La Comisión Provincial por la Memoria, que encabeza el Premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, advirtió que “las políticas de mano dura impulsadas por el gobierno nacional y provincial provocaron la mayor crisis y colapso del sistema de encierro y graves violaciones de derechos humanos.” y evaluó que “bajar la edad de imputabilidad o punibilidad de los niños, niñas y adolescentes (…) no tiene ningún fundamento cómo política de seguridad porque, a pesar del estigma social que recae sobre los jóvenes pobres, su incidencia en la comisión de delitos es mínima”.
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“Medidas poco serias, sesgadas, demagógicas y de escaso impacto en la lucha contra el delito”. Así caracterizó la Comisión Provincial por la Memoria los anuncios que promociona el gobierno en el año electoral, particularmente la baja de la edad de imputabilidad penal de niñas, niños y adolescentes a 15 años, algo que la CPM advirtió ni siquiera incide como política de seguridad.
La Comisión que encabeza el Premio Nobel de la Paz, y vecino de San Isidro, Adolfo Pérez Esquivel, en un minucioso análisis de la políticas represivas del gobierno también se refirió a la situación de adultos y jóvenes privados de libertad, y a las masacres de Pergamino (2017) y Esteban Echeverría (2018), que suman 17 muertos en comisarías, bajo custodia del Estado.
El organismo, experto en la gestión contra las violencias estatales independientemente del gobierno de turno, reveló así que la incidencia de bajar la edad, en la comisión de delitos, es mínima: “apenas el 3 % del total en el caso de jóvenes hoy imputables entre los 16 y 18 años y a un porcentaje ínfimo” en “los menores de 16 años sobre los que se pretende bajar la edad”.
Foto enredando comunicación popular
Asimismo, la Comisión de derechos humanos reveló que “Es falso afirmar que los jóvenes de menos de 16 años que cometieron un delito están en libertad: en la provincia de Buenos Aires” pues “de los 680 jóvenes detenidos en centros cerrados o cárceles para jóvenes, entre el 10 y el 12% son menores de 16 años imputados por homicidios, delitos sexuales o robos con armas”.
“Otra de las falacias -explicó la CPM- es justificar el proyecto como medida para garantizar el debido proceso de los niños” pues la realidad bonaerense “da cuenta de que no es así: gran parte de los jóvenes entre 16 y 18 años están condenados mediante un juicio abreviado extorsivo que demuestra la nula garantía de defensa en juicio o debido proceso legal que padecen”.
Bullrich, ministra de Seguridad
Demagogia punitiva
La Comisión enumeró varias de las acciones y anuncios de la política represiva del gobierno, a saber: “Baja de edad de imputabilidad penal, imputabilidad administrativa a cualquier edad, protección a funcionarios policiales que cometen delitos, discriminación y estigmatización de extranjeros, compra de armas para torturar, incremento de la persecución del narcomenudeo”.
Luego consideró que tales políticas de Nación y Provincia causaron “la mayor crisis y colapso del sistema de encierro y graves violaciones de derechos humanos. Han profundizado la tortura y la muerte ejercida por el Estado sobre sectores vulnerables de nuestro país” y fueron “acompañadas por un notable ajuste en las políticas sociales de promoción y protección de derechos”.
“El nuevo intento de bajar la edad de imputabilidad o punibilidad de los niños, niñas y adolescentes, que impulsan los ministerios de seguridad y justicia a nivel nacional –explicó la Comisión- va en la misma dirección, teniendo como contrapartida el cercenamiento de la financiación de las políticas de niñez expresadas en el presupuesto nacional 2019”.
Para la CPM deben ser prioridad “las políticas de inclusión que contemplen la equiparación de las desigualdades”
De esta manera la CPM llegó a la conclusión de que “la profundización de esta orientación manodurista es pura demagogia punitiva, de claro tinte electoralista.” pues “Cuando insisten con profundizar la mano dura, el gobierno elude hacerse cargo de la crisis humanitaria que se vive en los lugares de encierro, tanto cárceles como en dependencias policiales”.
Irresponsabilidad institucional
La Comisión Provincial por la Memoria expresó su “preocupación y rechazo por los anuncios del gobierno nacional que profundizan políticas de seguridad orientadas hacia un mayor endurecimiento de la persecución penal como único recurso para garantizar la vida y la integridad de las personas” pues “carecen de sustento riguroso en datos o información fiable”.
“Estas acciones -evaluó la CPM- no se piensan” integralmente para resolver la seguridad y “sólo pretenden achicar, enmarcar y condicionar la agenda política de cara a las elecciones. Constituyen una enorme irresponsabilidad institucional que profundiza graves violaciones de derechos humanos de las poblaciones más vulnerables sin resolver la situación que se pretende”.
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Entre las conclusiones de su análisis, el organismo defensor de los derechos humanos puso de relieve que lo enunciado y lo descripto por la entidad “son muy graves para el Estado de derecho, que es lo que todo gobierno democrático tiene obligación de defender y consolidar.” y “No deben ponerse en riesgo para intentar mejorar las posibilidades electorales de un partido”.
“La sociedad -destacó la CPM- no puede admitir (…) políticas que vulneran el Estado de derecho, insistiendo en que algunas personas tienen más derechos que otras. O que la integridad de unas pocas debe asegurarse a costa de la vulneración de las mayorías”. Para la prestigiosa entidad “la lucha contra la pobreza, el hambre y el desempleo deben ser la agenda prioritaria del gobierno”.
Para la CPM deben ser prioridad “las políticas de inclusión que contemplen la equiparación de las desigualdades” pues esas “también son políticas de seguridad, que no deben concebirse limitadas a la persecución penal y represión del delito”. Para el prestigioso organismo “No hay paz social que se pueda construir desde la violencia. No hay democracia sin derechos humanos”.
GC
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