Es un servicio que realizan empleados judiciales de las oficinas de Mandamientos y Notificaciones; y de los Juzgados de Paz. La Suprema Corte de Justicia bonaerense quiere contratar a empresas de correo y abogados para que también notifiquen. Desde la Asociación Judicial Bonaerense AJB consideran la operación es la privatización del servicio. Y denunciaron que los trabajadores del sector reclaman desde hace muchos años, más presupuesto y mejores condiciones de trabajo.
Las oficinas de Mandamientos y Notificaciones y los oficiales de Justicia y notificadores de los Juzgados de Paz tienen la función de entregar notificaciones; o formalizar diligencias judiciales. El artículo 135 del Código Procesal Civil y Comercial bonaerense confiere esa función a esos funcionarios públicos; y no a otros.
No obstante, la AJB denunció públicamente que la Suprema Corte de Justicia bonaerense tiene un proyecto para que esas funciones también las realicen el correo (privado o concesionado); y abogados matriculados. Para la entidad sindical se trata lisa y llanamente de privatizar ese servicio, que además es indelegable por ley.
Desde la AJB rechazaron lo que consideran “la privatización del trabajo que realizan las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones; y los Oficiales de Justicia y Notificadores de los Juzgados de Paz”. En esta línea, asimismo, difundieron un comunicado donde sintetizan los puntos que el proyecto del alto tribunal vulnera.
Justicia para ricos
A saber, desde la AJB aseveraron que la iniciativa “afecta el derecho a la defensa y el debido proceso; además no garantiza la imparcialidad de quienes realizan las diligencias; genera una Justicia para ricos y otra para el resto”; y “fomenta una justicia más sectaria y alejada de la sociedad; en vez de un Poder Judicial eficiente, imparcial, al servicio y al alcance de todas y todos los ciudadanos”.
Pero eso no es todo. Para la AJB la medida, de concretarse, “contradice la legislación vigente. Ya que el artículo 135 del Código Procesal Civil y Comercial de la Pcia. de Bs. As. les confiere exclusivamente a los funcionarios públicos (oficiales notificadores y de justicia) la realización de actos procesales específicos”.
Además sostiene que “castiga a las y los trabajadores de las Oficinas de Mandamientos y Notificaciones” que hace años reclaman “más presupuesto y mejores condiciones de trabajo”; y “transforma puestos de trabajo estables y genuinos” en “precarios y temporarios; que no aportan al Instituto de Previsión Social. Con lo cual también se afecta nuestra caja jubilatoria”.
AA
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