La Comisión Provincial por la Memoria alertó sobre el riesgo para la población que genera la Res. 956/2018 sobre empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad. El organismo provincial de promoción y defensa de derechos humanos en democracia, que dirige el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, expresó su preocupación y rechazo por el uso de doctrinas regresivas en el uso de las armas.
Peligro: policía armado (Foto ilustrativa CPM)
En un comunicado de prensa la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) evaluó que la Res. 956/2018, sobre empleo de armas de fuego por parte de las fuerzas federales de seguridad, forma parte de una doctrina que “promueve la construcción de enemigos internos y la exacerbación de la intervención de las fuerzas de seguridad”.
El organismo promotor de derechos humanos en democracia expresó su preocupación y el rechazo de la norma represiva, emanada del gobierno nacional, pues genera “la cristalización y profundización de doctrinas regresivas en el uso de armas de las fuerzas policiales” y advirtió que deteriora “severamente los derechos de la población”.
La CPM advirtió: “cualquier reglamentación” debe privilegiar “la protección de la integridad física y la vida de todos los involucrados ”
La resolución -explicó el comunicado- se inscribe en una doctrina, ya definida por el gobierno Nacional, en la que los márgenes de la intervención de las fuerzas armadas y de seguridad se corren sin límites y deteriorando severamente los derechos de la población” y promueve “la exacerbación de la intervención de las fuerzas de seguridad”.
El organismo provincial dirigido por el premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, vecino de San Isidro, manifestó que la llamada “doctrina Chocobar” -un agente que se excedió en el uso de su arma e igualmente fue felicitado por el presidente Macri- implica “la habilitación de facto para el uso ilegal del arma de fuego por los agentes policiales”.
En esta línea la CPM explicó también que el contenido de dicha resolución “no puede ser considerado como un protocolo ni como una guía para la intervención policial, sino más bien como una grave e irresponsable enunciación de principios que dejaran latentes riesgos inminentes para la población en general” y coloca a la policía “en la ilegalidad o en la arbitrariedad”.
Derogación
CPM: «Es falso que estén reglamentando lo establecido por la ONU» (Foto ANRed)
El comunicado de la CPM también puede leerse como una alerta para las propias fuerzas policiales, pues la polémica resolución “propone un curso de acción para los policías que los coloca en la ilegalidad o en la arbitrariedad, agregando un nuevo mojón en la larga tendencia a la desprofesionalización de las fuerzas policiales y de seguridad”.
Clara en su análisis, la CPM advirtió: “Bajo estas previsiones, el reglamento no torna legales las intervenciones policiales que se produzcan en las circunstancias que describe”, por el contrario “La falta de formación de las fuerzas” (cursos cortos) y “de práctica en el uso de armas y la ausencia de perspectiva de derechos humanos”, suman gravedad a la situación.
Y alertó que la resolución, lejos de “promover un uso excepcional y razonable de la fuerza letal”, al contrario: “ofrece excusas legales para los agentes policiales que tengan que afrontar procesos judiciales”. Además “no sólo propicia la muerte” en las intervenciones, también “enuncia mensajes rápidamente asimilables” por las fuerzas “que tienen como premisa la ilegalidad y la desprofesionalización”.
“La falta de formación de las fuerzas” (cursos cortos) y “de práctica en el uso de armas y la ausencia de perspectiva de derechos humanos”, suman gravedad a la situación.
Aunque desde el ministerio de Seguridad, que encabeza Patricia Bullrich, se sostiene que la Res. está dentro de las previsiones de la ONU en la materia, la CPM evaluó que “El reglamento desnaturaliza estas previsiones, que sin duda son las que promueven tanto los instrumentos internacionales de Naciones Unidas como las recomendaciones del Sistema Interamericano”.
La CPM explicó: “El riesgo inminente a la integridad que habilite el uso de armas, no puede ser previsto con criterios y ante supuestos extremadamente ambiguos y confusos como los que se proponen; los criterios rectores para el uso de las armas de fuego deben ser, la excepcionalidad, la mínima lesividad, la protección de la vida, la proporcionalidad y la progresividad en el uso de la fuerza”.
Luego advirtió que ningún organismo alude a los supuestos del peligroso reglamento. “(…) Es falso que estén reglamentando lo establecido por la ONU, sino que se están incorporando criterios contrarios a estas previsiones. De manera tal, que la irresponsable ilegalidad sobre la que se asienta esta resolución, sólo puede ser corregida mediante su derogación”.
Y propuso: “la elaboración de reglamentos y protocolos que de manera seria y rigurosa establezcan los principios rectores del uso, portación, capacitación, control y custodia de las armas de fuego en poder de las fuerzas policiales y de seguridad”; y destacó que “cualquier reglamentación” debe privilegiar “la protección de la integridad física y la vida de todos los involucrados».
En principio, cabe consignar, la resolución represiva tiene jurisdicción federal, no en la provincia de Buenos Aires, pero nada impide que la gobernación adhiera a su uso. Por ahora desde el gobierno provincial no hubo información precisa sobre si va a adherir o no a la norma.
GC
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