Milei se llevó previa reforma laboral

El Senado decidió pasar el debate de la reforma laboral a febrero 2026, por la tormenta política interna que causó la media sanción del Presupuesto sin el capítulo 11, cuyo artículo 75 derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y de financiamiento de universidades públicas; y la manifestación en Plaza de Mayo de la CGT, las CTA y los sindicatos combativos.  

Ya lo dicen las leyes de Murphy (no de López, otro) “si algo puede salir mal, saldrá mal». La Cámara de Diputados le dio media sanción al primer presupuesto que el Ejecutivo manda después de más de dos años de gobierno. El Ejecutivo esperaba un trámite corto y llano ahora que ostenta la primera minoría con sus aliados del PRO y radicales.

Sin embargo, aunque consiguió la media sanción, le desarmaron la trampa del capítulo 11 donde, a la vez, derogaba las leyes de Emergencia en Discapacidad y de financiamiento de universidades públicas, pero concedía propuestas de sus aliados del PRO. Era un combo que ni los aliados podían digerir; y ni qué hablar la oposición.

En este contexto de batalla ganada a lo Pirro, la senadora Patricia Bullrich anunció que la reforma laboral pasará a debatirse en febrero. El Ejecutivo, envalentonado por las elecciones nacionales de medio término, creyó que el Congreso, antes “cueva de ratas”, con minoría a favor se convertiría ahora en una escribanía, y parece ser que no es así.

A febrero

Los desencuentros con los aliados y la manifestación a Plaza de Mayo de las CGT y los sindicatos combativos preanuncian que habrá debate. El proyecto dictamen positivo de las comisiones de Presupuesto y de Trabajo y Previsión Social: pero el clima político no asegura la aprobación de la ley en el recinto, después de lo que ocurrió con el presupuesto.

Más allá de los profundos problemas del modelo económico, la inflación en suba y el dólar atrasado, el gobierno –leasé el presidente Javier Milei- solo piensa en la entelequia del “equilibrio fiscal”. Cuando la política y la vida cotidiana de las personas responden a dinámica mucho más compleja que un mero cálculo matemático o contable.

“El 10 de febrero es una buena fecha” dijo ayer Bullrich al anunciar la postergación. Dos meses grosso modo. Tal vez tendría que haber escuchado ayer al secretario general de la CGT, Jorge Sola (seguros) en la Plaza de Mayo. Sola observó que la iniciativa de la quita de derechos no es actual, ni es una novedad.

Y recordó que la impulsaron las dictaduras militares “de los `70” y “en los 90” –con relación al menemismo-. Además, no dejó pasar que esos modelos causaron y desembocaron en la gran crisis de 2001 (Bullrich la conoce bien porque era funcionaria). Hablaba de un proceso de al menos 60 años. Dos meses, y del verano, parece poco entonces.

Gustavo Camps