado el juicio. Con lo cual perdería los fueros. En este contexto, su abogado defensor, Darío Saldaño, adelantó que presentará un recurso de reposición y, consideró, que «no están dadas las condiciones» para llevar adelante el enjuiciamiento de su defendida.
El proceso es complejo, sin duda. Pero ofrece garantías dada la estabilidad constitucional de los magistrados. Tiene vigor, cuando retumba públicamente sobre la transparencia y conducta de estos. Lo preside, conforme el art. 182 de la citada Constitución, la presidenta de la Suprema Corte de Justicia bonaerense, Hilda Kogan.
Interviene en todas aquellas denuncias o requerimientos que se hubieren presentado durante su desempeño hasta su total terminación, mientras dure su condición de Juez de la Suprema Corte (Art. 6 de la ley 13.661 -texto según ley 15.031). Lo integrarán los conjueces legisladores Ariel Martínez Bordaisco (UCR-Cambio Federal).
“El primer juicio político, se produjo
en la provincia de Buenos Aires, en 1935.”
También los conjueces legisladores, Abigail Gómez (La Libertad Avanza); Sergio Raúl Vargas (Unión Renovación y Fe); y Maite Alvado (Unión por la Patria). El sorteo para los conjueces abogados (con matrícula provincial) recayó en, Álvaro García Orsi; Pablo Agustín Ciocchini; Fabián Ramón González; María Victoria Lorences y Mirta Daniela Greco.
El Colegio de Abogados de San Isidro, el letrado Fernando Burlando y Julio César Coria (detenido por falso testimonio en el juicio del Diez), fueron los impulsores del juicio político durante la acusación. La jueza además es sometida a proceso penal ordinario, donde resultó imputada de cinco delitos.
El primer juicio político se produjo en la provincia de Buenos Aires, en 1935. Fue contra el gobernador (1932-1935), Federico Martínez de Hoz (político y estanciero que gobernó con fraude electoral por la UCR proscripta). Se lo enjuició por la construcción de desagües, en Castelli, que beneficiaban a su estancia; pero sobre todo por cruces que tuvo con los conservadores.
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