La habían reclamado el miércoles último trabajadoras de Boulogne y JL Suárez durante una manifestación. Las apoyaron el Plenario de Trabajadoras Polo Obrero Tendencia San Isidro, organizaciones barriales, políticas y del movimiento de mujeres de la región. La medida la tomó el Juzgado de Familia de San Martín N° 5, a cargo de la Jueza Graciela Garcete, tras la denuncia del caso. La medida recayó sobre Cristian Rodríguez, dependiente de una granja, que según las mujeres, con la excusa de “darles trabajo”, acosaba o generaba situaciones de abuso hacia jovencitas.
Luego de que se divulgara la denuncia formal de una joven contra el dueño de una granja en inmediaciones de Camino Real a Morón y Sarratea, límite entre Boulogne y José León Suarez, organizaciones de mujeres de la región marcharon el miércoles último (27-1) para exigir la celeridad de la Justicia, en una medida perimetral solicitada.
La resolución se conoció el viernes último (29-01), lleva el N° 250; y le prohíbe a Cristian Roberto Rodríguez acercarse al domicilio de la denunciante y su madre (de las cuales resguardamos los datos personales); y a cualquier lugar donde estén, así como cualquier perturbación o intimidación, incluso telefónica o virtual, contra las mujeres.
Tiempos prolongados
Según la denuncia de la damnificada, con la excusa de que les daría el empleo en la granja Rodríguez acosaba a mujeres jóvenes que se postulaban para trabajar, e incluso generaba situaciones de abuso sexual. También trascendió que una familiar amenazaba a las jóvenes para que no denuncien ni hagan públicas las situaciones.
Tras la resolución de la jueza Garcete el Plenario de Trabajadoras del Polo Obrero evaluó: “En casos de este tipo, los tiempos son mucho más prolongados. Las familias se hunden en burocracia y dilaciones. La movilización popular y la red organizada de vecinos la presencia de agrupaciones políticas y de mujeres del distrito logró en 24 horas lo que a muchas les cuesta meses. Si es que lo consiguen”.
“Según estadísticas –expresaron en una comunicación- es un porcentaje mínimo el de las condenas por abuso. Esto porque se producen en el ámbito privado, generalmente familiar. O bien como en este caso, laboral. Sabemos que las y los jóvenes son empujados al trabajo precario, terreno que los abusadores siempre aprovechan para hacer sentir la debilidad de sus víctimas”.
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