La Comisión Provincial por la Memoria expresó su rechazo al decreto presidencial que habilita la intervención de las Fuerzas Armadas (FFAA) en cuestiones de seguridad interior. En un comunicado de prensa el organismo provincial consideró que el decreto viola “leyes de defensa nacional y seguridad interior”; asimismo “El decreto del presidente Macri echa por tierra uno de los avances más significativos de la democracia, retrotrae la legislación a los tiempos de la dictadura militar y atenta contra la soberanía”.
El lunes el presidente Macri anunció, en los cuarteles de Campo de Mayo, una reforma militar. El lugar fue durante la última dictadura un centro clandestino de represión ilegal. Allí, por ejemplo, Floreal “El Negrito” Avellaneda (15 años) fue secuestrado y torturado junto a su madre; luego será asesinado en los “vuelos de la muerte”.
Adolfo Pérez Esquivel, vecino de San Isidro, preside la CPM y recibió el Premio Nobel de la Paz, en 1980, entre otras cosas, justamente por denunciar y reclamar contra los atropellos que realizaban los militares en el poder, con complicidad civil, en ese centro de secuestro, tortura y exterminio y en otros del país y de Latinoamérica.
Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la CPM
Diferentes organismos de derechos humanos, intelectuales, religiosos, organizaciones de la sociedad civil -un amplio sector de la sociedad- coincidieron en que los anuncios del presidente Macri dejaron traslucir que con la reforma las fuerzas armadas quedan habilitadas para ocuparse en cuestiones de seguridad interior.
La CPM consideró que “La modificación del decreto 727/2006 -anunciada por el presidente Macri con relación a las fuerzas armadas (FFAA)- en el ex centro clandestino de detención de Campo de Mayo es una reforma altamente regresiva en materia de seguridad y derechos humanos”.
La CPM es un organismo altamente especializado del Estado, independiente de los poderes de turno, creado legalmente como expresión plural del compromiso con la memoria del terrorismo de Estado y para la promoción de los derechos humanos. Lo componen referentes de los más diversos sectores de la sociedad.
FFAA+seguridad interior=represión ilegal
La CPM asimismo advirtió: “En la memoria del pueblo argentino la intervención de las FFAA en la seguridad interior está profundamente asociada a los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura cívico-militar, después de dos décadas de sucesivos golpes de Estado”.
Luego señaló que el decreto presidencial, además, “desconoce las luchas de la sociedad argentina por definir un marco institucional, para el accionar de las FFAA, que limite su capacidad de intervención y evite actos que vulneren la democracia”, y enumeró parte de lo hecho por la sociedad en ese sentido desde 1983.
Así, explicó que gobiernos de distinto signo político trabajaron para diferenciar seguridad interior de defensa nacional y poner límites: leyes de defensa nacional 1988 (gobierno radical de Raúl Alfonsín); ley de seguridad interior 1991 (gobierno justicialista de Saúl Menem); decreto 727/2006 (presidencia de Néstor Kirchner).
La CPM destacó que de esa manera se corrobora “que la prohibición para que las Fuerzas Armadas intervengan en cuestiones de seguridad interior fue el resultado de acuerdos alcanzados desde la transición democrática por una amplia y mayoritaria pluralidad de actores políticos”.
En esta línea, la CPM advirtió que el gobierno rompió esos “acuerdos”. Y la situación es grave pues se da con el “fortalecimiento de políticas represivas (…)” y desde el “paradigma de “nuevas amenazas”” (narcotráfico y terrorismo) que “incrementaron la militarización del espacio público” y “la violencia de las fuerzas de seguridad”.
La CPM, entonces, concluyó: “La seguridad del pueblo no son las FFAA, la seguridad debe ser social: salud, educación, vivienda y trabajo. Todos estos derechos de las personas y los pueblos, que hoy son vulnerados en nuestro país por políticas regresivas en materia económico-social y (…) represivas en materia de seguridad”.
GC
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